TUXTLA GUTIÉRREZ. - Tras ver las carencias que había en su hogar, Erika R. C. H., una menor de edad decidió no ir a la escuela y, en cambio, consiguió un empleo para ayudar a su familia; sin embargo, el 5 de agosto de 2018 desapareció y a los tres días fue hallada sin vida en una montaña de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en la región Altos de Chiapas.
A casi seis años del feminicidio de su hija (aunque en ese entonces aún no era tipificado así ese delito, sino como homicidio), Ángela de la Cruz Hernández, su madre, cuenta que la justicia no ha llegado para ellos, debido a que la Fiscalía de Justicia Indígena en esta entidad del sureste mexicano no hace bien su labor.
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Recuerda que, cuando su pequeña en ese entonces con 14 años de edad fue hallada muerta, vivían en la colonia Peña María, de ese Pueblo Mágico, a donde hace años llegaron de Teopisca, su tierra natal, para empezar una nueva vida; sin embargo, revela que la situación fue “oscura” para ella, sus hermanas y sus cinco hijos, incluida Erika.
De acuerdo con su relato, luego de buscarla, recibió una llamada que le advertía que su hija estaba tirada a orilla de un camino hacia Tuxtla Gutiérrez, “en las montañas; estaba irreconocible, una desgracia… la reconocí por la ropa que llevaba” declara a La Silla Rota.
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Basada en la carpeta de investigación, antes de ser asesinada, Erika fue víctima de abuso sexual, además de que “la habían drogado y envenenado”, posteriormente tuvo diversas contusiones en la cabeza, provocado por golpes de piedras, lo que le causó heridas graves.
Falsa culpable: La ineficiencia de la fiscalía de Chiapas
Lo más lamentable, dice en entrevista, es que las autoridades encarcelaron, por dos años y tres meses “a una de mis hermanas” de nombre Francisca; sin embargo, subraya que ella quedó libre porque nunca hubo pruebas que la inculparan de haber participado en ese delito.
“Fue injusto, mientras que el o los criminales siguen libres. No sabemos qué ha hecho la Fiscalía”, se cuestiona la mujer, quien se siente triste, pero a la vez preocupada y molesta porque el caso “fue archivado”, y ni ella ni su familia cuentan con recursos económicos suficientes para darle continuidad de manera particular.
Aunque no tiene pistas de quién o quiénes pudieron terminar con la vida de la niña, Ángela cree que “la orden” pudo haber venido de la colonia Peña María, donde había sufrido hostigamiento y despojo por parte de autoridades y pobladores de ese lugar.
Pese a ello, Ángela, quien tuvo que regresar, junto a sus hijos, a Teopisca, comenta que seguirá en la lucha para que se haga justicia.
“Ya teníamos muchos problemas, no sé por qué, primero en Peña María y en otras partes de San Cristóbal de Las Casas, a pesar de que no somos gente de problemas”.
De vejación en vejación
Patricia Aracil Santos, encargada de la Coordinación de la Colectiva Cereza, recuerda que el caso de Erika es significativo porque se deriva de las vejaciones que sufrieron antes su madre Ángela y sus tías, luego del asesinato de su abuelo, “vivían en la comunidad Peña María, donde las dejan sin tierras, y tienen que salir de ahí”.
En cuanto al feminicidio, menciona que, si se obtuvo la sentencia absolutoria a favor de Francisca, fue por una lucha legal que emprendieron con la Colectiva desde el 2019. Sin embargo, acepta, ha sido complicado que las autoridades reconozcan el error y reparen los daños.
Para el acceso a la justicia de los pueblos originarios, y sobre todo para las mujeres, ya sean víctimas directas o indirectas, aún hay un “largo camino que recorrer”, afirma.
El principal obstáculo de ello, agrega, es la Fiscalía General del Estado (FGE) porque no investiga con perspectiva de género y de interculturalidad. En vez de eso, acusa, prefiere pactar con determinados actores sociales de poder.
“Hay una línea de construcción de delitos para resolver las causas, donde se acusa y se inculpa injustamente a mujeres que están ahora mismo en el CERSS 5, en ‘El Amate’ y en Tapachula (en referencia a prisiones), queriéndolas hacer responsables de delitos que no han cometido”, evidencia.
Violencia en escala
Según la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias), en Chiapas la violencia se ha recrudecido de una manera preocupante en los últimos dos años, sobre todo por la presencia del crimen organizado.
Prueba de ello, advierte, es que durante el periodo del 13 mayo al 14 de junio se documentaron 14 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en seis municipios, por lo que se superó el registro de menores de edad asesinados durante todo el 2023.
“Al gran número de asesinatos, se suma la brutalidad de los casos: incendios provocados, tortura y escenarios nunca antes visto hacia población infantil y adolescente en Chiapas”, asevera. En la actualidad, sostiene que están identificados “focos rojos” en 10 municipios.
De los últimos casos registrados de violencia contra NND en la entidad, sobresalen el del 9 de junio, con la desaparición de dos adolescentes de 16 y 17 años en Villaflores. Dos días después, sus cuerpos fueron localizados con señales de tortura.
El 14 de junio, dos niños y dos adolescentes fueron asesinados durante un ataque armado en su domicilio en el barrio de Guadalupe, municipio de Pantelhó.
Óscar González, integrante de la Red y miembro de la asociación civil “Melel Xojobal”, con sede en San Cristóbal de Las Casas, explicó que desde 2021 Chiapas se mantiene en una pugna por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas.
Redias calcula que, del 13 de mayo al 14 de junio, se superaron las cifras registradas de homicidios de niñas, niños y adolescentes durante todo el 2023; además, evidencia que ese lapso (alrededor de cinco semanas) se concentra el 67% de los homicidios de infancias y adolescencias contabilizados a lo largo de este año.
Autoridad incumplida
En el caso de la adolescente Erika Rosario, Patricia Aracil Santos, encargada de la Coordinación de la Colectiva Cereza, insiste que, ante esta situación, el fiscal general del estado, Olaf Hernández, le dé una disculpa pública a Ángela y a sus hermanas, la cual está contemplada en la recomendación número 40 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mientras tanto, dice que la Fiscalía chiapaneca sigue deteniendo a mujeres indígenas, y acusándolas de manera falsa de delitos que no cometieron; “confiamos que, en el nuevo gobierno, todos estos actos sean revisados a fondo”.
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