MONTERREY. - El Consejo Cívico, un organismo civil que agrupa a diversas instituciones y asociaciones entre ellas a industriales y comerciantes de la Canaco solicitó al gobernador Samuel García que aclare su patrimonio y el de su familia, así como su relación con los despachos que han sido relacionados con una presunta triangulación de millones de pesos.
“Desde Consejo Cívico consideramos que el Gobernador tiene la responsabilidad de aclarar estos señalamientos a la ciudadanía de Nuevo León, así como el crecimiento significativo de su patrimonio desde que es funcionario electo. Esto incluye a sus familiares, quienes deben explicar la relación de sus negocios con empresas proveedoras del Estado”, destaca la solicitud en un comunicado informativo.
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“Exhortamos al Gobernador a clarificar el origen de su patrimonio y su relación con los despachos de abogados de los que era socio antes de ser funcionario electo, para evitar posibles conflictos de interés. Asimismo, solicitamos a la Contraloría Estatal que investigue todas las empresas mencionadas en medios, revise montos cobrados y servicios entregados, y garantice la selección de las mejores opciones para contratos de obra pública y adquisiciones”, añade.
El organismo cuya directora es Sandrine Molindard refiere a las publicaciones de medios de prensa sobre presuntas triangulaciones de millones de pesos del gobierno hacia el despacho particular del gobernador y su padre, y exige aclarar.
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“Desde hace semanas, se han revelado en diferentes medios esquemas de triangulación de recursos entre empresas proveedoras del estado y negocios familiares del Gobernador. Actualmente, no hay información pública sobre investigaciones en curso por parte de la Auditoría Estatal, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la SAT o la UIF”.
Solicita a la Secretaría de Administración una presentación pública de los mecanismos de prevención y detección de conflictos de interés y corrupción en los procesos de compras y asignación de obra pública, especialmente en la contratación de empresas fantasmas o EFOS.
“Solicitamos a las autoridades de investigación antes mencionadas que informen a la ciudadanía si se han iniciado investigaciones sobre la supuesta corrupción y abuso de poder señalados en medios. Este tipo de impunidad fomenta casos como el del alcalde de Lampazos, quien heredará el cargo a su esposa tras ser señalado de construir un complejo departamental en Texas cuyo valor supera sus ingresos como funcionario público”, destaca.
“La ciudadanía de Nuevo León exige respeto al Estado de derecho, una rendición de cuentas y que los gobernantes demuestren con hechos su compromiso de servir a la ciudadanía y no a intereses personales. Exigimos del gobierno una gestión virtuosa, que procure el bien común y represente siempre los intereses de la ciudadanía”, menciona.
En el Consejo Cívico participan industrias de la Caintra, la Canaco, Asociación Nacional de Empresarios Independientes, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo, Nuevo León, Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas, Centro Bancario, Coparmex, restauranteros, Colegio de Arquitectos y otras organizaciones civiles.
Expuesto por los medios de comunicación
De acuerdo a denuncias de medios locales y retomadas por la oposición, alrededor de 957.1 millones de pesos han sido triangulados de proveedores oficiales con empresas de Samuel García y el despacho de su padre, por la adquisición de un megaterreno en una zona de lujo en el municipio de San Pedro.
“Pareciera que ya es un modus operandi recurrente de esta Administración estatal, pues este Gobierno corrupto quedó muy lejos de lo que propuso Samuel García de ser incorruptible, y pues, así como en este asunto, estaremos presentando denuncias por cada asunto, por cada triangulación”, dijo el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente, quien junto a legisladores de oposición presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra el gobernador y su padre Samuel García Mascorro.
“Parece ser una constante la manera en que hace negocios la familia del Gobernador Samuel García y en campaña, denunciamos que ya había más de 427 millones de pesos que eran de pagos de contratistas de Gobierno que casualmente tenían contratos con el despacho del Gobernador”, acusó a su vez Lorena de la Garza, diputada del PRI, quien ha firmado las denuncias respectivas.
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“Es una constante esta operación, ya es mucho el descaro, habría que llevar el conteo de cuánto del dinero del Gobierno va terminando en las cuentas del despacho de Gobernador, porque a Nuevo León le falta dinero para todo, pero a la familia del Gobernador no le falta dinero para nada. Este nuevo esquema de triangulación es la estructura del moche del Gobernador, es muy claro, es evidente” abundó.