PUEBLA.- El sector empresarial de Puebla enfrenta una crisis de inseguridad marcada por la extorsión y el cobro de piso por parte de grupos criminales, situación que ha generado preocupación y temor, así como una intención de reconsiderar nuevas inversiones.
Los grupos criminales exigen a los empresarios cuotas mensuales que van desde los 2,000 hasta los 40,000 pesos a cambio de "protección" y para evitar atentados contra su integridad, de acuerdo a El Sol de México.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), señaló que los recientes hechos de violencia, como el ataque al bar Lacoss, son un síntoma del ambiente de extorsión diario en la entidad.
Te podría interesar
¿Qué pasó en el bar Lacoss?
Contexto: durante la madrugada del pasado 18 de noviembre, se registró un ataque directo contra el bar “Lacoss”, ubicado en la avenida 11 Sur y la 105 Poniente, al sur de la ciudad de Puebla, dejó como saldo cinco personas fallecidas: tres hombres quienes eran meseros y dos mujeres bailarinas.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública reportó nueve personas rescatadas con vida. Las primeras líneas de investigación apuntan a un probable caso de extorsión o cobro de piso.
De acuerdo con reportes policiacos, alrededor de las 3:30 horas un comando armado, integrado por al menos cuatro hombres que viajaban en motocicleta, llegó al establecimiento portando garrafas con gasolina. Los sujetos rociaron el bar "La Coss", así como varios vehículos estacionados afuera, entre ellos un Toyota blanco y una camioneta con placas de la Ciudad de México.
Tras incendiar el inmueble y las unidades, los agresores realizaron varias detonaciones para amedrentar a las personas que se encontraban dentro. Testigos narraron que empleados y clientes intentaron resguardarse al interior del lugar; sin embargo, el fuego y el humo se propagaron rápidamente, lo que impidió su salida.
El incendio provocó una densa nube de monóxido de carbono. Según los primeros diagnósticos, las cinco víctimas mortales fallecieron por intoxicación, aunque no se descarta que algunas de ellas hayan sido previamente atacadas por los agresores. Uno de los meseros alcanzó a recibir atención de paramédicos, pero murió dentro de una ambulancia debido al alto nivel de intoxicación.
Las cuotas que cobra el crimen
Las exigencias para los pequeños negocios inician en los 2,000 pesos mensuales, mientras que comercios de mayor afluencia, como bares, restaurantes o centrales de abasto, enfrentan cuotas de hasta 40,000 pesos.
Los grupos delictivos operan bajo amenazas directas y, de no cumplir, atentan contra la seguridad de los empresarios, sus clientes y su círculo familiar.
Esta práctica es más recurrente en la capital poblana, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula.
Los sectores que afecta
Felipe Mendoza Torres, director de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicio (Aprepsac), reconoció que el sector de alimentos y bebidas enfrenta esta situación, pero casi nadie se atreve a denunciar o hablar públicamente debido al alto riesgo.
Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, aseguró que la violencia y los hechos delictivos ya están afectando negativamente la imagen de Puebla a nivel nacional e internacional, poniendo en riesgo la llegada de turistas e inversionistas.
Domínguez Gabián fue enfático al señalar la correlación entre seguridad y crecimiento: “sin seguridad no hay turismo y sin paz no hay desarrollo en un estado”.
Fiscalía de Puebla, en el ojo del huracán por ligas con extorsiones
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) confirmó hace una semana una reestructuración luego de que empresarios poblanos denunciaron ser objeto de extorsiones y amenazas por parte de elementos de esa misma institución.
La FGEP confirmó la salida de al menos seis directivos y fiscales, quienes presentaron su renuncia voluntaria. Estos servidores, en su mayoría procedentes del Estado de México y la Ciudad de México y llegados con la actual titular, Idamis Pastor Betancourt, están bajo investigación a través de la Fiscalía de Asuntos Internos.
La reestructuración ocurrió después de denuncias que indicaban que varios directivos y elementos de la policía ministerial estaban armando expedientes para extorsionar a los empresarios.
El caso más notorio fue la detención de Javier Milian Mora, propietario de centros nocturnos, así como sus socios y trabajadores. Un juez determinó que su aprehensión fue ilegal, que se fabricaron delitos, se sembraron pruebas y ordenó una investigación contra los elementos participantes. Otros propietarios de negocios también aseguraron ser víctimas de este tipo de extorsiones por parte de servidores de la FGEP.
Entre los fiscales que abandonaron sus puestos se encuentran los titulares de áreas clave, como Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez, Bonifacio Sergio Olivares Aguilar, y Diego Domínguez Idalias, todos de unidades de Investigación de los Delitos de Alta Incidencia o de Secuestro y Extorsión. En su lugar, se nombraron funcionarios afines al gobernador Alejandro Armenta Mier, como Fredy Erazo Juárez, nuevo titular de la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia.
Empresarios llaman a reforzar seguridad
Ante este complejo escenario, los líderes empresariales de Puebla coincidieron en hacer un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno para reforzar las estrategias de seguridad y contener el avance de las redes de extorsión.
Los dirigentes afirmaron que es indispensable que las autoridades actúen de manera coordinada y con resultados visibles, ya que la violencia, el cobro de piso y el miedo están afectando directamente a la población, al sector productivo y, por ende, al desarrollo económico de Puebla.
lrc