Oaxaca podría contar próximamente con una legislación que reduzca el proceso de gentrificación que enfrenta principalmente la capital del estado. En el pleno del Congreso turnó a comisiones la iniciativa de Ley para la Prevención de las Comunidades Locales en el Estado de Oaxaca que promueve el derecho a una vivienda digna y la participación actividad de los residentes en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus barrios.
La iniciativa de ley fue presentada por el legislador Noé Doroteo Castillejos y consta de 22 artículos.
“Es un fenómeno global y tiene que ver con un proceso drástico de modificación en el aspecto urbano, cultural, en el medio ambiente, barrios o comunidades a partir del proceso que algunos teóricos llaman la turistificación y que da paso a la siguiente fase que es la gentrificación”.
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Al tener vocación turística Oaxaca es una de las entidades más amenazada por la gentrificación definido como el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo.
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El legislador indicó que no sólo la capital del estado enfrenta este riesgo también lo existe en la región de la Costa y en el Istmo de Tehuantepec por el desarrollo del corredor interoceánico.
“Si vemos el contexto de la costa oaxaqueña vemos como el proceso acelerado de llegada de residentes extranjeros, de turistas y luego residentes ha generado repercusiones en el ambiente como la falta de agua. El crecimiento de la infraestructura y desarrollo urbano genera disparidad económica. Se busca que se den los satisfactores de esa nueva economía en detrimento de los pobladores”, expuso.
Gentrificación en Oaxaca: ¿Cómo planean ponerle fin?
La ley -expuso- tiene por objeto prevenir la gentrificación como ya se ha planteado en otras entidades del país como en la Ciudad de México y San Luis Potosí.
Recordó que en el caso de la capital de Oaxaca hace 15 años una vivienda ubicada en el Centro Histórico pagaba 5 mil pesos de predial, pero actualmente está en más de 35 mil pesos lo que deriva en que la población local no pueda estar a la altura del gasto y termina por abandonar su vivienda.
Las nuevas propuestas incluyen varias medidas para asegurar viviendas accesibles y proteger a los residentes locales. Entre ellas se encuentran:
Cuotas obligatorias de viviendas accesibles, apoyos a las personas desalojadas o desplazadas debido a procesos de gentrificación; se establece la posibilidad de fijar un límite a los aumentos del alquiler para proteger a los inquilinos de subidas repentinas de precios; además se implementarán medidas para evitar los desalojos sin causa justificada y el desplazamiento de los residentes.
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Plantea también designarán zonas de protección residencial donde se prohibirán desarrollos comerciales o turísticos para preservar el carácter residencial de los barrios; se limitará la conversión de inmuebles en establecimientos comerciales o de hostelería.
De la misma manera plantea regular los alojamientos promovidos en plataformas digitales, emitiendo un número limitado de licencias para alquileres turísticos de corta duración; así como llevar a cabo un padrón de anfitriones, quienes deberán registrarse y obtener un permiso específico para operar.