MONTERREY. - La crisis del transporte urbano en la zona metropolitana de Monterrey se ha agravado después de que los transportistas redujeron el número de unidades en circulación. Esto se debe a que el gobierno estatal no les ha pagado el servicio de "pago por kilómetro" en el último mes, lo que ha provocado tumultos y largas filas de miles de usuarios que esperan una unidad que los transporte a sus destinos.
La espera para abordar un camión supera las dos horas, situación que ha llevado a organismos de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales a exigir al gobierno un servicio de transporte digno y de calidad para los usuarios.
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El problema estalló la tercera semana de este agosto, cuando los transportistas retiraron de circulación más de 100 unidades que operan bajo el esquema de pago por kilómetro recorrido, un sistema implementado por el gobierno con nuevos camiones adquiridos y entregados a los transportistas para su operación.
De acuerdo con los transportistas, que han optado por el anonimato para evitar represalias, los adeudos superan los mil millones de pesos. Además, señalaron que hay pasivos gubernamentales con tres arrendatarios a quienes se les compraron 1,800 camiones. El gobernador Samuel García ha sido señalado por tomar medidas contra aquellos que protestan o tienen opiniones contrarias.
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En los municipios de Escobedo, Monterrey, San Nicolás y Garza García, docenas de usuarios han quedado varados por la falta de unidades, con tiempos de espera de hasta cuatro horas, y un mínimo de dos.
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“Me Muevo”: El rechazo al pago con tarjeta y nuevas protestas
A la problemática de la falta de unidades se suma el anuncio del gobierno de que el sistema de transporte colectivo operará únicamente a través de pagos con la tarjeta Me Muevo, la cual esta previamente recargada. Esto ha generado protestas por parte de activistas y organizaciones, quienes rechazan la medida.
Integrantes del organismo Alianza de Usuarios del Transporte, encabezado por Jaime Noyola, realizaron una manifestación por la falta de unidades y rechazaron el pago mediante tarjeta, previsto para las próximas semanas. Anunciaron la promoción de amparos, argumentando que la medida vulnera el derecho a la movilidad al imponer un sistema de pago electrónico exclusivo.
"Orientaremos a la ciudadanía para que se ampare si considera que no le interesa hacer un gasto en la tarjeta y recargarla constantemente. Puede otorgarse la suspensión, porque de otra forma se limitaría el derecho a la movilidad al negarle el servicio de transporte," afirmó Noyola.
El 29 de julio, el Estado anunció que cinco rutas y sus 20 ramales, la mayoría en municipios periféricos, dejarán de aceptar pagos en efectivo. Eventualmente, se extenderá la medida al resto de las rutas, que deberán usar una aplicación llamada Urbani o una tarjeta llamada Me Muevo.
CEDHNL interviene en la elección en la forma de pago
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDHNL) instó a las autoridades a fortalecer las acciones para prever y garantizar el derecho de las personas a elegir la forma de pago en el servicio de transporte público.
Personal de la CEDH realizó un recorrido por las avenidas principales de la ciudad y los puntos de venta de las tarjetas para el nuevo sistema de pago electrónico, con el fin de verificar posibles violaciones a los derechos humanos. Durante la inspección, se constató que no se garantizan las condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad en la aplicación de este sistema, lo que generó quejas y desconcierto entre los usuarios del transporte público.
Susana Méndez Arellano, presidenta del organismo, explicó que la CEDHNL emitió la recomendación 09VG/2024 al Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal, con el objetivo de unificar los sistemas de pago en los distintos medios de movilidad que operan en el Estado, corregir las fallas en los medios de cobro, garantizar el derecho de elección en la forma de pago, incluyendo efectivo, y prever la exención del pago para familiares de personas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Transporte digno: Exigen mejoras urgentes
En los últimos días, los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey han enfrentado graves problemas debido a la insuficiencia de unidades para cubrir sus rutas diarias. Esta situación ha dejado a miles de personas sin poder llegar a tiempo a sus trabajos, escuelas o citas médicas, complicando su vida cotidiana y reduciendo el tiempo de calidad con sus familias, según fijó su postura el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC).
"Los transportistas han denunciado la falta de pagos por parte del gobierno, lo que ha agravado aún más la crisis, reduciendo drásticamente el servicio y creando un sistema inaccesible y poco confiable. Esto obliga a los usuarios a soportar largas esperas y traslados ineficientes, limitando su acceso a servicios esenciales y afectando su calidad de vida y salud mental" añadió en un comunicado.
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A esto se suma el aumento de las tarifas, que ha puesto una presión adicional sobre la economía de las familias que dependen del transporte público, sin que los incrementos garanticen mejoras en el servicio. Además, la imposición de un sistema de prepago que impide el pago en efectivo complica aún más el acceso al transporte para muchas personas y representa una carga inaceptable. Las soluciones tecnológicas, sin la infraestructura adecuada, solo exacerban los problemas existentes.
"Desde el inicio de esta administración, se prometieron mejoras en el sistema de transporte público, incluyendo la adquisición de una nueva flota de camiones. Sin embargo, los autobuses no llegaron a tiempo, el costo de estos excedió lo previsto y la cantidad entregada fue insuficiente," señaló CADHAC.
Exigimos al Gobierno del Estado que actúe y resuelva de inmediato esta crisis, que ha sido agravada por sus propias decisiones, y que está costando tanto a la ciudadanía. Si estas medidas no se toman de manera oportuna, consideraremos solicitar la renuncia del responsable de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana. Es inaceptable que la movilidad continúe en las condiciones actuales, concluyó.
Hasta el momento, las autoridades del transporte en el estado no han hecho declaraciones al respecto y mantienen silencio sobre su postura.