PUEBLA. - Daisy González Mujica tiene seis años de lucha legal para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la reconozca como una persona imposibilitada para trabajar y pueda recibir una pensión y atención médica para la diabetes y el cáncer que sufre.
Los trabajadores que tienen una demanda en contra del IMSS, el ISSSTE o alguna de sus variantes en los estados, enfrentan un doble problema: no reciben su pensión y tampoco cuentan con la atención médica que brindan estas instituciones.
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El problema se enreda más cuando se le suma el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) Especial número 33, de Puebla, que este 3 de septiembre cumplió 77 días, luego de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para decretar el cierre de la mayoría de las juntas y trasladar los expedientes no resueltos.
Los más de 10 mil casos pendientes radicados en Puebla se tenía previsto que se mudaran a Oaxaca y a Tlaxcala, pero un grupo de abogados laboralistas y decenas de trabajadores afectados instalaron desde el pasado 17 de junio un campamento a las afueras de las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde se ubica la JFCA Especial 33, para impedir el traslado de los expedientes.
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Caso de Daisy: Tribunal se lava las manos
En el caso de Daisy, ella inició un juicio para exigir su pensión; recibió un fallo en contra e impugnó. Hace un año, el expediente fue trasladado a un Tribunal Colegiado donde se resolvió su amparo, pero el acuerdo por el cual cerraron las Juntas en los estados hizo que el Tribunal se declarara incompetente y echó para atrás su resolución. El expediente viajó a Oaxaca donde se declararon incompetentes y devolvieron el caso, que se encuentra actualmente en conflicto de competencia, es decir, nadie lo puede resolver mientras no se defina el futuro de la JFCA.
Si se concreta la mudanza a Oaxaca, Daisy González responde rápidamente que no viajaría y dejaría perder su caso. Luego de tres operaciones de columna, para ella es complicado caminar sola, un pie se le dobla y puede sufrir un accidente. De momento sus hijos le pagan un médico particular, pero alcanza para solventar los viajes.
“Yo me quedaría aquí, ya no haría nada”, concluyó.
Juan tiene debilidad visual, IMSS le niega pensión
Juan Pérez Vega es débil visual y también tiene un juicio contra el IMSS para recibir una pensión por invalidez, ya que lo consideran apto para el trabajo. Perdió por completo la visión en un ojo y hace un año le extirparon un riñón debido al cáncer.
Son siete años de juicio después de sufrir un desprendimiento de retina, tras lo cual no pudo renovar su licencia de conducir, la cual es indispensable para su trabajo. Juan ya obtuvo un laudo a favor, sólo faltaba que lo agregaran a nómina y comenzará a cobrar su seguro cuando vino el cierre de la JFCA.
Descarta acudir a Oaxaca para continuar con su caso porque no tiene quien lo acompañe y, debido a su debilidad visual, no puede viajar solo.
Paraestatales, las principales demandadas
La mayoría de los casos que de momento están “congelados” en lo que se define el futuro de la Junta son contra instituciones gubernamentales como el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Quienes son parte del plantón instalado frente a las oficinas de la Junta tienen claro que ésta desaparecerá eventualmente debido a las reformas a la Ley del Trabajo en 2017 que ordenaron la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de los centros de conciliación para resolver los litigios laborales. Pero exigen que se cumpla el acuerdo que dice que el cierre de las JFCA se debe dar hasta que se desahogué el último expediente.
En el limbo legal
En el plantón instalado en la avenida 31 Poniente número 2904, en la colonia El Vergel sobran los ejemplos de personas afectadas por la mudanza.
“Ya entregamos parte de nuestra vida al trabajo y ¿qué esperamos de eso? Queremos nuestras prestaciones de ley, no reclamamos más”, recordó la señora Gloria, quien tampoco puede acceder a la atención médica para el cáncer de mama o la diabetes que sufre.
Tanto María de la Luz Jiménez como Alejandro Mena tienen un laudo a su favor, pero su ejecución quedó en el limbo tras el intento de trasladar los casos pendientes a las Juntas Especial número 46 y 32, con sede en las ciudades de Tlaxcala y Oaxaca, respectivamente.
Asuntos en fase de dictamen, laudo, ejecución y amparo, como los de María de la Luz y Alejandro, serán tramitados hasta su conclusión en la Junta Especial oaxaqueña, a cuatro horas en autobús de la capital poblana.
María de la Luz Jiménez Hernández luchó durante ocho años para que el IMSS le entregara su pensión por invalidez auditiva y esquelética tras sufrir un accidente de trabajo. Su patrón la despidió un día antes de que saliera la resolución que la declaraba no apta para trabajar, por lo que fue dada de baja en el IMSS y, al no ser derechohabiente, el Instituto le negó la pensión.
Hace poco María de la Luz Jiménez obtuvo un laudo favorable pero su caso se mudó Oaxaca; por sus problemas en la espalda, no aguantaría el esfuerzo de los viajes en carretera, esto sin contar el gasto que representan los trayectos constantes a otro estado.
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Hace 11 años, la hija del contador público Alejandro Mena Vicencio fue asesinada. Entabló un juicio que duró una década para que el IMSS le pagara una pensión de ascendencia por la muerte de su hija.
Obtuvo un laudo favorable pero su caso está en la “congeladora” hasta que se defina el futuro de la Junta Especial 33.
En el plantón, los trabajadores y abogados se acomodan, llevan 86 días de espera con calor, lluvia y demás contratiempos. No saben cuánto tiempo falta, pero se mantienen firmes en su exigencia de no respetar los acuerdos y mantener abierta la junta hasta que se resuelva el último de los 10 mil casos pendientes.