La noche del 10 de abril se suscitó un ataque armado contra Rodolfo Tapia, aspirante a la presidencia municipal de Xochitepec por el Partido del Trabajo (PT). Afortunadamente, según los primeros reportes, Tapia resultó ileso en el incidente. El ataque tuvo lugar cerca del fraccionamiento Santa Fe en el municipio de Xochitepec. El vehículo del candidato recibió cinco impactos de bala en el parabrisas, por lo que fue trasladado a un corralón para las investigaciones correspondientes, de acuerdo con información de medios locales.
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Este incidente ocurre en el contexto de las actividades políticas de Tapia y su participación en el proceso electoral de 2024. A mediados del pasado mes de marzo, durante un evento organizado por el PT en Xochitepec, se presentaron oficialmente los candidatos del partido para el municipio, entre ellos Rodolfo Tapia.
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En dicho evento, la Comisionada Política Nacional del PT, Tania Valentina, anunció el registro oficial de las candidaturas ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepeac). Este registro incluyó el respaldo del partido a la candidatura de Tapia para la presidencia municipal de Xochitepec, así como a otros candidatos para distintos cargos locales.
Violencia electoral en México
La cifra de candidatos que solicitaron protección del Gobierno mexicano se ha casi duplicado en los últimos 10 días, hasta 200, en medio de unas campañas que dejaron decenas de asesinatos, reveló este 10 de abril el presidente, Andrés Manuel López Obrador; en el marco de la violencia electoral que acompaña al proceso 2023-2024.
De estas peticiones, detalló el presidente, ya hay 186 aspirantes que cuentan con protección, incluyendo a los tres candidatos a la presidencia, la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Aún están pendientes de evaluarse tres solicitudes y las otras 11 personas al final declinaron la protección, según detalló en su conferencia mañanera.
La semana pasada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó de 108 solicitudes de protección recibidas y 86 concedidas hasta el 1 de abril. La funcionaria federal reconoció el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado; cifra que contrasta con la de organizaciones civiles, que contabilizan hasta 26 homicidios de aspirantes a un cargo público.
La organización Laboratorio Electoral informó ese día que la cifra puede ser de 50 víctimas, al considerar también a familiares, políticos o funcionarios públicos, según detalló en el "Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024".