TUXTLA GUTIÉRREZ.- Incumplimiento vinculado a obligaciones contempladas en la Ley General de Transparencia es una de las tantas observaciones que ponen al Congreso de Chiapas entre los 23 de 32 de todo el país que incumplen con el mínimo que marca la legislación, según un estudio de 2022 efectuado y presentado en mayo de este año por Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
En esa evaluación, el Poder Legislativo de la entidad chiapaneca (la mayoría parlamentaria pertenece al Morena) aparece en el puesto 21 con 37.2 por ciento de calificación; no obstante, en otro análisis efectuado en 2020, su porcentaje fue peor (22.9%).
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A nivel nacional, dice el Cimtra, sólo los congresos de 8 estados aprobaron en materia de transparencia: Chihuahua (90.68%), Jalisco (86.20%) y Guanajuato (84.72%). En los últimos sitios están Durango (19.21%), Querétaro (18.51%) y Morelos (2.60%); este último se desplomó más de 30 puntos porcentuales en comparación con el resultado de 2020.
En uno de los rubros (Documentación Legislativa: información indispensable para la rendición de cuentas) que consideró el Cimtra para el estudio, Chiapas apareció en el rango de 40.1% a 59% de cumplimiento, cifra que, advierte la organización no gubernamental, “sigue siendo preocupante, ya que implica opacidad en la toma de decisiones en los órganos de gobierno y de las comisiones”.
En la parte de “Gastos”, también se situó en el mismo rango anterior; mientras que en el rubro de “Control Interno”, su calificación apareció en el promedio más bajo (rango de entre 0% a 20% de cumplimiento), al igual que otras 15 entidades del territorio mexicano.
Para el Cimtra --con 18 años de experiencia en medir la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana-- “esta situación impide tener certeza respecto al adecuado manejo de los recursos del órgano legislativo, lo que aumenta los riesgos de corrupción”.
NULA FISCALIZACIÓN A OTRAS AUTORIDADES
Ante este panorama de incumplimientos, Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, advierte que el problema en el Congreso de Chiapas, compuesto por 40 legisladores (15 morenistas, 10 del PVEM, 6 del PT, entre otros), es más profundo.
Aunque asegura que los diputadas y diputadas locales se han esforzado en hacer su labor en ciertos rubros, acepta que una de sus “grandes fallas” se acentúa en que no fiscalizan a las demás autoridades.
“Porque no sólo tienen la función de elaborar leyes, sino de preocuparse por que los poderes Ejecutivo y Judicial cumplan con su trabajo. Pero esa función no la ejerce el Poder Legislativo, la abandona en su totalidad, no han hecho nada”.
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las funciones del Poder Legislativo, además de presentar y aprobar leyes, también abarcan la de ratificar nombramientos, vigilar a otros poderes e iniciar juicios políticos.
Para Servando Cruz, puede haber dos factores de esa apatía de los congresistas locales: el desconocimiento total de sus funciones o porque quizá es complicado exigirles a otras autoridades que cumplan con sus labores.
“Como Barra de Abogados lo hemos pedido, pero no nos hacen caso, porque es necesaria esa fiscalización, y hablemos de presidentes municipales y otros funcionarios que muchas veces ‘se salen de las tablas’, pero nadie les dice nada, nadie los vigila, nadie los audita”, refuta.
SÍ HAY PRESUPUESTO, PERO POCA EFECTIVIDAD
Con base en datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto que recibió en este 2023 el Congreso de Chiapas fue de 513 millones de pesos (mdp), lo que lo colocó casi en la media nacional de los presupuestos más altos.
De hecho, en términos reales, cada chiapaneco aporta alrededor 87.2 pesos para el Poder Legislativo (se incluye el Órgano de Fiscalización). La Ciudad de México, Estado de México y Michoacán fueron los que más recursos recibieron para este año: 2,050mdp, 1,973.49mdp y 1,197.76mdp, respectivamente.
