Productores de maíz de México reprobaron que a una docena de sus compañeros agricultores de Guanajuato -que participaron en protestas durante el pasado mes de octubre para exigir un precio justo por el grano- ahora enfrenten la citación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por los bloqueos de calles y avenidas. Los productores guanajuatenses temen ser criminalizados y encarcelados por estas protestas.
Cabe recordar que las recientes manifestaciones de productores de maíz en México se intensificaron durante el mes de octubre de 2025, especialmente en estados clave del Bajío como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, extendiéndose a otras entidades.
Las principales acciones de protesta consistieron en bloqueos carreteros a gran escala. Los agricultores exigían un precio de garantía justo (alrededor de 7,200 pesos por tonelada) y denunciaban la caída de los precios internacionales del grano, lo cual ponía en riesgo su economía. Tras varios días de afectaciones por los bloqueos, el gobierno de México y los líderes campesinos alcanzaron un acuerdo el 29 de octubre de 2025, que incluyó la promesa de la entrega de un apoyo de 950 pesos por tonelada para los productores de la región del Bajío, con lo que se lograron desactivar las protestas en esas zonas.
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Identifican táctica de intimidación
Jesús Díaz, un agricultor entrevistado que participó en estas protestas en el territorio jalisciense, compartió a La Silla Rota su preocupación sobre la situación, destacó que las citaciones son percibidas como una táctica para intimidar a los líderes y a la comunidad agrícola en general.
"Lo único que quieren es a veces identificar este liderazgo y sí, es cierto, y los empiezan a intimidar luego. Sí llega a pasar. Desde el mismo gobierno los empiezan a intimidar. Entonces, de una forma o de otra la gente a veces sí tiene o le entra el temor de decir qué hacer o cómo hacerle para que no pase esto. Por eso desde el inicio se acordó que cero fotos o que no se identifique mucho, porque sí llegan a tomar represalias", manifestó.
Díaz explicó que la intimidación a los líderes es una práctica recurrente en este tipo de situaciones, con el objetivo de desarticular los movimientos de protesta. Mencionó que, en ocasiones anteriores, el gobierno ha intentado identificar a los líderes para luego intimidarlos, lo que genera temor entre los agricultores y dificulta la organización. Subrayó la importancia de mantener el anonimato y evitar la identificación de los participantes para prevenir represalias.
El agricultor también señaló la existencia de un "contubernio" entre el gobierno y las grandes empresas, sugiriendo que hay intereses económicos poderosos que influyen en estas acciones. Comparó la situación con el "huachicol" de Pemex, donde se observan movimientos de dinero que no benefician a la población local, sino a intereses ocultos. Afirmó que existen intereses económicos fuertes entre empresarios y funcionarios gubernamentales, una "cloaca" que pocos se atreven a destapar por las implicaciones que conlleva.
Destacan descontento en acuerdos alcanzados
En cuanto a los acuerdos alcanzados tras las protestas, Díaz expresó su descontento. Aunque se anunció la apertura de ventanillas para inscribirse y recibir 950 pesos adicionales por tonelada de maíz, estos fondos se entregarán después de la cosecha y no se integrarán directamente al precio base, como esperaban los agricultores. Además, el proceso de registro es burocrático y complicado, lo que dificulta el acceso a estos apoyos para muchos agricultores, especialmente aquellos que no están familiarizados con los trámites electrónicos.
Díaz criticó la falta de transparencia y la complejidad de los trámites, comparándolos con el proceso de obtención de placas vehiculares, donde la burocracia dificulta el acceso a los servicios para la población. Argumentó que el gobierno debería simplificar los procesos y garantizar que los acuerdos se cumplan de manera efectiva, en lugar de crear obstáculos que impiden a los agricultores recibir el apoyo prometido.
Contexto: cabe recapitular que se acordó que el precio por tonelada de maíz sería de 5,200 pesos más 950 pesos de apoyo gubernamental tanto del gobierno federal como los estatales, lo que totalizaría 6,150 pesos por tonelada. Sin embargo, Díaz reveló que el precio base de 5,200 pesos por tonelada, que se había anunciado, no se está aplicando de manera uniforme, ya que el gobierno no está supervisando su cumplimiento.
Los agricultores están vendiendo su maíz entre 4,900 y 5,100 pesos por tonelada, lo que no cumple con las expectativas ni con los acuerdos previos. La falta de un documento oficial que garantice el cumplimiento de los acuerdos, más allá de una minuta sin sellos, genera incertidumbre y desconfianza entre los agricultores.
Actualmente, la comercialización de maíz presenta variaciones en los precios. Se está vendiendo entre 490 y 510 pesos por kilo, lo que significa que la tonelada se vende entre 4900 y 5100 pesos. Estas variaciones se deben a las empresas locales, no a las ventanillas oficiales de los grandes grupos. Aunque se había anunciado un precio base de 5200 pesos por tonelada, este no se está aplicando de manera uniforme en todos lados.
Los agricultores esperaban que los 950 pesos adicionales por tonelada, acordados con el gobierno, se integrarán directamente al precio base. Sin embargo, estos fondos se entregarán después de la cosecha y requieren un proceso de registro burocrático, similar a un programa, lo que dificulta su acceso para muchos agricultores. La falta de un documento oficial que garantice el cumplimiento de los acuerdos, más allá de una minuta sin sellos, genera incertidumbre.
El sector del campo olvidado en presupuesto federal
Los diputados federales del PAN, Miguel Ángel Monraz y Omar Borboa, se quejaron de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, el campo está olvidado, esto pese a las protestas que realizaron productores de maíz de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
“El campo es un área estratégica y hoy el gobierno federal lo tiene totalmente abandonado. Cada año, el presupuesto federal se ha reducido entre 3 y 5% para los agroproductores. En este gobierno y el anterior, prácticamente todos los programas de apoyo al campo han desaparecido”, dijo Monraz.
El legislador Miguel Ángel dio a conocer que en los últimos siete años el presupuesto federal para el sector del campo se ha reducido 5%.
lrc