Las colonias Riberas de Sacramento, Revolución, Vistas del Cerro Grande y Jardines de Oriente concentran el mayor número de reportes de violencia infantil en el municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, de acuerdo con datos del DIF Municipal.
La presidenta del organismo de Ciudad Juárez, Karina Aideé Olivas Maldonado, informó que entre enero y agosto de este año se han recibido 558 reportes, denuncias y solicitudes de intervención relacionados con casos de abuso físico, psicológico, omisión de cuidados, violencia sexual y abandono, además de peticiones de asesoría jurídica y acompañamiento psicológico para las víctimas y sus familias.
Olivas Maldonado explicó que el incremento en los reportes obedece tanto a una mayor conciencia social sobre la denuncia como al refuerzo de las campañas de prevención y los canales de atención, entre ellos la línea directa 072, el número de emergencia 089 y los módulos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes distribuidos en distintos puntos de la ciudad.
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Subrayó que cada caso es canalizado de inmediato a las instancias competentes con el fin de garantizar la protección de los menores y evitar la repetición de hechos violentos. Para ello, el DIF mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y diversas organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez.
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Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sospecha de maltrato o abuso infantil, recordando que el silencio o la indiferencia pueden poner en riesgo la vida de los niños y niñas.
Maltrato infantil en México
La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México sigue siendo un desafío profundo pese a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Desde 1990, México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional que obliga a los países firmantes a garantizar el bienestar, la seguridad y la dignidad de las personas menores de edad.
En su artículo 3, la Convención establece que los Estados deben asegurar a cada niño “la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”, lo que implica la creación de políticas, leyes y mecanismos efectivos que los resguarden frente a cualquier forma de violencia.
De manera más específica, el artículo 19 de la Convención ordena que México adopte “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas” para prevenir y sancionar el abuso físico, mental, sexual o emocional, así como el descuido y la explotación infantil.
Este principio se complementa con los artículos 32 al 36, que amplían las obligaciones del Estado para proteger a la niñez de la explotación económica, el tráfico, la trata y cualquier otra forma de violencia que afecte su desarrollo integral.
Sin embargo, los datos más recientes reflejan una brecha entre las normas y la realidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y febrero de 2025 se registraron 5,862 delitos contra personas de 0 a 17 años, un aumento del 1.2% respecto al mismo periodo de 2024.
Este incremento, aunque aparentemente leve, resulta alarmante si se considera que tres de los delitos más graves —corrupción de menores, extorsión y lesiones— alcanzaron máximos históricos desde 2015.
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El delito de corrupción de menores creció un 24.9% en un año, al pasar de 333 casos en 2024 a 416 en 2025. También se registraron 63 casos de extorsión contra niñas, niños y adolescentes, la cifra más alta en una década, mientras que los homicidios aumentaron de 333 a 375, lo que representa un incremento del 12.6%. En cuanto a los feminicidios de niñas y adolescentes, se reportaron 11 casos en los primeros dos meses de 2025, dos más que en el mismo periodo del año anterior.
El Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato concentraron la mayor cantidad de delitos contra personas menores de edad, lo que los ubica como los territorios más peligrosos para la infancia en el país.
En tanto, Baja California registró el mayor número de feminicidios infantiles, mientras que los homicidios dolosos fueron más frecuentes en Guanajuato, Baja California y Michoacán. Además, en Guanajuato, Michoacán y Sinaloa se documentó la mayor cantidad de muertes por arma de fuego de personas menores de edad, lo que evidencia el impacto directo de la violencia armada en este grupo vulnerable.
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