TUXTLA GUTIÉRREZ.- Después de la Ciudad de México, Chiapas se convirtió en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de expedientes abiertos por quejas en contra por violación a los derechos humanos, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que abarca de enero a septiembre del año pasado.
Es decir, la entidad sureña cuenta con 1,191 casos por diferentes rubros que se distribuyen en al menos medio centenar de instituciones.
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Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, concentra el 42.23 por ciento del total (503 casos), seguido de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con 197, lo que equivale al 16.37%.
Asimismo, aparece el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), con 186, es decir el 15.61% del total. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Bienestar le siguen en la lista: el primero tiene 91 quejas (7.64%) y el segundo 42 (cerca de 3.52%).
Con 40 quejas (3.35%) está el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) con 22 (es decir, 1.48%).
En el caso del INM, las principales quejan estriban en que hubo acciones u omisiones que transgredieron los derechos de los migrantes y de sus familiares; o hubo falta de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos cargos o comisiones.
No obstante, también hay quejas por incomunicación, se prestó indebidamente el servicio público; no se acreditó un hecho violatorio; impedimento del INM para que los migrantes tuvieran comunicación con su defensor o familiares, detención arbitraria, entre otros.
“LA MOSCA” EN CHIAPAS: VIOLACIÓN A DH DE MIGRANTES
En el tema de violaciones a derechos humanos de migrantes, la CNDH dirigió la recomendación 197/2022 al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, por violaciones al trato digno y a la seguridad jurídica cometidas en contra de cuatro personas en contexto de migración internacional, quienes entre el 1 y el 4 de mayo de 2022 fueron alojadas en la Estancia Migratoria “La Mosca”, ubicada en Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
De acuerdo con un comunicado emitido en noviembre de ese año, la CNDH dio a conocer que, en una visita de trabajo a la mencionada estancia, realizada el 4 de mayo de ese 2022 por personal especializado, se recibieron las quejas de dos personas inconformes con las condiciones indignas y el alojamiento prolongado en el que estaban, sin conocer su situación jurídica migratoria.
Ese mismo día, explicó en el documento que está disponible en su página web, el personal de la CNDH presenció que, más de 300 personas alojadas, provenientes de una caravana, iniciaron una protesta para agilizar su salida y para que les fueran entregados los oficios, con los que se facilitaría abandonar el país de manera ordenada y por sus propios medios.
“Dicha entrega ocurrió para apenas la mitad de las personas alojadas, lo que agudizó el estado de ánimo de la protesta, y tras un forcejeo en la puerta de la estación, el personal del INM abrió, permitiendo el egreso de las personas alojadas”.
Por tales motivos, refirió, como CNDH integró toda la información disponible relacionada con el caso en el expediente de queja, mismo que se compone de actas circunstanciadas, informes -parciales e incompletos- proporcionados por el INM, y más de 200 testimonios recabados entre las personas que estaban en el momento de los hechos.
Según la Comisión, con la evidencia acumulada, corroboró la situación de vulnerabilidad en la que ellos estaban, y se acreditó que las condiciones en las que se hallaban las instalaciones del recinto eran indignas e insalubres, que los baños se hallaban inservibles, sin agua y desbordados de materia fecal, aunado al extremo calor y a la carencia de ventilación natural, “con lo que se acreditó la violación al derecho humano a un trato digno”.
SALUD, TAMBIÉN EN LA MIRA
De nueva cuenta, en cuanto al reporte de enero a septiembre del año pasado de la CNDH, se deja en claro cada uno de los aspectos por los cuales se emitieron las quejas. En el caso del IMSS, hubo, por ejemplo, inconformidades de los usuarios por un indebido servicio otorgado; negligencia médica; el no suministro de medicamentos, u omitir el dar información sobre el estado de salud, entre otros.
De hecho, una de las últimas recomendaciones (la penúltima del año pasado) emitidas por ese organismo, la 246/2023, va dirigida al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, por la falta de atención, el 10 de abril de 2021, a una persona en el Hospital General de Zona número 2, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo que derivó en su muerte cinco días después.
NEGRO PANORAMA EN EL PAÍS
Ante este panorama, Nataniel Hernández, director del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en la Costa chiapaneca, evidenció que uno de los temas preocupantes que ocurren en el país es el tema de la militarización y la desaparición, asesinatos y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Explicó que hace poco se conformó un colectivo de casi 300 organizaciones nacionales e internacionales, las cuales aportaron elementos sobre la situación de derechos humanos en México, y asimismo se elaboró un informe general y 17 informes temáticos.
Dentro de éstos, dijo que se remarca en gran medida la situación que se vive en los pueblos indígenas, así como lo que concierne a las personas defensoras de derechos humanos, la tortura, la población LGBT, entre otros.
La intención, subrayó, es poder hacer propuestas o recomendaciones para que las Naciones Unidas las adopten en un examen universal que le practicarán a México durante este mes en Ginebra, Suiza.
MÁS DATOS DEL REPORTE DE LA CNDH
De acuerdo con su reporte, la CNDH evidenció que, en el mencionado periodo de enero a septiembre de 2023, contabilizó 15,616 expedientes de presunta violación en el ejercicio; de éstos, 10,833 ya fueron concluidos.
Además de la Cdmx con el mayor número de quejas (3,508), también aparecen otras entidades como el Estado de México con 1,013; Veracruz, 787; Sonora, 755; Durango, 683; Jalisco, 671; Tabasco, 644, entre otras.
De nueva cuenta, Nataniel Hernández advirtió la importancia de avanzar en el tema; “nuestro país tiene la posibilidad de aceptar esas recomendaciones o no; en el periodo de examen anterior, hace cuatro años, la República Mexicana aceptó 232 recomendaciones, y en algunas ha habido avances y en otras hubo retrocesos”.
Comentó que otro dato importante que le hacen las agrupaciones al Estado mexicano, dentro del mencionado ejercicio, es el tema de acceso a la justicia y el nivel de impunidad que existe en el país, lo cual tiene que ver con la estructura del sistema de justicia, tanto el de procuración como el de impartición.
Se espera que, con las recomendaciones a emitir, dijo, se tenga un impacto en México, y que, a partir de ahí, se diseñe un plan o programa de derechos humanos donde se adopten esas propuestas, al menos de 2024 al 2028.