Monterrey.- El Poder Judicial de Nuevo León quiere un gasto para el 2025 de 3 mil 600 millones 491 mil 423 pesos, pues asegura su presidente Arturo Salinas, que sin esa cantidad será difícil seguir operando.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
Te podría interesar
De acuerdo a Salinas, la petición de presupuesto es un 11 por ciento superior al ejercido este año y que, de no autorizarse, impediría la operación de éste, pues requieren cubrir 400 vacantes.
Sin embargo, señala que lo solicitado es superior en 32 por ciento en comparación con el último presupuesto aprobado del 2023 y aplicado este año por la reconducción, luego de que el gobernador no presentó al Congreso el presupuesto respectivo.
Te podría interesar
"Estamos tomando como consideración el presupuesto que nos fue aprobado en el 2023 más la inflación del 2024 que fue del 4.5 por ciento, más la inflación que se está calculando que es de un 3.8 por ciento. Este presupuesto parte de la idea de que tenemos que regularizar y estabilizar el personal que tenemos en el Poder Judicial vacante para poder normalizar y darles frente a las demandas de los ciudadanos", abunda Arturo Salinas.
En el proyecto de presupuesto se detalla que, del monto total solicitado, 3 mil 212.8 millones de pesos son para gasto corriente, que corresponde a gasto de salarios, prestaciones y nuevas contrataciones, pero aclara que enfrenta actualmente un déficit de 339 vacantes, equivalente al 12 por ciento de sus plazas totales, situación que no ha podido ser atendida por falta de recursos.
"Sólo en lo que va de 2024, se generaron 80 vacantes, mientras que el volumen de asuntos aumentó en un 10 por ciento, lo que ha provocado un déficit de desempeño estimado en 22 por ciento. Esta situación impacta directamente la capacidad operativa, afectando la eficiencia en la administración de justicia y limitando los servicios brindados a la ciudadanía".
El Poder Judicial pretende concretar proyectos en cuatro rubros con el presupuesto que solicita como es el terminar una sede judicial en el municipio de García, la rehabilitación del de San Pedro; el segundo es descentralizar el Centro Estatal de Convivencia Familiar; el tercero es la modernización tecnológica y seguridad de la información; y cuarto, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Desglosa la propuesta los costos de la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en García y la remodelación del Palacio de Justicia de San Pedro, que suman 168.8 millones de pesos.
El proyecto de Descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar tendrá una inversión de 102.7 millones de pesos.
Los proyectos de modernización tecnológica y seguridad de la información con una inversión de 103 millones de pesos y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con 13.1 millones de pesos.
También contempla un monto de 387.7 millones de pesos para gasto de inversión en diferentes proyectos.
"No hay manera de seguir operando si no se aprueba este presupuesto, porque hoy por hoy tenemos vacantes, ya no resistimos la operación sin cubrir estas vacantes", advirtió el presidente del PJE.
La entrega de propuesta la hicieron en el Congreso local donde Arturo Salinas fue acompañado por los coordinadores de las facciones del PAN, Carlos de la Fuente, y del PRI, Heriberto Treviño; la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, así como los Diputados Myrna Grimaldo y Javier Caballero.
Informe de Gobierno en NL, bajo protesta por juramento de verdad
Al iniciar la Glosa del Tercer Informe del gobernador Samuel García, los diputados locales hicieron jurar que hablaría con la verdad al secretario General de Gobierno, Javier Navarro, quien reclamó que le hicieran eso, aunque luego juró bajo protesta.
Y es que los diputados del PRI, PAN y PRD aprobaron apenas el martes que los funcionarios públicos de la administración estatal tendrán que jurar decir la verdad antes de ser interrogados y, quien no acate la medida será acreedor a una sanción.
El acuerdo fue aprobado por el pleno, luego de ser presentado por la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, ya que, dijeron, buscan evitar que evadan preguntas específicas.
Al subir a la tribuna, Navarro dijo que el juramento no lo establece la Constitución cuando la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, le pidió jurar antes de tomar la palabra.
"Quiero dejar claro que se está violando el Artículo 4 de la Constitución, porque las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite", añadió el secretario de Gobierno.
Sin embargo, la presidenta del Congreso de extracción priista le comunicó que, de no ajustarse al acuerdo legislativo sobre su juramento de conducirse con la verdad, se suspendería la glosa.
"La pregunta es simple, ¿protestáis decir verdad en las respuestas?".
El funcionario aceptó hacer el juramento junto al resto de los integrantes del Gabinete de Buen Gobierno con quienes inició la Glosa, pero dijo hacerlo bajo protesta.
De acuerdo a lo aprobado, en caso de que sigan con la misma postura de no jurar los comparecientes, la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza Venecia les haría un llamado para que contesten lo que se les cuestiona, si hacen caso omiso se les dará un plazo de cinco días para que presenten las respuestas por escrito.
Si insisten en no contestar con la verdad, el secretario o director será sancionado conforme lo marca la ley, es decir, recibiría desde una amonestación, hasta una multa económica.
“A la llegada del funcionario compareciente se le tomará por parte de la mesa directiva protesta de decir verdad, cuando a juicio de la Mesa Directiva, el compareciente no responda la pregunta planteada, se lo hará saber al compareciente y lo reconvendrá a efecto de que en su próxima respuesta se apegue a los términos de la pregunta planteada”.
“A juicio de la Mesa Directiva, cuando considere que la respuesta del compareciente no satisfizo los requerimientos planteados en la pregunta, aún ni en las respuestas de la réplica y contra réplica, le solicitará que a más tardar dentro de los cinco días siguientes al de la comparecencia, responda por escrito y remita la información completa o la omitida. De no hacerlo, previo acuerdo del Pleno se le convocará a una segunda comparecencia para tratar los temas omitidos”, explicó De la Garza.
Luego de juramentar, Mauro Guerra, diputado del PAN, cuestionó al funcionario sobre su actitud de no pretender jurar cuando se lo pidió la presidenta del Congreso, una mujer de una legislatura con mayoría de mujeres.
VGB