La investigación por el ataque con drones y explosivos hechizos en contra de instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), en Tijuana, será turnada a instancias federales, adelantó la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez.
Comentó que aún no hay detenciones pero ya sostuvieron una reunión con el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), para declarar la incompetencia de la fiscalía estatal y entregar el expediente sin invadir el fuero federal.
“Tenemos avances en la investigación, hemos trabajado mucho con los temas de la tecnología con la que cuenta la fiscalía general del estado, sin embargo, advertimos temas de lo que es el espacio aéreo. Ahí requerimos el apoyo de Aeronáutica Civil”, mencionó.
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La misma fiscal general calificó recientemente el ataque como un acto terrorista y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública ya ha pedido la intervención de autoridades federales.
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“La Fiscalía General del Estado no puede estar bajo fuego sin reaccionar”, expresó el organismo mediante un comunicado de prensa.
El ataque con explosivos hechizos que fueron lanzados con el uso de drones al estacionamiento de la Unidad Antisecuestros no dejaron lesionados, pero sí dañaron cuatro vehículos particulares y dos oficiales, según datos oficiales de la FGE.
El atentado llegó luego de dos eventos similares, a finales de septiembre, también en contra de la fiscalía tanto en Tijuana como en Mexicali, donde presuntos delincuentes prendieron fuego a vehículos oficiales y dañaron instalaciones.
Andrade Ramírez dijo que por esos ataques hay siete personas detenidas y después de los ataques con drones han tenido que implementar nuevos protocolos para proteger los bienes de la institución investigadora.
“La tecnología ahora viaja a velocidades muy rápidas y ha traído avances que lamentablemente también han sido utilizados de manera negativa”, apuntó.
Agregó que algunas de las personas detenidas por los primeros daños, en Tijuana y Mexicali, cuentan con antecedentes penales, pero se reservó detalles sobre el grupo criminal al que pertenecen.
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Incluso continúa atribuyendo esos ataques a las detenciones que ha realizado la fiscalía estatal dentro de sus facultades, ya que más del 90% de los asesinatos tienen relación con delincuencia organizada.
“Baja California, específicamente Tijuana, es el último estirón digamos, de estos grupos criminales para el tema de intentar cruzar la droga al vecino país”, apuntó.
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