Puebla, Puebla.- Amanda Gabriela Zola Velázquez vive en la ciudad de Puebla. Durante 2 años ha sido víctima del acoso y las agresiones de Andrés Huerta Ruiz, hijo del propietario del local que ella renta para Mandy Bags, su negocio. Y ahora, de un ministerio público que se niega a remitir el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género y se empeña en que sean tratados como daños en propiedad ajena o amenazas.
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Mandy Bags, una tienda de accesorios y bolsas para dama, abrió sus puertas en 2020 en la colonia La Paz, una zona donde hace más de 7 décadas se asentaron cientos de familias poblanas de ascendencia libanesa o española.
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En avenida Prolongación Reforma esquina con Calle Chapulco, que aún conserva ese aire de zona exclusiva y tranquila, Amanda conoció a Andrés Huerta Ruiz, quien con el tiempo se ha convertido en su agresor, según describe la víctima en un escrito dirigido a Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
En 2022, Amanda conoció a Andrés, quien vive en el mismo edificio donde está Mandy Bags. «Mientras conviví bien con él me dijo que fumaba marihuana; sin embargo, cuando me presentó su amigo Erick Fernando Álvarez Villafañe y empecé a salir con él, Andrés se empezó a molestar y sentí que empezó a abusar de nuestra amistad, pues con frecuencia me pedía dinero prestado que nunca me pagaba y después al grado de exigírmelo».
Cada día que pasaba se ponía más agresivo. El pasado 27 de marzo, mientras Amanda atendía a unos clientes llegó a Mandy Bags para exigirle que lo dejara ver las cámaras de seguridad porque, según él, dejó una mochila atrás del zaguán y afirmaba que Erick Fernando Álvarez Villafañe abrió el zaguán y reclamaba que había desaparecido su mochila.
Las cosas fueron empeorando hasta transformarse en la historia de una persona obsesionada con otra. A las 7:57 horas del domingo 19 de mayo un ex trabajador de Mandy Bags llamó por teléfono a Erick Fernando Álvarez Villafañe para avisarle que la tienda se había quemado.
Erick Fernando y Amanda estaban juntos esa mañana. Al enterarse, ella se dirigió a su local donde encontró a la administradora del edificio y al cuerpo de Bomberos, cuyos elementos le dijeron que ellos no daban un diagnóstico exacto de dónde se había originado el incendio, pero le dejaron entrever que había comenzado en una pantalla, una silla y un sillón.
Amanda le dijo a la administradora y a los bomberos que el edificio tenía algunas goteras a la altura de los medidores, que eso también pudo ocasionar el incendio; sin embargo, la administradora le insistió en que revisara las cámaras.
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Al entrar a la parte donde tiene su mercancía Amanda pudo darse cuenta de que todo lo que estaba en exhibición estaba dañado; fue entonces también que las patas de una silla ejecutiva que iba a tirar no estaba donde ella las había dejado y, cuenta, «en ese momento comencé a pensar que lo que había pasado no era un accidente».
Amanda decidió no limpiar la zona donde habían quedado rastros del incendio y llamó al ingeniero que le había instalado las cámaras de seguridad para sacar los videos y ver qué había ocurrido. Las cámaras grabaron que a las 18:50 horas Andrés Huerta Ruiz, vestido con pantalón color café y playera azul cielo, camina de la calle hacia el edificio; entra, sube las escaleras y se detiene en el primer piso. Baja algunos escalones, ve hacia donde estaban cajas de cartón que contenían las patas de la silla ejecutiva.
En el video se observa cómo Andrés se dirige a las cajas y las comienza a colocar justo en la puerta principal de Mandy Bags. Saca unos cerillos y les prende fuego. Luego se queda un rato sentado en los escalones hasta que antes de salir del edificio mira hacia la cámara y realiza señales de burla.
En una de las tres denuncias que Amanda Gabriela Zola Velázquez ha presentado en contra de su agresor solicita «medidas de protección dada la magnitud de las agresiones. Sin embargo, Carlos Alberto Pon Joo, titular de la agencia del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Regional, se muestra reacio a considerar la gravedad de las amenazas de muerte, de los daños que ascienden, de acuerdo con una estimación previa, a 250 mil pesos.
En la carta de investigación FGEP/CDI/FIR/FIR-1/002456/2024 quedó asentado que Amanda solicita «medidas de protección, pues siento temor de que atente contra mí, pues no sólo ha destruido mis cámaras de seguridad, sino que ya incendió mi negocio sin importarle que se pudiera propagar el incendio en todo el edificio y dañar a toda la gente que vive ahí».
Se indica también que la protección se solicitó porque en el video donde se ve que él causa el incendio Andrés Huerta Ruiz realiza señas de odio en contra de Amanda, con conocimiento de que ella las vería y «se aprovecha por mi género y condición de mujer, por lo que tengo temor de que haga algo en mi contra por el odio que ha evidenciado en contra mía.»
Hasta ahora el Ministerio Publico Carlos Alberto Pon Joo no ha otorgado ninguna medida de protección y, afirma Amanda, «sólo he recibido comentarios negativos, apáticos y deprimentes, como que «mejor deje de rentar y me vaya del edificio, porque a como se pone de agresivo y ya van dos veces que daña mi negocio al rato me va a hacer algo a mí que voy a lamentar».
O bien que «mi denunciado no tiene dinero para pagarme los daños (...) sólo voy a gastar más dinero del que pueda recuperar». Y «que la medida de protección no me la puede conceder porque los delitos de daño en propiedad ajena no ameritan ninguna medida de protección, que mejor denuncie amenazas para que proceda la medida de protección.
Dada la progresiva violencia de su agresor Amanda pide que sus Carpetas de Investigación FGEP/CDI/FIR/FIR-1/002305/2024 y FGEP/CDI/FIR/FIR-1/002456/2024 sean remitidas a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, pero Carlos Alberto Pon Joo se empeña en que sean tratados como daños en propiedad ajena o bien como amenazas.
Amanda afirma que el Ministerio Público pasa por alto que «me he aclientado y mi clientela acostumbra ya a ir a mi negocio del cual mantengo y sufrago mis necesidades, pero sobre todo que no debo permitir que mi denunciado quede impune.
En el escrito que Amanda Gabriela Zola Velázquez dirige al fiscal del estado, pide audiencia privada para exponer las irregularidades con las que se ha conducido la Fiscalía que tiene a cargo las investigaciones ministeriales de las denuncias que ha presentado y expresa su temor porque las irregularidades en que ha caído el Carlos Alberto Pon Joo se sigan cometiendo».