“¡Te voy a quebrar, cabrona!; ¡eres cabrona, no me tienes miedo! (…)”, fue la frase que utilizó un hombre el pasado 7 de noviembre en contra de Mikeas Sánchez, activista, defensora de la Tierra y poetisa zoque originaria de Chapultenango, Chiapas.
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La mujer cuenta, en entrevista con La Silla Rota, la especie de persecución que ha sufrido desde hace un tiempo, como lo que le ocurrió en marzo de 2023 con la Delegación de Hacienda de Pichucalco, por una declaración que no efectuó (en ceros); es decir, detalló, le aplicaron un par de multas, por lo que tenía que pagar 64 mil pesos.
De hecho, ella está consciente de esos “ataques” debido a que también participó de forma activa en las protestas contra la Ronda 2.2 que se intentaba echar andar en varios municipios de la región zoque para la extracción de hidrocarburos, pero que, al final, fue pausada.
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Sin embargo, el miedo le caló hondo ese 7 de noviembre, pues quien la amenazó le advirtió que ella era cercana al sacerdote y defensor de los más desprotegidos y de la Madre Tierra, Marcelo Pérez Pérez, ejecutado a balazos el 20 de octubre en San Cristóbal de Las Casas.
Una estela de sangre
La violencia en distintos puntos de la geografía chiapaneca ha “golpeado” también a quienes defienden diferentes causas. Sólo en el sexenio que terminó el 8 de diciembre (encabezado por el entonces gobernador morenista Rutilio Escandón Cadenas), fueron asesinados al menos 8 activistas o defensores de derechos humanos.
La administración del ahora cónsul en Miami, Florida, Estados Unidos comenzó con el asesinato, en enero de 2018, de Sínar Corzo Esquinca, director del centro de derechos humanos “Coloso de Piedra”, en Arriaga, a manos de un sicario que le disparó en la cabeza.
Un año después, el 18 de enero de 2019, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, activistas e integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), fueron hallados sin vida.
Ambos fueron levantados por hombres armados un día antes en la cabecera municipal de Amatán, mientras mantenían un plantón a las afueras de la Presidencia de ese poblado; de acuerdo con los reportes, ambos sufrieron tortura.
Según las investigaciones, los autores intelectuales eran los hermanos Carpio Mayorga, caciques de la región y quienes gobernaban en ese entonces Amatán.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ambos fueron hallados en el basurero a cielo abierto; en el caso de Noé, sus victimarios utilizaron una sustancia corrosiva para desfigurarle el rostro.
Pero la lista de agresiones creció: en junio de 2019, José Luis Álvarez Flores, encargado de la preservación del mono saraguato y quien se oponía a la extracción de arena en el río Usumacinta, fue asesinado a balazos entre los límites de Chiapas y Tabasco, mientras que la ambientalista Nora López de León fue hallada muerta, de 4 puñaladas, dentro de un hostal en el municipio de Palenque, en agosto de ese mismo año.
Simón Pedro Pérez López, exintegrante de la organización civil Las Abejas de Acteal y quien hacía una labor importante en diferentes temas como el religioso, político y social, también fue asesinado en Simojovel el 5 de julio de 2021.
Antes de que un sicario en motocicleta le arrebatara la vida, autoridades comunitarias de Pantelhó y él mismo solicitaron el apoyo de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas para frenar el clima de violencia que existía tanto en el mencionado municipio, como en Simojovel y Chenalhó, azotados por grupos del crimen organizado.
Callados por el “narco”
Otro caso que se sumó fue el de Artemio López Aguilar, maestro integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se dedicaba al activismo y que, en octubre de 2023, fue asesinado frente a su esposa por encabezar una marcha por la paz en Chicomuselo, una de las regiones más azotadas por la presencia de los cárteles de la droga.
El último de los casos fue el de Marcelo Pérez Pérez, sacerdote de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quien fue ejecutado cuando salía de oficiar misa en la iglesia del barrio de Cuxtitali, en ese Pueblo Mágico de los Altos de Chiapas.
El cura, originario de San Andrés Larráinzar, había recibido múltiples amenazas de muerte desde que estuvo en Simojovel, hace como una década. Como en otros casos, actores políticos eran sus principales perseguidores, pues Marcelo estaba en contra de la venta de alcohol, drogas y de la prostitución, además de que era defensor de los más desprotegidos y, desde luego, de la Madre Tierra.
