El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció este lunes un ajuste en su gabinete de seguridad con la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). De acuerdo con el mandatario, el relevo busca “fortalecer la estrategia de seguridad” en la entidad y dar continuidad a las acciones emprendidas en los últimos años para atender la violencia en diversas regiones del estado.
Ramírez Bedolla afirmó que la llegada de Cruz Medina constituye “un relevo estratégico” orientado a consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa que su administración impulsa en coordinación con el Gobierno de México. El gobernador destacó la importancia de mantener una línea de trabajo conjunta con la administración federal y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La designación ocurre en un contexto en el que Michoacán continúa enfrentando desafíos en materia de seguridad pública, particularmente en municipios afectados por la presencia de grupos delictivos y disputas territoriales. Autoridades estatales sostienen que el cambio en la SSP busca reforzar las capacidades operativas y mejorar la coordinación interinstitucional para atender estos retos.
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Hasta el momento, el gobierno estatal no ha detallado los ajustes inmediatos que acompañarán el nombramiento, pero se prevé que Cruz Medina presente en los próximos días los lineamientos de su plan de trabajo.
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Violencia en Michoacán
En noviembre de 2025, Michoacán se vio sacudido por el brutal asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. El ataque ocurrió durante el tradicional Festival de las Velas, en plena plaza pública, cuando el edil fue agredido a tiros frente a decenas de testigos.
Este hecho no solo conmocionó a la ciudadanía, sino que avivó el debate sobre la profunda crisis de seguridad que atraviesa el estado.
Artículos de La Silla Rota han puesto de relieve cómo el homicidio de Manzo evidencia la penetración del crimen organizado en la vida política local.
En particular, se ha cuestionado la actuación de las autoridades en la protección del alcalde, así como las posibles fallas en los protocolos de seguridad.
Paralelamente, el contexto de violencia en Michoacán ha sido señalado como estructural. Según analistas consultados por La Silla Rota, el asesinato de Manzo no es un hecho aislado, sino parte de una ola de asesinatos de autoridades municipales bajo el gobierno estatal, lo que pone en evidencia una “gobernanza criminal”.
En este sentido, la iglesia local también ha hecho un llamado a que la paz se construya “sobre la justicia, no la venganza”, subrayando la fragilidad institucional y el temor profundo entre la población.
Además, en las investigaciones posteriores al crimen han surgido datos inquietantes: dos personas más han sido señaladas como implicadas, pero fueron encontradas muertas.
El hermano de Manzo ha expresado dudas: asegura que el alcalde fue llevado de regreso en varias ocasiones al punto donde finalmente le dispararon. Estos hechos refuerzan la percepción de impunidad y la complejidad para desentrañar la red criminal detrás del asesinato.
El suceso ha encendido también críticas hacia el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y su estrategia de seguridad. La muerte de Manzo ha sido descrita por voces de la sociedad civil como un nuevo signo de que el estado no ha logrado contener la violencia estructural.
djh
