Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Once ataúdes de colores yacen dentro de una fosa de grandes dimensiones en la comunidad Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas; son las víctimas de una masacre ejecutada por integrantes de un cártel de la droga que los quería obligar a formar parte de su grupo, pero al no aceptar, decidió aniquilarlos. Siete de esos inocentes pertenecían a una misma familia; había mujeres.
Lo de esa región, ocurrido el domingo 12 de mayo pasado (a menos de 20 días de las elecciones), era ya el reflejo de la descomposición social que, desde hace 3 años, con la disputa de dos cárteles de la droga, se ha extendido a lo largo y ancho del territorio chiapaneco: desde la Sierra-Fronteriza, el Soconusco, la Selva, hasta la Metropolitana y Valle-Zoque, sin dejar a un lado la Norte, Istmo-Costa y Frailesca.
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Hace unos días, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron emboscados por hombres armados en el municipio de Marqués de Comillas; uno de ellos falleció y otros más resultaron heridos.
En otro escenario, 19 cadáveres de presuntos sicarios (algunos de ellos provenientes de Guatemala) fueron abandonados desde el pasado 26 de junio sobre un camino de terracería entre dos ejidos del municipio de La Concordia; la mayoría estaba apilado en la caja de un camión tipo “volteo”; todos estaban putrefactos, armados y con chalecos tácticos. Esta ejecución se la adjudicó, a través de un video, el Cártel de Sinaloa (CDS), en un claro mensaje a su rival, el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) presunto “brazo del Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
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Este fin de semana, la situación se recrudeció en las regiones Fronteriza-Sierra, debido a que ambos grupos del crimen organizado se han enfrentado de nueva cuenta, por largas horas, e incluso han bloqueado poblados y carreteras. Hasta este domingo, sumaban 25 bloqueos en al menos ocho municipios de esa zona, en los que utilizan desde árboles, hasta vehículos o
camiones.
Sobre estos hechos, ninguna instancia oficial ha dado cifras o su versión; incluso, se desconoce el número exacto de muertos y heridos. De forma extraoficial, se supo del fallecimiento de una persona identificada como Silvestre Méndez, de 74 años de edad y tres lesionadas más, en el municipio de Siltepec, tras ser emboscadas.
La incertidumbre impera en las localidades serranas y fronterizas, debido a la nula presencia de elementos del Ejército o de la Guardia Nacional. Además, el temor el mayor porque en algunos poblados, los sicarios han entrado a sacar hombres. Jóvenes y adultos, para reclutarlos y que se enfrenten a las autoridades o contra el grupo rival, o que apoyen en acciones como los
bloqueos carreteros o el corte del cableado que distribuye el servicio de energía eléctrica.
Ante este clima hostil, apenas el sábado pasado varias organizaciones, entre éstas Servicios y Asesorías para la Paz, AC (Serapaz), el mismo “Frayba”, el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) se pronunciaron por la crisis de inseguridad que se vive en las regiones Sierra y Fronteriza.
En un documento que le enviaron al mandatario federal y a otras autoridades, advirtieron de al menos 13 bloqueos carreteros retenes de civiles armados y obstáculos físicos. Además, dejaron entrever que uno de los grupos armados que se disputa el territorio comenzó a reclutar a personas civiles de municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Bellavista, La Grandeza y Siltepec.
Tras hacerle un llamado urgente al Estado mexicano para que actúe, advirtieron: “Esta situación representa un riesgo inminente para la población civil de los municipios mencionados, la cual ha comenzado a desplazarse, exponiéndose a riesgos derivados de los movimientos de los grupos armados en el territorio y de los enfrentamientos en curso”.
La cifra arde
De acuerdo con datos oficiales y de medios de comunicación que recopilan cifras sobre el tema, hasta finales de junio pasado, fueron registrados 373 homicidios dolosos; mayo y junio, estimaron, han sido los meses más violentos con 80 y 87 casos (casi 3 casos diarios en ambos), de manera respectiva.
