MORELIA. - A 15 años de que el Cártel de Los Zetas, hiciera estallar dos granadas de fragmentación en pleno Grito de Independencia en la ciudad de Morelia, sigue sin haber detenidos de los verdaderos responsables de ese acto terrorista.
También, siguen en la impunidad los funcionarios de los tres niveles de gobierno que fabricaron o colaboraron en la fabricación de chivos expiatorios, que a la postre, el Poder Judicial de la Federación, les hizo justicia y los dejó en libertad.
Los estallidos de dos granadas de fragmentación, ese día, dejaron el centro histórico de la ciudad de Morelia, ocho personas muertas y 113 más lesionadas. En pleno Grito de Independencia, ese 15 de septiembre del año 2008, se registraba el primer atentado narcoterrorista en la historia de México.
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El presidente de la República era el michoacano Felipe Calderón Hinojosa, del PAN; el gobernador en turno, Leonel Godoy Rangel, del PRD y el alcalde de Morelia, el priísta, Fausto Vallejo Figueroa.
Las granadas fueron detonadas por dos sujetos, de acuerdo al expediente, trabajaban al servicio del grupo criminal Los Zetas, que en ese entonces se pelaban la plaza con La Familia Michoacana.
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El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió a la Fiscalía General de la República, reabriera el caso y se dé con los verdaderos responsables.
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LAS COINCIDENCIAS CON EL CASO AYOTZINAPA
Al igual que en el caso de los llamados “granadazos”, en la desaparición de los 43 normalistas de la Normal “Isidro Burgos”, hubo manipulación de evidencias, participó el Ejército Mexicano y funcionarios cercanos a los presidentes de la República, en turno.
También hubo fabricación de pruebas y supuestos testigos protegidos, que con el paso del tiempo han resultado ser falsos, para cada caso correspondiente. Ello, sin dejar a un lado, que el Estado Mexicano ocultó, hasta los sótanos de procuración de justicia y judiciales, los expedientes en ambos casos.
Las premisas de “verdades históricas”, las dieron a conocer, sin pensar que abogados de las familias de las víctimas, algún día iban a dar a conocer, a detalle, lo ocurrido.
Aunque en el caso de los 43 normalistas todavía están desaparecidos y según el gobierno de México, según el gobierno de México, ya hay responsables en la cárcel. Pero eso pasó en el caso de los atentados terroristas y después de tiempo, las pruebas echaron abajo las aseveraciones del gobierno federal y de la entonces PGR
En ambos casos, Michoacán y Guerrero, eran gobernados por mandatarios emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Leonel Godoy Rangel y Ángel Aguirre Rivero, señalados por tener familiares u operadores relacionados al crimen organizado.
Godoy Rangel y Felipe Calderón, se declaraban la guerra públicamente; entre Aguirre Rivero y Peña Nieto, la relación era poco cordial. Los dos ahora exgobernadores, iniciaron sus carreras político-públicas, cobijados bajo el manto del PRI.
Leonel Godoy cambió su camiseta al PRD y siguió a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hasta el Gobierno de la Ciudad de México, donde estuvo con mandatarios posteriores.
Ángel Aguirre se le reveló al PRI, cuando le negaron ser su candidato a la gubernatura y fue que se hizo aspirante y gobernador de Guerrero, por el PRD.
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EL 27 BATALLÓN, QUE UNIÓ A MICHOACÁN Y A GUERRERO
Las dos granadas de fragmentación utilizadas por Los Zetas, para perpetrar los atentados terroristas, salieron del 27 Batallón del Ejército Mexicano, con sede en Iguala, Guerrero, como consta en el expediente de la causa penal 254/2008.V.
En el expediente quedó probado, que las dos granadas de fragmentación que detonaron los criminales en Morelia pertenecen a un lote de 100 artefactos explosivos.
De este caso, solo identificaron que quien había sacado las granadas de fragmentación de la sede militar, fue un cabo que operaba para sus mandos, pero nunca lo detuvieron.
