Michoacán.- Los cuerpos de 5 personas asesinadas fueron encontrados en una propiedad utilizada como fosa clandestina del crimen organizado, en el municipio de Zamora, Michoacán. Los reportes señalan que por la noche, vecinos de la colonia Buenos Aires, reportaron a los números de emergencia, el fuerte olor que emanaba del interior de una vivienda.
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Las autoridades se trasladaron a una casa abandonada de la calle Los Sabinos, donde confirmaron que había 5 cuerpos semienterrados.
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Se trata de cuatro hombres y una mujer que permanecen en calidad de desconocidos y que fueron hallados en avanzado estado de descomposición. Los informes indican que las víctimas fueron asesinadas en ese inmueble, donde los vecinos alertaron que ha sido utilizado por los criminales, para perpetrar asesinatos.
Después de Morelia y Uruapan, Zamora es el tercer municipio de Michoacán, donde más delitos se cometen, revelan las estadísticas de la Fiscalía de Michoacán.
Las cifras de la FGE indican que Zamora, también es el tercer municipio más violento de la entidad en materia de homicidios dolosos. De enero a abril de este año, en ese municipio cercano al estado de Jalisco, se han cometido 197 asesinatos.
El municipio más violento de Michoacán es Morelia, donde se han perpetrado 256 homicidios dolosos, seguido de Uruapan, que registra en ese mismo periodo, 202 crímenes.
Una de las franjas territoriales más violentas de Michoacán, inicia en Zamora y atraviesa además los municipios de Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Villamar, Venustiano Carranza, Briseñas, Pajacuarán, Vista Hermosa, Chavinda, Tangamandapio, Jacona.
Secuestros, desapariciones, asesinatos, masacres, ataques a autoridades gubernamentales y de seguridad, es lo que hizo que los habitantes llamaran el corredor de la muerte a esa zona de Michoacán, limítrofe con el estado de Jalisco.
Mientras cubría un ataque armado, el periodista Jaime Valencia, director del portal Noticias Alerta Michoacán, fue agredido por elementos de la Policía Municipal de Zamora.
El comunicador realizaba su labor periodística en la colonia Ramírez, cuando tres oficiales se dirigieron hacia Jaime Valencia, quien reportaba los hechos de violencia ocurridos minutos antes en ese municipio.
Uno de los elementos, cubierto del rostro, intentó frenar la grabación y le exigía que se retirara del lugar, a pesar de que se encontraba a dos cuadras de distancia de la zona de acordonamiento.
Explicó que el elemento que lo confrontó se identificó como guardia civil; sin embargo, la corporación estatal se deslindó de la agresión al periodista y aclaró que el oficial pertenece a la Policía Municipal.
Jaime Valencia, dijo que desde hace algunos años, Zamora es uno de los municipios de mayor riesgo para ejercer el periodismo “y donde los múltiples hechos violentos son el pan de cada día“.
“Es por ello que exigimos respeto de todas las policías de los tres órdenes de gobierno, para que lejos de ser agredidos nos brinden las garantías para poder hacer nuestro trabajo de informar a la ciudadanía lo que acontece“, expuso.
Y agregó: “Hacemos responsables de nuestra integridad a los policías sobre lo que pueda pasar a los reporteros y sus familias, ya que no están identificados del rostro por tenerlo totalmente cubierto“.
Una serie de documentos, han revelado que el ayuntamiento de Zamora, reclutó a policías con antecedentes penales y que en otros casos, fueron despedidos de otros municipios, por dar positivo en los exámenes toxicológicos.
Además que son señalados por su presunta relación con un grupo del crimen organizado y acusados de homicidio, tortura y desaparición forzada.
El pasado 3 de febrero, una joven mujer y su pareja sentimental –de quienes se conservara el anonimato-, salieron de su domicilio ubicado en la colonia El Carmen, de la ciudad de Zamora.
Una de las víctimas, narró en su denuncia presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que al lugar llegaron seis camionetas de la Policía Municipal.
“Llegaron seis unidades, diciéndonos que nos saliéremos del vehículo, apuntándome con la pistola en la cabeza”, reitera el denunciante en su relatoría.
La víctima, establece en el documento, que a pesar de que les explicaron que ahí vivían, los subieron a una patrulla y los llevaron a un lugar desconocido “por Altamira”.
“Nos metieron, me comenzaron a preguntar que con quién trabajaba, a lo que yo les decía que era chofer, que llevo personas a trabajar al campo”, explica.