Al respecto, Servando Cruz Solís ejemplifica que muchas veces destinar recursos para algunos rubros se convierte en un gasto estéril e innecesario, como lo que ocurrió con la creación del Consejo Estatal Anticorrupción de Chiapas, “ahí nuestros legisladores no han hecho absolutamente nada; entonces, ¿para qué crear leyes y organismos si no hay resultados?”.
¿AVANCES?
De acuerdo con el censo de 2020 del Instituto Nacional de Geografía y estadística (Inegi), Chiapas aparece en el penúltimo lugar en el tema de proposiciones con punto de acuerdo presentadas; también se sitúa por debajo de la media (lugar 18), con 17 leyes y 49 decretos aprobados y publicados.
Patricia Sánchez, fundadora de la organización “Mi útero Feliz”, critica que, al menos en la pasada y actual legislatura (ambas con mayoría de diputados morenistas) no hubo avances significativos en temas relevantes como el de la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y el de la ley para la identidad de las personas trans.
“Por ejemplo, en esta última, durante la legislatura pasada, sólo una diputada abrazó esta iniciativa, pero en la actual nadie; lo que vemos es que ahora, los legisladores ya andan buscando acomodarse para el 2024, mientras que nos rezagamos más en materia de derechos humanos”, exhibe.
Martha Figueroa Mier, activista y parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advierte que las leyes en Chiapas “avanzan porque las avanzamos nosotras; lo que necesitamos es que en el Congreso metan a gente comprometida y capacitada”.
Ella coincide con la postura del presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados: el Poder Legislativo tiene que hacer leyes que posean cuerpo y sustancia.
“El Código Penal de Chiapas, por ejemplo, tiene que estar coordinado con otras leyes como el de Víctimas, la General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; tiene que estar en concordancia con la Ley de Salud, pero, insisto, tiene que tener con qué operar, (los legisladores) tienen que ‘ponerle dientes’”.
Para José Luis Ochoa, presidente de la Asociación “No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos”, otro tema que tiene que tomarse en serio es el de la alineación parental, “aquí deberíamos tener diputados y diputadas que trabajen para proteger el sano crecimiento de los niños y niñas, pero no es así”.
Inclusive, evidencia que existen dos o tres leyes en la materia que no se ejecutan, “hace un tiempo, apoyamos a la abogada Andrea Hernández, quien hizo una iniciativa de ley para modificar el artículo 406, el cual sanciona a mamá o papá, en el caso de quien la infrinja, no como la Ley Vicaria, que es un engaño”.
SÍ HAY TRABAJO Y AVANCES, SE DEFIENDE DIPUTADO
Entrevistado sobre el rendimiento del Poder Legislativo actual en Chiapas, Marcelo Toledo, diputado morenista reelecto, manifestó que, si una iniciativa o una ley no van acompañadas de un presupuesto, es difícil que operen como se requiere.
Tras advertir que desconoce la cantidad de iniciativas presentadas en la pasada y actual legislatura, reconoció que sí hay homólogos que presentan muchas de éstas.
“No creo que esta legislatura sea floja (como ha sido criticada), y aunque existimos otros que consideramos no presentar tanto, apoyamos en el tablero donde se ve nuestro sentido de la votación de alguna ley que va para beneficio de la gente, o que le perjudica”.
Prueba de esto último, recuerda el también presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue la derogación de un nuevo impuesto cedular, lo cual, reafirma, era un contrasentido a lo que ha manifestado el presidente del país de no crear ninguna carga impositiva más que dañara la economía de los ciudadanos.
“Por eso, en cuanto a la productividad, vamos bien. No puedo decir que unos son más trabajadores y otros más flojos, sino que todos damos lo mejor”, justifica Toledo, quien hasta el momento no ha presentado ni una sola iniciativa de ley de forma particular.
Cuestionado sobre tópicos como el del aborto, para él lo ideal es someterlo a una consulta ciudadana, “y con eso poder legislar; lo mismo pasa con lo del matrimonio igualitario, pues son temas complejos”.