En el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 16 “CPS femenil Morelos”, ubicado en Michapa, Coatlán del Río, Morelos, ha registrado un incremento alarmante en las muertes de mujeres privadas de su libertad, lo cual ha levantado diversas sospechas sobre los decesos que han ocurrido en sus instalaciones.
A través de sus redes sociales, la periodista Karla Iberia Sánchez, informó que 12 internas murieron durante 2023 y lo que va de 2024, las cuales han sido clasificadas como suicidios, mientras estaban bajo custodia del Estado.
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"CNDH identificó que en la mitad de los casos, las mujeres, procesadas o sentenciadas, no tuvieron acceso a servicios psicológicos que identificaran depresión".
En este período, los familiares de las víctimas han recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en búsqueda de respuestas y apoyo legal. Sin embargo, dada la jurisdicción federal del penal, los casos han sido remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entidad que, hasta la fecha, no ha respondido a las solicitudes de intervención.
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Por su parte, la Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos (CIDHM) instó a las autoridades federales y estatales a abordar de manera urgente y rigurosa esta problemática.
Al respecto, Juliana Quintanilla, miembro de la CIDHM, subrayó la necesidad de investigaciones y planteó la posibilidad de considerar estas muertes como feminicidios, argumentando que asumir de manera prematura que se trata de suicidios sin una indagación adecuada es precipitado.
CNDH confirma la muerte de 13 mujeres privadas de la libertad
Por su parte, la CNDH confirmó en sus redes sociales la muerte de 13 mujeres privadas de la libertad que se quitaron la vida al interior del en el CEFERESO, al emitir la recomendación 276/2023 al programa de Prevención y Readaptación Social y a la Fiscalía General del Estado de Morelos.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 276/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por violaciones a los derechos humanos de trece mujeres privadas de la libertad que se quitaron la vida al interior del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 (CEFRESO 16), ubicado en Coatlán del Rio, Morelos, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de esa entidad por omisiones y dilaciones en la investigación de dichos casos”, señaló en un comunicado.
El IFDP hizo un llamado para garantizar la vida de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad
El pasado 29 de octubre, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) alertó sobre el fallecimiento de al menos 8 mujeres en el CEFERESO 16, de Morelos, ocurridos en meses recientes. El hallazgo se realizó durante una Brigada del Instituto Federal de la Defensoría Pública, coordinada por las personas titulares de la Unidad de Defensa Penal, Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura.
En un comunicado, el instituto informó que se llevó a cabo la actividad debido a antecedentes y contextos que señalaban irregularidades, inicialmente, relacionadas con el fallecimiento de ocho mujeres.
"Esta visita se suma a una serie de acciones y estrategias que implementa la Defensoría Pública Federal, ante un contexto de creciente preocupación y alarma por la información recibida respecto de la pérdida de la vida de al menos 8 mujeres en meses recientes, a las que han denominado las autoridades penitenciarias como suicidios, mientras se encontraban bajo custodia del Estado en el CEFERESO 16 en Morelos", señaló el IFDP.
Además, señaló que, durante la visita al reclusorio federal, identificaron, a partir de entrevistas que aplicaron a 21 servidoras públicas, que 41 mujeres tenían antecedentes en materia de salud mental y que debían ser atendidas con urgencia.
"Lamentablemente, de forma posterior a nuestra visita tuvimos conocimiento de la muerte ocurrida ese mismo día de una mujer más".
La defensoría pública federal resaltó que el caso de esta mujer y otras dos mujeres, eran parte de sus representadas, y habían solicitado que fuera atendida su situación mental, lo cual no se garantizó en ese sitio.
"Tanto en ese caso, como en dos adicionales, se trataba de mujeres que contaban con representación de este Instituto y en los que, en cumplimiento de nuestras obligaciones, se habían impulsado acciones, como controversias en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para atender su salud mental, lo cual agrava la situación de desatención que aquí condenamos".
La institución advirtió que dará seguimiento a estos sucesos a través de litigios y acciones, para frenar estas omisiones y deficiencias sobre la salud mental en ese centro federal “que se enmarcan en un contexto tormentoso/torturante para las mujeres privadas de la libertad”.
"Manifestamos que todas las muertes ocurridas dentro de Centros Federales, consideradas como violentas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la República, debiéndose deslindar todas las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades correspondientes, y tratándose de muertes de mujeres, deben investigarse como feminicidios", concluyó en su comunicado.