Recuerda que uno de los policías le pasó un teléfono celular, en el que, presuntamente, estaba en línea “el patrón” y quien le propuso trabajar para él, “ya que él era el mero chido, y demás comentarios de ese tipo”.
La víctima señala que se negó y lo empezaron a torturar con una bolsa de plástico en la cabeza, además de que le colocaron una toalla en el cuerpo para golpearlo. Dice que, al amanecer, dejaron ir a su pareja, pero a él lo mantuvieron retenido e incluso lo trasladaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Zamora.
El denunciante acusa que fue hasta varias horas después que lo soltaron, pero sin sus pertenencias y con un par de tenis viejo que tenían ahí “para que no saliera descalzo”.
“Cuando ya iba a salir me dijeron que si ponía una denuncia, ellos (los policías) tenían un video donde yo decía que trabajaba para un cártel y lo iban a publicar para que me mataran”, advierte la víctima en su narración de los hechos.
El joven contó, que él y su pareja se dedican al trabajo honrado y que por eso no dudó en presentar la queja ante la CEDH, en contra de la corporación policial.
También presentará una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y abuso de autoridad.
Aunque a decir de unos de sus representantes legales, este caso debe seguirse por oficio y perseguirse los delitos, por parte de la Fiscalía de Michoacán.
Policías con antecedentes criminales
Este reciente caso fue conocido por integrantes del Cabildo y funcionarios del ayuntamiento, quienes acusaron a elementos de esa corporación policial de cometer abusos, delitos y de estar ligados presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las fuentes consultadas, denunciaron que hay antecedentes, que desde hace dos administraciones, el ayuntamiento ha contratado como policías, a sujetos con órdenes de aprehensión y abusos o vínculos criminales.
Incluso, dijeron, han reclutado a policías o que han sido despedidos de otros municipios por dar positivo en el examen toxicológico y/o, con antecedentes de corrupción.
Funcionarios municipales, afirmaron que esos elementos son dados de alta en la corporación policial, a pesar de sus antecedentes.
Uno de esos elementos es César Águila Martínez, relacionado presuntamente en la tortura a la pareja, ocurrida a principios de este mes.
Documentos oficiales, evidencian que esta persona, fue dado de baja como policía en el año 2020, del municipio de Jalostotitlán, Jalisco.
César Águila y seis elementos más, fueron despedidos de ese ayuntamiento, entre otras cosas, por dar positivo en los exámenes toxicológico.
Dos policías municipales más, con el mismo problema, decidieron presentar su renuncia de manera voluntaria. En el acta Número III de la sesión del Órgano de Control Disciplinario de ese ayuntamiento jalisciense, también se evidencia una denuncia en la que se implica a Águila Martínez y otros elementos de la corporación, en abusos contra dos ciudadanos.
Se trata de la Queja 7262/2019/III, presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, por hechos ocurridos el 17 de septiembre del 2019, como consta en el oficio 648/2020, dirigido a ese órgano de Control Disciplinario.
Con relación a si el Cabildo de Zamora estaba enterado de esta situación, las fuentes consultadas aseguraron que sí, pero insistieron que fue impuesto el elemento.
Acusaron que incluso, Águila Martínez, asume tareas –de facto-, como si fuera el subdirector de la Policía Municipal y que se presume está relacionado con el CJNG.
Consultadas al respecto, fuentes federales de seguridad, confirmaron que César Águila Martínez, aparece en investigaciones por esos presuntos vínculos criminales.
A pesar de eso, César Águila fue dado de alta en la corporación por el presidente municipal emanado del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Soto Delgado.
Documentos de fecha reciente en poder de LA SILLA ROTA, confirman que el otrora director de Seguridad Pública Municipal, Fernando Fernández Vargas, pide a las autoridades militares y civiles, permitir la movilidad de Águila Martínez, en los estados de Michoacán y Jalisco.
Los informes federales, relacionan a ese personaje con el grupo criminal del CJNG que encabeza Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, El 08, uno de los principales operadores de esa organización criminal, con base operativa en su tierra, Ocotlán, Jalisco.
A decir de las áreas de inteligencia, el 08 es quien impuso al grupo de policías que operaban en Jalostotitlán, Jalisco, entre ellos, César Águila como elemento en activo.
Ese grupo de policías, son sospechosos de ser informantes del crimen organizado, para el asesinato del director de la Policía y Tránsito municipal de Jalostotitlán, Oswaldo García Vallejo.
Un año antes, municipal de Zamora, Daniel Torres Hernández, fue asesinado en el municipio de Ocotlán durante su día de descanso el 28 de abril de 2019.
