Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Chiapas fue una de las entidades más beneficiadas con el programa “Sembrando Vida”; sin embargo, investigadores y organizaciones civiles coinciden en que el programa requiere más controles para impactar efectivamente las tierras chiapanecas y a miles de familias en situación de pobreza.
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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en su informe de 2023 “Chiapas un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, señala que “Sembrando Vida” forma parte de una política de largo plazo que comenzó en la década de 1990, con programas como el de Certificación de Derechos Comunales (Procecom) o el de Regularización y Registros de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA).
El informe destaca problemas en la implementación de “Sembrando Vida”. Un ejemplo es Palenque, uno de los municipios con mayor número de beneficiarios (más de 17,500); no obstante, de 2015 a 2020, el índice de pobreza en este municipio pasó de 86.5% a 92.5%.
Además, comuneros denunciaron que los técnicos, al medir las tierras, aprovecharon su posición para obtener beneficios personales, afectando a quienes deseaban integrarse al programa. En la selva chiapaneca, se reportó la siembra de árboles inadecuados para esa región, lo que pone en duda la efectividad del programa.
Adicionalmente, el organismo apunta que las comunidades organizadas y autónomas, que mantienen la propiedad comunal de la tierra, están en constante riesgo de sufrir amenazas.
¿Cómo es evaluado el programa Sembrando Vida en Chiapas?
Frayba sugiere que el verdadero objetivo de “Sembrando Vida” podría ser imponer un nuevo modelo de control territorial, reestructurando comunidades mediante la supervisión de tierras e individuos a través de técnicos, y dinamizando actividades que no necesariamente se ajustan a la realidad de las comunidades.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas registró más de 81,000 beneficiarios del programa en el último año del sexenio, el mayor padrón entre las 26 entidades que reciben apoyo. A cada productor se le otorgan 6,250 pesos mensuales por 2.5 hectáreas trabajadas.
Aunque la Secretaría del Bienestar "echa las campanas al vuelo" sobre la efectividad de "Sembrando Vida", es decir que se logró la siembra de más de 260 millones de árboles en una superficie superior a las 200 mil hectáreas, la realidad al parecer aún es incierta.
En 2023, “Sembrando Vida” atendió a 451,665 personas en 23 estados, destacando Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Campeche como los de mayor cobertura.
Antonino García García, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, documentó la realidad del programa en la región de Las Cañadas, en Ocosingo. Según García, muchos beneficiarios usaron los recursos para comprar motocicletas, bebidas alcohólicas o pagar a “coyotes” para migrar a Estados Unidos, en lugar de invertir en las tierras. También en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se observaron resultados similares.
García sostiene que Chiapas y Oaxaca recibieron grandes recursos como una estrategia para contener el descontento social.
“López Obrador sabía que, sin ese dinero, la gente podría apoyar al zapatismo y oponerse a proyectos como el Tren Maya”, explica.
El investigador sostiene que el gobierno destinó 5,000 millones de pesos para evitar una insurgencia, mientras que cualquier intento de rebelión sería controlado por el Ejército.
García recuerda que en un ejido de Ocosingo, sólo sobrevivían 10 de cada 100 árboles sembrados. Argumenta que, al estar lejos de zonas urbanas, los técnicos no llegaban a hacer revisiones, permitiendo que los beneficiarios incumplieran el objetivo de reforestación.
Un programa perfectible, pero con potencial
León Enrique Ávila, profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas, considera que “Sembrando Vida” tiene aspectos positivos y negativos.
“Se ha intentado revivir el campo, abandonado en sexenios anteriores”, afirma. Sin embargo, señala que, en algunas regiones, el programa estuvo en manos de personas sin conocimientos ambientales, lo que llevó a cortar hectáreas de selva para sembrar árboles.
Ávila también critica que, durante la administración de López Obrador, Alfonso Romo, con posibles conflictos de interés, estuviera a cargo del gabinete y vinculado a la siembra de árboles. Además, cuestionó que Banco Azteca se encargará de los pagos mensuales a los productores, lo cual, en su opinión, enriqueció a Ricardo Salinas Pliego, ya que 500 pesos de cada pago se retenían como ahorro forzoso.
Hoy, Ávila destaca que las comunidades pueden acceder a cooperativas de ahorro para atender sus necesidades.
Si bien en algunas zonas el programa se ejecutó correctamente, en otras quedaron evidentes problemas de corrupción y falta de resultados. Ávila subraya que, a cinco años de su implementación, más de un millón de hectáreas en Chiapas han sido deforestadas; sin embargo, los árboles no están registrados oficialmente ante la Semarnat, lo cual impide su eventual explotación legal.
Para los especialistas, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, sería ideal ampliar el programa a otras regiones, especialmente en el norte del país, fomentar cooperativas para la comercialización de productos maderables y frutales, y auditar los recursos asignados.
“La gente debe involucrarse más en sus comunidades para mejorar el programa”, concluye Ávila. Un ejemplo de la falta de compromiso, añade, es el caso de El Porvenir, donde los ejidatarios admiten firmar documentos sin hacer las plantaciones necesarias debido a la falta de supervisión de los técnicos.