BAJA CALIFORNIA.- El asesinato de la abogada y catedrática Emilia Ortega Aceves, en Tijuana, Baja California, fue la gota que derramó el vaso en su gremio para exigir seguridad y justicia.
Abogados integrantes de 21 colegios están pidiendo la salida de la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez y del secretario de seguridad en el estado, Laureano Carrillo Ridríguez.
David Rincón Rey, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California (Fedabo), dijo que en los cuatro años de la administración de Marina del Pilar Ávida Olmeda han sido asesinados 13 profesionales del derecho en el estado.
Te podría interesar
“Desgraciadamente, de ninguno de los 13 hemos obtenido un resultado por parte de la fiscalía. Hemos intentado hablar en varias ocasiones con la fiscal general y siempre son evasivas”, afirmó.
Acompañado de los representantes de otros colegios de abogados, aseguró que desconocen móvil, autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
Ortega Aceves fue asesinada a balazos este martes por la mañana cuando transitaba en su auto particular en inmediaciones de la colonia al oeste de la ciudad.
De acuerdo con Miguel Ángel Gaxiola, fiscal especializado en delitos contra la vida, las primeras indagatorias arrojan la posible participación de tres personas, entre ellas dos pistoleros.
“Se localizaron alrededor de 6, 7 casquillos calibre .9 mm y otros tantos de calibre .45”, informó en entrevista posterior a una conferencia de prensa encabezada por la fiscal general Andrade Ramírez.
En esa conferencia, para informar sobre los resultados de otras investigaciones, Andrade Ramírez dijo que el mismo día de la agresión en contra de la abogada localizaron el auto de los presuntos asesinos en una colonia cercana.
No hay personas detenidas
Confirmó que no hay personas detenidas y evitó responder si está considerando su salida de la FGE para satisfacer la demanda del gremio de especialistas en Derecho.
“Creo que no es momento de hablar de consideración o no. Yo estoy trabajando como debe de ser. Creo que ha sido de manifiesto todos los casos complicados que hemos resuelto”, respondió.
La también profesora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), llevaba lo mismo casos de índole civil que penal y familiar, según comentaron algunos de sus colegas.
La fiscal general afirmó que tienen líneas de investigación que no pueden dar a conocer todavía, pero una de las primeras rutas para indagar es su ejercicio profesional.
Finalmente, el presidente del Colegio de Abogados Ignacio Burgoa Orihuela, Jorge Cristiani Ramírez, dijo que la exigencia de la renuncia de la fiscal que ya fue planteada formalmente a la gobernadora no es solo por la muerte violenta de Emilia Ortega, sino de todos sus colegas ultimados.
“Desgraciadamente esto incide en la impartición de justicia. Esto incide en que no se nos tenga confianza, en que la gente definitivamente tenga miedo. Y no es así como se van a resolver las cosas”, apuntó.
lrc