Según el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), de enero a junio del año pasado, en la entidad chiapaneca se contabilizaron 211 homicidios dolosos, es decir alrededor de 45 por ciento menos comparado con el mismo lapso de este 2024. De hecho, 2023 cerró con 500 eventos de ese tipo.
Desde el 2021, con el crimen de Gilberto Rivera Beltrán, “El Júnior”, hijo de Gilberto Rivera Amarillas, excapo y brazo derecho de “El Chapo” Guzmán, en Chiapas “el reguero de sangre y pólvora” ha sido más incisivo.
Prueba de ello, es el conteo de cientos de desapariciones y no sólo las 1,118 que recopila, hasta la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.
Para la Alianza de Asociaciones Locales Red Lupa, el número de desapariciones que se reportó en los primeros cinco meses de este año significó un aumento del 29% de esos hechos, lo que relacionó, sin duda, con la presencia, cada vez más fuerte, del crimen organizado.
Chiapas, con vocación para las masacres
De acuerdo con información de reportes elaborados por la asociación civil “Causa en Común”, Chiapas ha aparecido, en los últimos años, como la entidad con mayor número de víctimas de atrocidades: desde tortura, asesinato de mujeres con crueldad extrema; masacre, actos violentos contra la autoridad, asesinato de niños y adolescentes o de funcionarios o actores en materia de seguridad, linchamientos, violación agravada, calcinamiento, esclavitud y trata, violencia contra migrantes, terrorismo, crímenes de periodistas, entre otros.
En 2022, recuerda, este estado del Sureste mexicano ocupó el primer puesto a nivel nacional con el mayor número de víctimas de ese tipo de eventos: 1,370, seguido por Veracruz (1,198). Para el año pasado, la cifra negra en Chiapas mantuvo su “paso”: de las 12,395 víctimas de atrocidades a nivel nacional, la entidad se llevó el segundo puesto tras acumular 1,105, sólo por debajo de Veracruz (2,355).
Violencia es cada vez más álgida
En entrevista, Luis Alonso Abarca González, representante del Centro de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa, con sede en San Cristóbal de Las Casas, lamentó que la violencia cada vez se presente de forma más álgida, como lo último que ocurrió en La Concordia, con el hallazgo de 19 cadáveres putrefactos, presuntamente de sicarios.
Destacó que, en realidad, la cifra no se queda en 19 o 20 víctimas, como se ha manejado de forma oficial, sino que alcanza las 33, “y la violencia está desatada, y prueba de ello es que, por pobladores que han huido de la violencia, nos enteramos que, a pesar de que la gente paga el rescate de familiares secuestrados, muchas veces los matan, por eso la gente vende sus ranchos o lo que pueda para salirse de esos lugares”.
Insistió en que, sin duda, hay una violencia que se quiere ocultar, y lo peor de todo, comentó, es que se palpan omisiones graves desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y del mismo gobierno estatal, debido a que ambos están obligados a garantizar la vida e integridad de las personas.
“Se anuncia un despliegue militar masivo, y se presume, como otras veces lo han hecho, que según para garantizar la seguridad de Chiapas, pero lo que vemos es que la violencia en el estado aumenta, y que el Ejército termina por proteger a los cárteles en distintas regiones”.
Lo que pareciera, dijo, es que hay una política de pactar o proteger a ciertos grupos de la delincuencia organizada y entregarles el territorio a partir de esta administración, “cuando nos preguntan si a Tila, por ejemplo, regresará la paz, lo que vemos es que, con la llegada del gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, no será así. Otros seis años de terror”.
Lo que se viene, expuso, es “mano dura” y más violaciones a los derechos humanos, porque “hablamos de crímenes de ‘lesa humanidad’, de ejecuciones arbitrarias, un aumento de las desapariciones forzadas, a pesar de que las cifras son rasuradas y las mantienen en estos 1,192 casos”.
