En la frontera de México con Estados Unidos se vive ya una crisis humanitaria y las políticas que pretende aplicar el presidente Donald Trump, van encaminadas a profundizar lo que ya existe, aseguró José Luis Pérez Canchola.
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El activista, quien hasta hace unos días fue el director para los asuntos de migración en el ayuntamiento de Tijuana, Baja California, fue separado de su encargo por hacer visible la situación que se vive en la región, por insistir en que debe haber coordinación entre sociedad civil y todos los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
En entrevista con La Silla Rota, Pérez Canchola destacó que muchos migrantes que cruzan de manera irregular la frontera, son detenidos por la autoridad estadounidense y deportados, lo que genera una violación a los derechos humanos, especialmente de menores no acompañados. La falta de apoyo del municipio a los albergues en términos de alimentos y medicinas ha exacerbado la crisis.
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Cada mes, comentó, a Tijuana llegan unos 3,500 migrantes, de todas nacionalidades, que fueron deportados por parte de la autoridad estadounidense. El problema, añadió, es que los poco más de 35 albergues que existen en el lugar están llenos y también se han quedado sin el recurso que el gobierno municipal les daba.
“El municipio ya ha estado cancelando la ayuda a los albergues en cuanto a alimento y medicinas, lo que genera una violación a los derechos de la gente, más cuando hay menores de edad no acompañados”, indicó el activista.
La política migratoria, que refiere la atención que se debe dar a los migrantes que están en territorio nacional, es facultad exclusiva del gobierno federal, recordó Pérez Canchola.
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación se ha vuelto más crítica. Trump ha amenazado con deportar a millones de migrantes, lo que ha llevado a una crisis humanitaria en la frontera. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones para abordar la situación, pero los recursos siguen siendo insuficientes.
José Luis Pérez ha estado abogando por la reactivación del fondo de migración y la exención del pago de servicios básicos para los albergues. Sin embargo, la falta de atención por parte de las instituciones públicas ha dejado a los albergues privados y de iglesias como la única opción para muchos migrantes.
La situación se agrava con la amenaza de violencia entre los migrantes y la falta de recursos para atender a las familias que huyen de la violencia en sus países de origen. El hoy ex funcionario municipal enfatizó la necesidad de una coordinación entre la sociedad y el gobierno para abordar esta crisis de manera efectiva.
VGB