La ahora Fiscalía General de la República (FGR), anunció que un juez federal, le concedió 20 órdenes de aprehensión contra 20 militares de ese mismo Batallón de Infantería, por haber participado de alguna manera en la desaparición de los jóvenes normalistas.
A pesar de que hay 20 órdenes de aprehensión giradas, solo ha sido capturado el capitán José Martínez Crespo, el pasado 13 de noviembre del 2021.
LOS ALTOS MANDOS MILITARES
Los expedientes, señalan que en los dos hechos históricos para el país, tuvieron que ver, de alguna u otra forma en la fabricación de hechos, para encubrir a criminales y zafar de la presión social, a sus jefes supremos de las fuerzas armadas (presidentes).
En el expediente de la causa penal 254/2008.V, relacionada a los granadazos, se evidencia la relación con el crimen organizado del general Mario Arturo Acosta Chaparro, entonces asesor de seguridad de Felipe Calderón.
Los documentos señalan a Acosta Chaparro como quien dirigió la operación para detener a tres personas y hacerlas pasar como quienes lanzaron las granadas.
El expediente indica que, de acuerdo bitácoras de vuelo y testigos, entre ellos los pilotos de un avión en el que fueron trasladados los chivos expiatorios, Acosta Chaparro se puso de acuerdo con el crimen organizado, para armar todo ese operativo y presentar responsables, debido a la presión social.
Los informes, documentos y declaraciones, refieren que, al caérsele la entrega en San Luis Potosí, de tres personas más, que no accedieron a inculparse.
Acosta Chaparro cambia su vuelo a Morelia, de Morelia a Apatzingán y ahí, quien le entrega a los tres hombres que iban a presentar como detenidos, fue Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, luego de haberlos golpeado y amenazado de asesinar a su familia.
Tras siete años de litigio, el abogado de uno de los implicados, demostró la inocencia de los tres y dejó al descubierto, la manera en la que operó Mario Arturo Acosta.
CIENFUEGOS, EL CASO AYOTZINAPA Y EL 27 BATALLÓN
Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en Estados Unidos el 15 de octubre del 2021, acusado de tener nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intervino en Washington para que le retiraran los cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Lo anterior, a pesar que Cienfuegos Zepeda negó desde lo ocurrido en la normal de Ayotzinapa, que integrantes del 27 Batallón hayan participado en la operación criminal.
“Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, declaró en ese entonces, como secretario de la Defensa Nacional.
El pasado 18 de agosto, el informe de la “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia” de la Secretaría de Gobernación, revela la participación de los militares, a su cargo.
Mario Arturo Acosta Chaparro y Salvador Cienfuegos Zepeda, fueron exonerados respaldados por el Estado Mexicano, a pesar de que había pruebas suficientes en su contra.
Acosta sufrió un atentado en mayo del 2010 y dos años después asesinado a tiros en la Ciudad de México. Cienfuegos, goza de libertad y se pasea entre la élite política.
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LAS INCONSISTENCIAS DE LA PGR
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ocultó que había cinco y no tres, como lo dio a conoce, los procesados como presuntos responsables en los atentados.
Uno de los dos testigos protegidos del caso fue asesinado a tiros y los policías de la extinta AFI que detuvieron a los tres inculpados, trabajaban para el crimen organizado, hechos que tampoco dio a conocer la PGR.
A nueve años de lo ocurrido, no hay un solo detenido, pero sí una serie de irregularidades en el proceso y siembra de pruebas para responsabilizar a tres personas que el mismo crimen organizado secuestro en complicidad con las autoridades, para utilizarlos como “chivos expiatorios”.
La otrora PGR, nunca quiso explicar las irregularidades de sus investigaciones como se evidencia en el expediente de la causa penal 254/2008.V.
A 11 días del primer atentado terrorista registrado en la tierra del entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, la PGR dio a conocer la captura de tres michoacanos implicados (26 de septiembre del 2008).
Se trata de Alfredo Rosas Elicea, Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana señalados por la autoridad federal como integrantes de Los Zetas y los responsables de lanzar las granadas de fragmentación en contra de la población en pleno centro de Morelia.
