El conflicto legal en torno al hotel Mayaland de Chichén Itzá sigue escalando, con nuevas acusaciones contra Fernando Barbachano Herrero. Representantes legales de la Inmobiliaria R4 denunciaron que el empresario pretende eludir varias resoluciones judiciales en su contra.
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Según los abogados de la inmobiliaria, Mario Antonio Matos López y Alicia Maldonado Peniche, los tribunales federales han declarado improcedentes todos los recursos legales interpuestos por Barbachano, lo que ha fortalecido la posición de R4 en este prolongado litigio.
La controversia comenzó en 2020, cuando Barbachano Herrero acordó vender el hotel Mayaland a Inmobiliaria R4 bajo un esquema de pagos escalonados. Aunque el empresario recibió dos anticipos conforme al contrato, cortó toda comunicación antes de recibir el tercer pago y amenazó con rescindir el acuerdo.
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Según declaró en enero de 2024, su cambio de postura se debió a un “arrepentimiento” motivado por la inesperada recuperación del turismo tras la pandemia, que aseguró pensó duraría cinco años. El incumplimiento fue documentado por la inmobiliaria R4 como prueba de la falta de sustento legal en las acciones de Barbachano.
Uno de los puntos álgidos del caso fue el aseguramiento del hotel Mayaland, ordenado por la fiscalía general del estado de Quintana Roo tras admitir una denuncia contra Barbachano por fraude y despojo. Además, se emitió una orden de aprehensión en su contra. Paralelamente, en el estado de Yucatán se encuentra en curso un procedimiento mercantil relacionado con el mismo asunto.
Inmobiliaria R4 ha presentado como evidencia un acta de entrega administrativa fechada el 27 de octubre de 2024, donde el entonces representante del hotel y de Barbachano Herrero formalizó la supuesta entrega de las instalaciones a la inmobiliaria. Este documento, según los abogados de R4, confirma que la inmobiliaria ha actuado siempre dentro del marco de la ley y en acatamiento de las resoluciones judiciales.
En contraste, acusan a Barbachano de buscar mecanismos extrajudiciales para invalidar el contrato y quedarse con los anticipos recibidos.
“Barbachano ha intentado politizar un asunto entre particulares y ejercer presión sobre las autoridades con fines ajenos a la justicia. Nuestra defensa continuará apegada al estado de derecho, respetando las decisiones de los tribunales federales, de Quintana Roo y de Yucatán”, declararon los abogados Matos López y Maldonado Peniche.
“A pesar de las campañas de desprestigio, confiamos en que las autoridades actuarán con imparcialidad para garantizar el cumplimiento de la ley”, afirmaron los representantes legales de la inmobiliaria.
Barbachano Herrero ha evitado hacer declaraciones directas sobre las acusaciones, limitándose a insistir en la validez de sus argumentos jurídicos. No obstante, las resoluciones adversas de los tribunales y las pruebas presentadas por R4 han debilitado su posición.