Además de las muertes registradas en Tila ante la violencia ejercida por un grupo armado en contra de la sociedad, se registró, a principios de junio, un desplazamiento masivo de al menos 6 mil personas, un evento más de este tipo en otra de las regiones de Chiapas “golpeadas” por el crimen organizado, según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Elecciones de terror
Meses antes de la jornada electoral en Chiapas, expertos avizoraban un clima más hostil que el vivido en otras contiendas de ese tipo, como las de 2015 y 2018, lo que quedó evidenciado con varios atentados a candidatos o candidatas o integrantes de sus equipos.
Como parte del recuento, el 17 de mayo, por la noche, Lucero López Maza, aspirante a la alcaldía del municipio de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco (Ppch), su hermana y otras cuatro personas fueron asesinadas a balazos por gente armada.
Un día después, el candidato a la Presidencia de Villacorzo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Robertony Orozco Aguilar, resultó herido de bala luego de ser atacado por gente armada cuando circulaba por el tramo carretero hacia la colonia San Pedro Buenavista; en esa ocasión, tres de sus colaboradores fallecieron en la refriega.
Pero la violencia no “descansaba”. Para el 19 de mayo, cinco colaboradores del candidato morenista a la alcaldía de Mapastepec, Elmer Nicolás Noriega Zavala, fueron asesinados a balazos sobre un camino de terracería que conduce a la colonia Francisco Sarabia de ese municipio. Tres personas más resultaron heridas.
Entre otros atentados, casi al anochecer del 2 de junio (día de las votaciones), sujetos armados llegaron a una de las casillas en el barrio La Tejería, de la localidad Rincón Chamula San Pedro y le dispararon a quienes la cuidaban; como saldo, hubo al menos dos muertos (uno de ellos menor de edad) y cinco heridos, aunque después la cifra subió a más víctimas mortales.
Con base en su reporte “Votar entre balas”, Data Cívica, organización sin fines de lucro, evidenció el horror que se vivió durante las elecciones: de los 362 eventos de violencia contra precandidatos, candidatos o candidatas y sus equipos de colaboradores ocurridos durante este 2024 en todo el territorio nacional, el primer lugar se lo llevó Chiapas con 53 casos, seguido de Puebla (42), Guerrero (42) y Guanajuato (40).
Feminicidios “en un mismo saco”
Para Adriana Guillén, presidenta de la Comisión Estatal de la organización “50+1”, el gran problema que se tiene en la actualidad, a razón de la incursión del crimen organizado en toda la entidad, es que muchos casos de feminicidios podrían no ser tomados en cuenta debido a que la autoridad los cataloga como homicidios dolosos.
Consciente de que hay más muertes violentas de mujeres, aseguró que muchas veces, cuando una mujer es asesinada, ahora es relacionada al tema del crimen organizado, “por la manera en cómo ocurrió el asesinato, el contexto”.
La autoridad, ejemplificó, justifica que muchas veces no las matan por una cuestión de razón de género, “te dicen: ‘Estaba en una gasolinera, llega gente armada, les dispara y ya’. Pero nosotros le decimos a la Fiscalía que inicie esos eventos como feminicidios, y si en el camino se descarta que fue una muerte violenta, se puede reclasificar”.
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De lo que está segura, subrayó, es que en este año el número de muertes violentas de mujeres se triplicó, comparado con el 2023. “Insisto, se trata de mujeres que murieron de forma violenta en el estado, pero no fueron tomados en cuenta como feminicidios”.
Mientras tanto, López Obrador, en sus conferencias de prensa, ha tratado de minimizar lo acontecido en la geografía chiapaneca, como lo ocurrido en La Concordia o con el asesinato, hace unos días, de uno de sus sobrinos en Palenque, ahí, donde tiene su rancho al que bautizó como “La Chingada”.