Algunas cifras que preocupan
En su informe presentado el año pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió que, en 2022, registró 197 agresiones contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente, de las cuales 24 fueron letales (en el 2021 hubo 25 muertes).
Según esa organización no gubernamental, en ese año se contabilizó una de las cifras más altas desde que hace este tipo de análisis (2014). Aunque Chiapas no apareció como los que encabezan la “lista”, sí es parte de la misma.
El pasado 19 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, denunció una serie de acciones en contra de sus integrantes como allanamiento, difamaciones, amenaza de muerte y seguimiento.
Tras señalar como culpables de este hostigamiento a agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales y federales, así como del Ejército mexicano, expuso que, desde el 2021, alertó sobre el aumento de la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
Mikeas, en riesgo
Tras dejar en claro que su denuncia la interpuso el mismo día que la amenazaron, Mikeas Sánchez afirma que el hombre que la amenazó estaba ebrio, “pero el día de una audiencia su familia justificó que él padece de problemas mentales, pero que, por el tema económico, no toma sus medicinas”.
Especificó que, como ha tomado talleres de seguridad comunitaria, logró documentar la amenaza; sin embargo, supuso que este tipo de situaciones podría ser parte de algunos intereses de gente de su propia localidad.
“Hace como tres años sí vino gente de una empresa minera, que según eran encuestadores, pero me buscaban a mí, como que me dio miedo, porque no sabía bien qué hacer, aún no había tomado ningún taller de seguridad”, recordó.
Esas personas, agregó, le preguntaron sobre su participación en un movimiento llamado Zodevite (Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio), pero ya no los atendió más. “Pero no les pedí su identificación, nada, aunque sé que recorrieron varias comunidades”.
Mikeas reitera su cercanía con el padre Marcelo Pérez, quien trabajó mucho con ellos para crear el Zodevite y, en consecuencia, frenar la Ronda Petrolera 2.2.
“El padre venía a Chapultenango, en Francisco León, Ixtacomitán, en Tecpatán, es decir muy en cercanía de nosotros para detener esa Ronda Petrolera, y eso no se dice, no se difunden mucho”.
De hecho, rememoró que Marcelo Pérez también fue pieza clave para sacar de Solosuchiapa una empresa minera del magnate Carlos Slim. “Era un hombre sensible con estos temas, al grado de que le dieron un reconocimiento por ello que, por cierto, yo fui a recoger en Roma (Italia) en 2018”.
En la actualidad, Mikeas afirmó que le han recomendado dejar su comunidad. “El año pasado también me hicieron un perfil falso en Facebook, me querían desprestigiar, que mi marido acosaba a una muchacha, y ahí salí yo, pero hicimos la denuncia ante la Fiscalía”.
Violencia barre parejo
Otro activista que no sólo ha sufrido amenazas verbales, sino que ha sido golpeado es Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, AC, con sede en Tapachula, quien de forma constante realiza denuncias en contra de altos mandos del Instituto Nacional de Migración (INM) por los presuntos vínculos de éstos con el crimen organizado.
De hecho, él ha tenido que salirse de su tierra natal, Tapachula, ante el temor de ser atacado; asimismo, se le han fabricado órdenes de aprehensión para calmar su activismo en defensa de la población en movilidad.
También está el caso de Ramón Verdugo, activista y quien en 2011 instaló el albergue “Todos Somos” para madres y niños migrantes en Tapachula, tuvo que huir de allí en 2022 ante las reiteradas amenazas de muerte.
De acuerdo con su versión, el acoso no era sólo en su contra, sino “gente mala” iba sobre sus colaboradores y familiares, como su propia hija, quien también escapó del país tras ser agredida.
De hecho, al igual que Luis García Villagrán, estaba inscrito, desde el 2014, en el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, pero en julio de 2022 se lo quitaron.
“Ese Mecanismo trabaja a marchas forzadas, en contra de nosotros, es negligente, apático; y para colmo, perdí mi casa, mi familia (…) Ya perdí todo, por eso me salí de Tapachula”, argumentó Verdugo en una entrevista sostenida con La Silla Rota en septiembre de ese 2022.
VGB