Una empresa especializada en estructuras temporales fue contratada por el gobierno federal para llevar a cabo la instalación de un albergue para migrantes deportados a la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua. Este grupo de trabajadores arribó anoche con tres tráileres cargados con materiales necesarios para levantar las carpas que servirán como refugio temporal para cientos de connacionales.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Según los encargados de la obra, la instalación de las carpas llevará varios días. Las estructuras, diseñadas para soportar las inclemencias del clima extremo de la región, servirán como un espacio digno para recibir a los migrantes.
Te podría interesar
En el espacio conocido como El Punto, en Ciudad Juárez, se erigían carpas que servirán como refugios temporales para migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos. Bajo la supervisión del gobierno federal, el equipo trabajaba sin descanso, consciente de que el montaje tardaría varios días en completarse.
Enrique Serrano Escobar, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), indicó que esta acción es parte de una estrategia para mitigar una crisis humanitaria en desarrollo.
El gobierno planea habilitar albergues en diversas instalaciones, como centros deportivos, polideportivos y centros de convenciones, con el objetivo de atender al mayor número posible de personas.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
¿Cómo se preparan los estados fronterizos para recibir a migrantes deportados?
Actualmente, Ciudad Juárez cuenta con 35 refugios que pueden atender hasta 1,500 personas en emergencia. Francisco Bueno Guillén, director de La Casa del Migrante, mencionó que, aunque su albergue principal está diseñado para recibir a 560 personas, en momentos críticos han atendido hasta 1,500 con apoyo de espacios adicionales gestionados por la Iglesia católica.
En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció en diciembre pasado la construcción de cinco nuevos refugios con capacidad para 2,500 personas cada uno. Estos albergues serán ubicados, dos en Tijuana y tres en Mexicali, los cuales serán diseñados exclusivamente para mexicanos repatriados.
Además, de acuerdo con la gobernadora, se garantizará transporte seguro desde las garitas hasta los albergues y hacia los destinos finales de los migrantes.
“Serán albergues nuevos y exclusivos para personas repatriadas, personas que vengan del norte al sur, no de sur a norte. Unos de estos albergues son familias, núcleos familiares, en otra parte mujeres que vengan solas, en otra parte hombres, en otra parte adolescentes que vengan solos y en otra, niñas y niños repatriados que también se encuentren solos”, explicó Del Pilar Ávila.
Dicho proyecto, coordinado entre los gobiernos estatal, municipal y federal, tiene como objetivo garantizar la seguridad, alimentación y canalización de los deportados a sus lugares de origen.
Tamaulipas podría recibir a 20 mil migrantes
El estado ha habilitado espacios adicionales en sus nueve albergues para atender hasta 20,000 migrantes. Juan José Rodríguez, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, destacó la importancia de una logística eficiente para ayudar a los deportados a regresar a sus comunidades.
En la entidad se han habilitado cuatro albergues para brindar atención a migrantes deportados, como parte de una estrategia del gobierno estatal para enfrentar las deportaciones. Estos albergues estarán ubicados en las regiones Norte, Carbonífera y Centro del estado.
En tanto que en Sonora, ciudades como Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado han reforzado su red de albergues, ofreciendo desde alojamiento básico hasta asistencia médica y alimentaria.
Organizaciones civiles apoyan a migrantes
En los seis estados fronterizos, 48 asociaciones proporcionan apoyo que va desde asistencia legal hasta ayuda humanitaria. Sin embargo, la creciente demanda está llevando sus recursos al límite.
José María García, director de Alianza Migrante Tijuana, subrayó que, aunque las autoridades han mostrado voluntad, los recursos disponibles son insuficientes.
“Las organizaciones civiles han sido los primeros en responder durante años, pero ahora necesitamos financiamiento adecuado para seguir colaborando con el gobierno”, afirmó.