Oaxaca, Oaxaca- David tomó su primer refresco antes de los tres años. Con las pocas palabras articuladas ya sabía pedir Coca-Cola, recuerda doña Pina, quien desde hace más de una década abrió una tiendita en la capital de Oaxaca.
Oaxaca vive entre la alta adicción al refresco y la resistencia ciudadana. Mientras que en promedio cada persona consume un litro diario, otras concientizan sobre los daños a la salud a través de murales y clausuras simbólicas de tiendas de conveniencia.
“Los niños consumen mucho refresco, se van por el que tiene más azúcar. A veces les digo: oigan niños, mejor tómense un agua en vez de un refresco. Hablando de marcas es Coca-Cola. Siendo Adultos o niños les encanta ese tipo de refresco. Los pobres albañiles ya han de estar mal de los riñones porque lo consumen mucho, es uno de los refrescos que no dejan de tomar. Aunque le suban, aunque paguen más no lo dejan”, explica mientras muestra una botella de este refresco con una nueva edición en la que aparecen nombres de personas como una estrategia de mercadotécnica.
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Oaxaca, uno de los estados con mayor consumo de refrescos en el país —entre 250 y 300 litros por persona al año—, enfrenta una crisis de salud pública silenciosa. Desde edades tempranas, como en el caso de David, niños y adultos mantienen una relación cotidiana con las bebidas azucaradas, pese a los altos índices de obesidad, diabetes y enfermedades renales en la entidad. Este consumo masivo está profundamente arraigado en los hábitos culturales y en la falta de acceso a agua potable en muchas comunidades, lo que convierte al refresco en una opción diaria más que en un lujo ocasional.
Frente a este panorama, el acuerdo entre el gobierno federal y la industria refresquera de reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas “light” o “cero” —de 3.08 a 1.50 pesos por litro a partir de 2026— busca incentivar un cambio en los patrones de consumo hacia productos con menos calorías. Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría tener un impacto limitado en estados como Oaxaca, donde el apego cultural y el bajo poder adquisitivo dificultan que la población sustituya los refrescos tradicionales por versiones más costosas o percibidas como menos “sabrosas”. En otras palabras, la reducción fiscal podría beneficiar más a la industria que a la salud pública.
Décadas consumiendo refrescos
Las afirmaciones de doña Pina están sustentadas en experiencias reales como la de Guadalupe. Durante 20 años consumió refresco hasta hace cinco meses cuando unos estudios de salud arrojaron que tenía alta la glucosa.
“El precio nunca fue un impedimento para comprarme un refresco, siempre que se me antojaba me lo compraba. Mis hijos también toman refresco, pero a raíz de esto decidimos disminuirle su consumo y darles más agua”. A cinco meses de haber cambiado de hábito ha notado una disminución de peso y mejora en los niveles de azúcar en la sangre.
El ranking nacional realizado a partir de datos epidemiológicos, estudios de mercado, prevalencia de enfermedades asociadas y distribución de la industria refresquera, señala a Oaxaca como el tercer estado con mayor consumo de refresco, en promedio de 250 y 300 litros al año por persona.
Abrir brecha en medio del fuego
En 2020 Oaxaca abrió brecha en la resistencia contra el refresco y productos ultraprocesados. Por un lado, el Congreso de Oaxaca realizó reformas para prohibir la venta y regalos de estos productos. A la par organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña permanente Por una Alimentación Sana y Nutritiva, Oaxaca Sin Chatarra.
“Lamentablemente falta claridad de la política del estado para contribuir a la salud de niñeces, adolescencias y población en general”, señala Yésica Sánchez Maya, integrante de Consorcio Oaxaca, organización perteneciente a la cruzada.
Para la también defensora de derechos humanos, Oaxaca sin chatarra tiene un desafío mayúsculo porque no solamente es cambiar la conciencia ciudadana sino enfrentarse con la indiferencia gubernamental hacia la salud y a la vida de las personas.
La declaración de guerra contra los productos ultraprocesados y azucarados ha ido desde la pinta de murales que rescatan el téjate como bebida tradicional hasta la clausura simbólica de tiendas de conveniencia.
“Sin duda la campaña ha tenido resultados por la cantidad de actividades, escuelas, comunidades en las que se han realizado acciones concretas y que de alguna u otra forma el mensaje ha llegado a nivel de una familia, barrio, escuela o autoridad local que en un momento realizó un proceso para un cambio en estos hábitos alimenticios”, agrega Mauricio del Villar.
En el ranking de consumo de refresco ocupa el primer lugar Chiapas con 821.25 litros, le sigue Tabasco con un estimado superior a 300 litros, y Oaxaca entre 250 y 300 litros.
“Desde la campaña Oaxaca Sin Chatarra, vemos con preocupación el alto consumo de refresco en Oaxaca y como es que por medio de la publicidad y mercadotecnia estas grandes trasnacionales han impactado de manera importante en los hábitos de consumo tanto en zonas urbanas como en rurales”, apuntó Mauricio.
La estrategia de las grandes corporaciones para seguir vendiendo es clara; culpan al consumidor y recalcan que no es necesario prohibir porque el consumidor tiene la libertad de escoger.
Sin embargo, destacó, gran parte de los paisajes alimentarios están invadidos de publicidad refresquera: anuncios, autobuses, internet, lo que genera que también exista una tendencia a comprar estos productos.
“Las empresas tienen una responsabilidad muy grande en el consumo de estas bebidas y el daño a la salud”, apuntó.
Impuesto al refresco insuficiente: Poder del Consumidor
Cristian Torres, coordinador del área de conflicto de interés e interferencia en la industria del El Poder del Consumidor, consideró que el impuesto que se busca colocar a refresco es insuficiente para inhibir su consumo.
Presentado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, se presentó el paquete económico 2026 en el cual se propuso un “impuesto saludable” tanto a refrescos como a cigarros de 3.08 pesos por litro de bebida azucarada.
“Si bien celebramos estos impuestos, también hemos dicho que el incremento es insuficiente para tener resultados positivos en materia de salud pública. Con ese incremento no alcanzamos a cumplir con las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud que establece que para tener un efecto más positivo se tiene que poner un 20 por ciento o más. Esto se traduce en mínimo 7 pesos por litro de bebida azucarada”, destacó.
Sin acciones drásticas -advirtió- la prevalencia de obesidad en México subiría hasta el 45 por ciento, siete por ciento más a lo que actualmente existe.
Contexto: El gobierno federal propuso un aumento del 87.3?% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, con el objetivo de desincentivar su consumo y reducir los impactos negativos en la salud pública, como la obesidad y la diabetes. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que, aunque representa un avance, este incremento es insuficiente para generar cambios significativos en los hábitos de consumo de la población, especialmente frente a la fuerte promoción de estas bebidas por parte de la industria.