En Baja California han sido retiradas 269 cámaras que no pertenecían a los sistemas de seguridad del estado ni de los municipios, pero vigilaban Tijuana, Mexicali y Tecate, aparentemente en beneficio del crimen organizado.
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La cantidad fue dada a conocer por el secretario de seguridad ciudadana del estado, Leopoldo Tizoc Aguilar Duran, durante su comparecencia ante el congreso local como parte de la glosa por el 3er Informe de gobierno.
En respuesta a Alejandrina Corral, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), el también comandante militar dijo que la mayoría de los equipos fueron localizados en Tecate (188), seguido de Mexicali (46), y Tijuana (35).
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Las primeras cámaras clandestinas en el estado fueron detectadas en la ciudad de Tecate, instaladas desde el ingreso por carretera al llamado “Pueblo Mágico”, hasta en las zonas urbana y rural.
En julio del año pasado ese Ayuntamiento informó del retiro de 13 de estos equipos en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSPCBC), y el gobierno federal.
“Fueron removidas de diversos puntos públicos de la ciudad, luego de una previa investigación de los tres órdenes de gobierno y corroborar que ninguna de ellas pertenecía al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C4), el Centro de Control y Comando (C2) o particulares registrados”, dijo el Ayuntamiento en esa ocasión.
Sin embargo, durante su comparecencia ante legisladores, el secretario de Seguridad de Baja California dijo que no hay más investigaciones al respecto.
“Se investigan solamente cuando están implicadas en un delito. Hasta ahorita no hemos confirmado un delito y no hemos hecho nosotros, malamente, una denuncia formal”, reconoció el secretario ante el pleno.
Tras sus declaraciones, Aguilar Durán dijo durante la conferencia de prensa semanal del gobierno estatal que al salir de su comparecencia se comunicó con la Fiscalía General del Estado (FGE), para entregar la información.
Mencionó que buscarán determinar quiénes son los dueños de esas cámaras ya retiradas y evitó adelantar qué probables delitos enfrentarían o si ha sido detectado algún centro de monitoreo.
“Esa inteligencia, esa información, la vamos a compartir en las carpetas de investigación con la denuncia formal para que se actúe conforme a derecho y la Fiscalía en sus facultades determinará el delito que se haya cometido o no”, respondió.
De acuerdo con la SSPCBC, el plan de desarrollo del gobierno estatal es colocar 4 mil cámaras de videovigilancia y sumar otras 6 mil mediante convenios con la iniciativa privada que compartirán sus imágenes al centro de monitoreo oficial.
VGB