Sergio Rivera Hernández, perteneciente a la comunidad indígena nahua de la Sierra Negra de Puebla, es uno de miles de personas desaparecidas que ya no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del gobierno federal. Pareciera que ya apareció, pero hasta este domingo 14 de enero de 2024 nada se sabe de él.
La última vez que alguien vio a Rivera Hernández fue el 23 de agosto de 2018: ese jueves desapareció cuando, después de las 18 horas, se dirigía en su motocicleta de Coyolapa hacia Tepexilotla, comunidades del municipio de Zoquitlán, Puebla, entre las que media una distancia que se recorre en 20 minutos.
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Habitantes de la zona aseguran que vieron una camioneta Pick-Up blanca en Tepexilotla junto a la motocicleta de Rivera Hernández y algunos papeles tirados, pero nadie vio al activista que había sido amenazado por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Coyolapa-Atzatlán de la Minera Autlán, propiedad del multimillonario José Antonio Rivero Larrea.
La minera fue fundada en 1953 en Autlán, Jalisco, para explotar manganeso. A principios de los años sesenta del siglo pasado descubrió el depósito de manganeso más grande de Centro y Norte América y trasladó operaciones al estado de Hidalgo abriendo las minas de Molango y Nonoalco.
En 1973 adquirió la primera planta de producción de ferroaleaciones en Teziutlán, Puebla, y pudo contar con su principal materia prima, manganeso, insumo estratégico para la producción de acero, se lee en la información pública que la empresa proporciona a la Bolsa Mexicana de Valores.
Minera Autlán planeaba construir el sistema hidroeléctrico en los municipios Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, en la región Tehuacán-Sierra Negra, para generar energía mediante el subsistema Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa, con una potencia instalada de 17.74 MW y una generación anual de 123.20 Gw-Hr que aprovecharía las aguas del río Coyolapa, así como el Proyecto Hidroeléctrico Atzalan-Huitzilatl, con una potencia instalada de 15.35 MW y una generación anual de 58.65 Gw-Hr, aprovechando el agua de los ríos Atzalan y Huitzilatl.
Ambos proyectos implican, de acuerdo con la Manifestación de Impacto modalidad regional, construir tres cortinas: una de 22 metros de alto en el río Coyolapa, otra de 4.5 metros en el río Atzalan y una más, de un metro, en el Huitzilatl. El plan era abastecer de energía los hornos que la minera tiene en Teziutlán para fabricar acero. La distancia entre Zoquitlán y Teziutlán es de alrededor de 317 kilómetros.
Comienzan las amenazas
A estas acciones se opuso Sergio Rivera Hernández, quien el 29 de junio de 2018, previo a su desaparición, fue golpeado por hombres vinculados al gobierno municipal de Zoquitlán por oponerse al Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzala; días antes de su desaparición fue amenazado de muerte en mensaje de voz que recibió en WhatsApp, señala la organización Front Line Defenders.
A la serie de agresiones se suma que también fue amenazado por un familiar de Fermín González León, entonces presidente municipal de Zoquitlán. Antes de las elecciones de julio de 2018 le dijo: “rézale a Dios que el PRD no pierda. Yo me encargaré de que te pase algo. Yo conozco gente en Coyolapa”.
Los grupos de interés que defendían el proyecto de Minera Autlán pasaron de las amenazas a los hechos y, sin importar que el Comité de Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU haya solicitado al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para protegerlo, Sergio Rivera se convirtió en una de las 2,069 personas que no habían sido encontradas en Puebla entre 2007 y 2018, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
En 2021, la comunidad indígena de Huitzilatl logró que el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil suspendiera el Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan luego de que el 15 de noviembre de 2017 interpusiera un juicio de amparo contra el proyecto por la violación del derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
Suspender, alertó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), no significa que se cancele: ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siguen vigentes los títulos para la Generación de Energía Eléctrica y de Concesión de Aguas Superficiales y Zona Federal del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan.
Omar Esparza Zárate, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), a la que perteneció Sergio Rivera, también afirma que el proyecto “sigue vigente, a pesar de reuniones y exigencias de su cancelación el gobierno federal, en concreto la Secretaría de Energía, es responsable de la consulta, pero no existe ninguna ley de consulta en el país”.
A poco más de 5 años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández y con la suspensión del proyecto, el activista, a quien le sobreviven su esposa y sus cinco hijos, desapareció por segunda vez, pero ahora en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Una revisión al RNPDNO arroja que aparecen 4,545 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Puebla en el mes de agosto de 2018, de las cuales 2,241 son hombres y 2,304 mujeres.
La segunda desaparición
Esta segunda desaparición de Sergio Rivera ocurre luego de que, desde el segundo semestre de 2023, el gobierno federal decidió actualizar la base de datos del RNPDNO primero a partir de un censo casa por casa para verificar si la persona desaparecida había vuelto o ya había sido localizada, y después vía llamadas telefónicas a familiares de los desaparecidos desde call centers operados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En diciembre pasado, el gobierno federal informó que había 12,377 desaparecidos en el país, según el nuevo censo, y no los 111 mil incluidos en el RNPDNO a nivel nacional.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México, Teresa Guadalupe Reyes, dijo el 27 de diciembre que aún buscan a 92 mil personas. De las 110 mil 964 personas reportadas como desaparecidas la funcionaria clasificó a 16,681 como localizadas y a 17,843 ubicadas, pero no localizadas, a 26,090 que no cuentan con datos suficientes para su identificación, 36,022 registradas, aunque sin indicios para su búsqueda y 12,377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.
Ninguno de los desaparecidos es Sergio Rivera Hernández. Nadie con ese nombre, según el gobierno federal, desapareció en Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y en Zoquitlán en 2018.
Con la metodología que la CNB ha establecido, señala Omar Esparza Zárate, “el registro está incorrecto, es un absurdo. Hasta ahora no hay ningún indicio de Sergio Rivera ni la comisión ha tenido comunicación con nosotros. Querer desaparecer a los desaparecidos y argumentar que hay indicios de ellos es una aberración: buscan bajar la tensión al Ejecutivo federal por el incremento de las desapariciones como consecuencia de los ‘abrazos, no balazos’, lo que dejó en la indefensión a la sociedad y a los pueblos en manos del crimen organizado o en manos de los militares”.