El 29 de abril del 2019, Daniel Torres Hernández, director de Seguridad Pública de Zamora, Michoacán, fue asesinado a tiros en el municipio de Ocotlán, Jalisco, la tierra de El O8.
Las autoridades federales, tienen información que confirma que pocos meses antes, el entonces alcalde de Zamora, Martín Samaguey Cárdenas, ya había cambiado a sus elementos policiales y se había negado a formar el convenio de seguridad con el estado.
A Zamora, había llegado un grupo de hombres y mujeres, que habían sido dados de baja en distintas corporaciones policiales de los estados de Jalisco, Nayarit y Colima.
Otro de los recientes casos de reclutamiento en la policía municipal, de personas con antecedentes, es el de Dulce María Olivares Barrera, dada de alta el 16 de noviembre del 2018, con Clave Única de Identificación Policial (CUIP): OIBD900731MO95028894.
Dulce María Olivares, tenía una orden de aprehensión en su contra, por homicidio, asociación delictuosa y delincuencia organizada, desde el año 2013.
Aún así, fue contratada por la administración anterior del morenista Martín Samaguey, pero sostenida en su puesto por esta actual administración panista de Carlos Soto.
El 12 de agosto del año del 2023, la Fiscalía de Michoacán, informó mediante comunicado (1932/2023), la captura de la elemento policial.
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La FGE indicó que en apoyo a su homóloga en el estado de Colima, detuvo a Dulce María, presunta responsable de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada; hechos ocurridos en Manzanillo, Colima.
Dijo que de acuerdo con los datos de prueba que forman parte de la Carpeta de Investigación, en octubre de 2013, Olivares Barrera, junto con otras personas, participaron en el homicidio de un hombre, así como en asociación delictuosa en su modalidad de delincuencia organizada en agravio de la sociedad.
Durante las investigaciones, las autoridades de Colima, obtuvieron información que tras los hechos, Dulce María Olivares había viajado a Michoacán con el fin de evadir la acción de la justicia, motivo por el que solicitó orden de aprehensión en su contra, así como la colaboración de la FGE de Michoacán, para llevar a cabo su detención.
Personal de la Policía de Investigación, realizó en ese sentido, actuaciones que permitieron dar con la ubicación de la mujer, en el municipio de Zamora, donde desde el año 2018, prestaba servicio como elemento de la Policía Municipal.
Durante un dispositivo de seguridad, Dulce María fue detenida y entregada a la autoridad de Colima, donde fue presentada ante un juez y sentenciada.
Las autoridades federales, también obtuvieron información que Tanto Dulce María Olivares Barrera, así como César Águila Barrera y otros elementos, presuntamente participaron en la privación ilegal de la libertad de seis jóvenes en Zamora.
Se trata de cinco hombres y una mujer, jóvenes todos, privados de su libertad el 4 de agosto, afuera de la terminal de autobuses de Zamora, a manos de elementos policiales.
Testigos refieren que ese día, cerca de las 13:40 horas, un comandante de la Policía local de apellido Cataño, reportó la detención de seis personas a bordo de una camioneta.
Los seis jóvenes fueron trasladados a la cárcel preventiva (Barandilla) en otro vehículo conducido por un elemento de nombre Daniel Bravo Vélez, ya que la patrulla de Cataño, presentaba fallas mecánicas, se informó a la central de comunicación.
Los testigos, relatan que el oficial dio parte al subdirector administrativo Rodolfo Martínez Méndez, quien le dijo que él se haría cargo del asunto.
Martínez Méndez, a su vez, informó al hasta hace unas semana director de la corporación, Fernando Fernández, quien dio la indicación que los sacaran de barandilla.
Fernández Vargas, envió a su comandante operativo César Águila Martínez, para que los llevarán al gimnasio del complejo policial, donde golpearon a los jóvenes.
Los testigos narraron, que los jóvenes fueron torturados hasta las 18:00 horas que fueron sacados de ese lugar, por un acceso a la subdirección de Tránsito Y Vialidad, por donde también sustrajeron la camioneta de las víctimas.
Desde entonces han pasado seis meses y nada se sabe de los seis jóvenes privados de su libertad, torturados y desaparecidos, a manos de esa corporación de seguridad.
La Fiscalía estatal detuvo el 19 de septiembre, a tres oficiales que cuidaban el área de barandilla, pero no a los policías y mandos, responsables del hecho criminal, advierten, los familiares de las víctimas.