La PGR nunca informó que también había órdenes de aprehensión, dentro del mismo proceso, en contra de dos líderes criminales, objetivos prioritarios incluso del gobierno federal, como consta en los documentos que obran en el expediente y en poder de La Silla Rota.
LOS ZETAS Y EL CARTEL DEL GOLFO
Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, líder fundador de Los Zetas y Jorge Eduardo Sánchez Costilla, “El Coss” lugarteniente del Cartel del Golfo, fueron señalados e inculpados por dos testigos protegidos, como quienes ordenaron lanzar las granadas de fragmentación en contra de la población.
El Lazca fue abatido en el año 2012 por la Marina y, un mes antes, El Coss era detenido; sin embargo, éste último se reservó su derecho a declarar en el caso de los atentados terroristas de Morelia, luego de que se le requiriera en el penal del Altiplano donde fue encarcelado por otros cargos; en 2015 lo extraditaron a Estados Unidos.
Según testigos protegidos, la intención de ambos capos era apoderarse del estado, para controlar el trasiego de drogas desde Michoacán hasta Río Bravo, Tamaulipas y después pasar la frontera hacia Estados Unidos.
LOS TESTIGOS PROTEGIDOS
Un sujeto de nombre clave “Karen” y Adriana Treviño Barrera de nombre clave “Gabriel”, fueron los testigos protegidos en los que la PGR basó parte de sus investigaciones, sobre todo “para identificar a los responsables” de los atentados.
Ambos, hasta el año 2009, habían sido las “piezas fundamentales” de la PGR como testigos protegidos en cerca de 50 procesos penales, entre ellos, los de los hechos ocurridos en Morelia durante el primer grito de independencia del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel.
No obstante meses después de declarar por el caso de los granadazos, Adriana Treviño se le escapó a la PGR de una casa de seguridad y fue encontrada muerta en Río Bravo, Tamaulipas.
Lo anterior fue informado mediante el oficio 6204/2009 de fecha 18 de mayo del 2009, emitido por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la PGR, luego de que “Gabriel” fuera citada a un careo con los tres detenidos.
Otros de los elementos que también revela el expediente, es que formaban parte del crimen organizado José Martín Zarza Escamilla, Armando Javier Rojo Aguilar e Ignacio Moreno Aguilar, los tres policías de la Agencia Federal de Investigación que detuvieron a los tres michoacanos acusados.
La PGR se opuso a llevarlos a comparecer, hasta que el juez de la cusa requirió a Wilfrido Robledo Madrid entonces titular de la AFI y el Consejo de la Judicatura Federal informara que los tres elementos policiales se encontraban presos en el penal federal de Tepic, Nayarit.
A través del oficio CJF/DGEP/05861/2010 el Consejo de la Judicatura Federal informó que “después de realizar una minuciosa búsqueda en el registro de captura que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, encontró la causa penal 234/2009, radicada en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales, en El Rincón, Estado de Nayarit, donde se encuentran inculpados los agentes”.
MORELIA A 15 AÑOS
A década y media de ese acto terrorista, la preocupación y ocupación de las Corporaciones federales y estatales de seguridad y gubernamentales, son otras.
En reunión, las autoridades determinaron que quedará prohibido el uso de drones en los festejos de este viernes 15 de septiembre en Morelia.
Lo anterior, por lo ocurrido recientemente en diferentes municipios de la entidad, donde los grupos criminales usan los drones para consumar ataques con explosivos.
Para evitar cualquier situación de riesgo para la población en la capital michoacana, fue que determinaron que se van a prohibir todo tipo de drones este próximo viernes.
Las corporaciones de seguridad, calculan que habrá alrededor de 2 mil elementos para vigilar el Grito de Independencia y el evento posterior donde se presentará Julión Álvarez.
La coordinación estatal de Protección Civil, estimó una llegada de 95 mil a 100 mil asistentes para los festejos patrios.
Los pobladores, ingresarán al primer cuadro del Centro Histórico a través de seis arcos detectores de metales, donde habrá vigilancia de fuerzas estatales y federales. Los familiares aún exigen justicia.