TUXTLA GUTIÉRREZ.- Erika Jiménez Gómez, con siete meses de gestación, desapareció desde el pasado 31 de octubre, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) activó el Protocolo Alba; la última vez fue vista cuando salió de su casa en la colonia Luis Donaldo Colosio, municipio de Palenque, Chiapas.
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Familiares y la misma FGE confirmaron el martes que la mujer de 23 años de edad fue hallada sin vida, y en estado de putrefacción, en una fosa clandestina de esa misma localidad.
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Las primeras versiones apuntan a que su pareja sentimental, identificada como Luis Jovani “N”, discutió con ella antes de desaparecer en la zona conocida como “La Cañada”. Incluso, se advierte que el sospechoso huyó de la justicia.
Ante este hecho, familiares y amigos de la víctima salieron a las calles este mismo martes para exigir que el o los responsables paguen por lo que le hicieron a Erika.
“¡Justicia, justicia, justicia!”, era el clamor de quienes recorrieron las calles de Palenque, la mayoría vestidos de blanco y con globos del mismo color.
En un comunicado, la Comisión a Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva feminista 50 más 1 manifestó su repudio por el feminicidio de Erika, cuyo cuerpo, según evidenció, fue encontrado este 5 de noviembre en un domicilio particular tras una orden de cateo ejecutada por la Fiscalía.
Critican lentitud y opacidad de la fiscalía
Ante ello, criticó la inacción del Estado para luchar contra la violencia de género. “Erika es la segunda víctima de feminicidio en la primera semana de noviembre, y su muerte se suma a la lista de víctimas de la violencia machista que, en lo que va del año, asciende a 29 feminicidios registrados en Chiapas”.
Aclaró que el feminicidio de Erika no sólo indigna y duele, sino que revela la falta de voluntad efectiva de parte del Estado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, víctima de feminicidio en el 2018 en Tuxtla Gutiérrez, manifestó que familiares de Erika se acercaron a ella para pedirle apoyo, luego de que una funcionaria del Ministerio Público los amenazara “para que no hicieran bulla, porque ‘se iban a meter en problemas’”.
Aclaró que el presunto feminicida es hijo de políticos reconocidos, quienes lo protegerían para que no vaya a prisión; “pero no nos vamos a callar, ya le hablé a la diputada que se encarga de la Comisión de Feminicidios en el Congreso de Chiapas y a otras funcionarias para que vean este caso, pues de lo contrario, me trasladaría a Palenque”.
Acusó que una abogada del presunto culpable advirtió que éste sería llevado a una clínica de salud mental porque éste, argumentó, “está mal de la cabeza, ¡por favor! ¡Miren nada más cómo lo quieren justificar!”
Crueldad “a rienda suelta”
Apenas el lunes por la noche, una mujer, de nombre Laura, fue asesinada en el interior del bar “El Rodeo”, en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez; recibió varios impactos de arma de fuego.
Hasta el momento, existen dos versiones: la primera, que sujetos armados ingresaron al negocio y le dispararon, mientras que la segunda advierte que ella discutió con su pareja, quien le quitaría la vida.
El 30 de octubre, un sicario ingresó a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situadas en la colonia El Magueyito, de la capital chiapaneca, y asesinó, a balazos, a la mujer policía Lilia Lucía López Ordóñez y a dos empleados de la paraestatal.
Otro hecho que causó indignación fue el de Liliana Guadalupe Marroquín, de 12 años, quien desapareció el sábado 19 de octubre en el barrio Colón, de Tuxtla, y cuatro días después, la Fiscalía informó que halló el cuerpo de la niña, semienterrado, en el patio de una vivienda.
Tras una serie de “irregularidades” evidenciadas por organizaciones feministas y Madres en Resistencia por la falta de capacidad de las autoridades para hacer la investigación, se emitió una ficha de búsqueda del presunto feminicida, identificado como Víctor José Carrera Mayor, por quien se ofrecieron 500 mil pesos para quien diera información sobre su paradero.
“Lupita”, como era conocida la menor de edad originaria del municipio vecino de Berriozábal, caminó por varias calles de la ciudad con el objetivo de vender sus dulces tradicionales, como lo hacía casi a diario. Sin embargo, su familia perdió contacto con ella y empezó la búsqueda.
El presunto responsable, con antecedentes criminales, fue hallado sin vida, dos días después, en un departamento de la misma capital, en donde se presume él mismo se ahorcó; otras versiones apuntan a que el originario de Parral, Chihuahua, fue asesinado y se simularía un suicidio.