Desde hace 22 días, Lisi Celis, una madre víctima de violencia vicaria, permanece encadenada a la residencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para exigir que su hijo Patricio regrese a casa tras la sustracción y negativa a entregarlo de su propio padre, un empresario tequilero con influencias en el Gobierno.
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Lisi tomó la decisión de realizar el acto como una medida desesperada para presionar a las autoridades de justicia locales y federales para que agilicen los procedimientos jurídicos, terminen con los actos de corrupción y tráfico de influencias de su expareja y que le regresen a su hijo.
La cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señaló en entrevista con EFE que desde hace seis años lucha para que sus dos hijos vuelvan con ella. Pese a tener la custodia y diversos procesos jurídicos a su favor, su expareja, un empresario de la industria tequilera, utiliza sus recursos económicos e influencias para impedirle tener contacto con ellos.
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En 2023 logró que sus hijos regresaran a casa, pero pocos meses después el padre convenció al hijo mayor, ahora con 19 años, para que escapara y se llevara a Patricio, por entonces de 11 años, con quien perdió comunicación.
Celis ha comprobado que sus hijos no solo viven maltrato infantil y manipulación psicológica con su padre, sino que fueron obligados a dejar la escuela, sus tratamientos médicos y están en un ambiente en el que se les permite consumir drogas y alcohol, vulnerando sus derechos humanos.
Violencia vicaria en México
La violencia vicaria es una forma de agresión de género en la que las hijas e hijos son usados por los padres o exparejas sentimentales como un objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus excónyuges.
En 2023, México reconoció este tipo de violencia como delito y determinó protocolos y medidas específicas para evitarla, además de sanciones para los agresores; aunque no todas las entidades tienen una ley estatal en la materia ni sanciones uniformes.
El plantón ha servido para que representantes del Supremo Tribunal de Justicia, la Fiscalía General de Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda retomen el caso de Celis. Aunque una jueza ha ordenado ir a buscar al menor a diferentes domicilios, el padre ha logrado huir.
“Si he salido a pedir justicia tal vez a ellos sí les ha repercutido, pero que entiendan que esto es algo que hago por amor y porque ellos se merecen la vida que tuvieron, tenían el derecho a tener a su familia materna, a tener a su mascota, a ir a la escuela”, indicó.
De acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en México hay al menos 5,000 casos abiertos por este delito con más de 10,000 menores involucrados. Sólo 2 % de las madres víctimas tienen acceso a procesos penales.