Puebla, Puebla.- En poco más de dos meses en Puebla se han presentado por lo menos cuatro casos de despojos de terrenos, dejando desde decenas hasta cientos de personas con la incertidumbre de qué pasará con sus propiedades.
El primer caso ocurrió en julio y como La Silla Rota lo documentó, seis familias fueron desalojadas de sus hogares en San Andrés Cholula. La causa se atribuyó a un supuesto cártel inmobiliario y hasta la fecha no ha habido una resolución.
Después, el 21 de agosto la fundación privada Julita y Antonio expuso en rueda de prensa que su predio ubicado al norte de la ciudad de Puebla estaba siendo invadido presuntamente por una fábrica de agua potable desde 2023 y denunciaron omisión por parte de las autoridades.
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A finales de agosto, la comunidad de Bosques de San Sebastián expuso que un área verde la cual había sido disfrutada por los vecinos durante décadas fue reclamada por una ciudadana, acción que fue respaldada por la Comisión de los Derechos Humanos estatal y que causó descontento entre los habitantes del lugar.
El caso de Azumiatla
Este día, gente de la comunidad indígena de San José Zetina, perteneciente a la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, en el municipio de Puebla, denunciaron públicamente un intento de despojo de 400 hectáreas de terreno ejidal presuntamente promovido por la empresa Inmobiliaria Vasur, S.A. de C.V. Ésta, aseguran los denunciantes que busca apropiarse ilegalmente de tierras comunales que legítimamente les pertenecen.
De acuerdo con los testimonios expuestos en una rueda de prensa, la inmobiliaria intenta adueñarse no solo de las 400 hectáreas ubicadas en San José Zetina, sino también de otros ejidos en la región, lo que sumaría más de 900 hectáreas en riesgo de despojo. Los pobladores acusan que la empresa ha aprovechado vacíos legales y presuntas influencias políticas para avanzar en su intención de apropiarse de los terrenos.
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En esta disputa, que se remonta a 2010, unas 400 familias se verían afectadas, ya que en el territorio en conflicto se han construido viviendas, escuelas e infraestructura comunitaria, lo que afirman demuestra la posesión y uso legítimo del territorio.
La empresa Inmobiliaria Vasur, presuntamente vinculada a los hermanos Javier y Guillermo Pacheco Pensado, hijos del exgobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, quien ocupó el cargo entre enero y julio de 2019, sostiene que el terreno fue invadido de forma ilegal desde 2023 y ha intentado recuperarlo para fines de desarrollo inmobiliario.
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Solicitan intervención del gobierno estatal
Los habitantes de San José Zetina exigieron la intervención inmediata del gobierno estatal para frenar lo que consideran un intento ilegal de despojo. También acusaron al Ayuntamiento de Puebla de negarles el reconocimiento legal para el pago del impuesto predial, lo que les impide acreditar formalmente la propiedad del terreno.
Asimismo, denunciaron actos de intimidación y violencia, incluyendo la presencia de personas armadas que han realizado disparos para amedrentar a la comunidad. Hicieron responsables a las autoridades de cualquier agresión que pudiera derivarse del conflicto, recordando que los distintos niveles de gobierno tienen conocimiento del caso.
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Contexto: Los pobladores, sin embargo, acusan a la empresa de acoso, amenazas, fabricación de delitos y uso de tráfico de influencias. Ocho líderes comunitarios enfrentan procesos judiciales por el delito de despojo.
Además, denuncian que han sufrido al menos cuatro intentos de desalojo en 2025 por parte de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía Estatal, el más reciente en noviembre de 2024, cuando se registraron disparos y enfrentamientos con piedras.
Aunque en noviembre de 2024 se firmó un acuerdo reparatorio mediante el cual una parte del terreno fue devuelta a la empresa, los habitantes aseguran que el conflicto sigue sin resolverse.