TUXTLA GUTIÉRREZ.- En un espectacular colocado en una zona de esta ciudad, la empresa inmobiliaria “Urban Group Constructores” promocionaba la venta de viviendas “de lujo”, lo que llamó la atención de María Eugenia Salcedo Torres quien, emocionada, no lo pensó dos veces para apuntar el número de celular que ahí se mostraba, y de esa forma preguntar costos.
De inmediato, consiguió una cita y, durante la misma, aceptó hacerse de una propiedad; para ello transfirió 1,140,000 pesos. Pero antes, vendió su antiguo hogar para conseguir el dinero; “era un 10 de mayo (de 2017), Día de las Madres, es decir, me autorregalé”, recuerda.
En ese entonces, con 67 años de edad, la mujer pensó que había hecho la mejor compra de su vida en el fraccionamiento Torres Cumbres, ubicado en la zona poniente norte de Tuxtla. Incluso, responsables de esa compañía la llevaron al terreno donde estaba en proceso la edificación de las viviendas.
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“En esa ocasión estuvo el apoderado legal de la compañía, un señor de apellido Sánchez; una amiga me acompañó, y pues ahí pregunté por qué estaba parado el proyecto, y me hablaron de un crédito puente, y que les diera un voto de confianza, y se los di”, revela.
SIN CASA, NI DINERO
Como ella haría todo el pago de contado, “Urban Group Construcciones” le ofreció entregarle su propiedad “vestida”, es decir con muebles de cocina y armarios, entre otras cosas. La promesa fue que, en 12 meses, la tendría lista. A casi seis años, María Eugenia se quedó sin dinero y sin casa.
Conforme transcurrió el tiempo, se enteró de otras anomalías cometidas por la empresa, cuyo principal dueño es Erick Romero Peimberth quien, junto con otros personajes, entre ellos empresarios y notarios públicos, ha abusado de la buena fe de otros clientes.
“Un día, un conocido me dijo que, de hecho, esa obra tenía más tiempo parada, como tres años”, lamenta. Inclusive, supo que ella no era la única víctima del cártel inmobiliario de Chiapas, sino una de cientos. “Me engañaron vilmente”.
Si María Eugenia ha sobrevivido es por el apoyo que recibe de su hijo y de otros familiares, pues desde hace varios años tiene que pagar la renta de un departamento y solventar otros gastos. Además, su salud se ha deteriorado de forma considerable.
EL LOBO QUE ACECHA A LOS INCAUTOS
En enero de este año, La Silla Rota publicó un amplio reportaje sobre este “cáncer” que, desde hace más de una década, ha afectado a quienes desean lograr un patrimonio en la entidad chiapaneca, sobre todo en su capital.
En dicha investigación se detalló el modus operandi de este grupo de empresarios del ramo inmobiliario que operan en contubernio con servidores públicos de diversas instituciones, como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de algunas notarías públicas locales.
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Estos personajes, de hecho, tienen un “abanico” de empresas que utilizan para “enganchar” y hacer las estafas como:
- Grupo Constructor Líneas del Sur, SA de CV o GCI
- Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar, SA de CV
- Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas
Además del empresario Erick Romero Peimberth, otros nombres que resaltan como personajes integrantes del cártel inmobiliario de Chiapas son:
- Viviana Leticia Zuarth Flores
- Gustavo Adolfo Flores
- Luis Ernesto Sauza
- Juan José Gutiérrez Chapa
- Alejandro Javier Gutiérrez Chapa
.El modus operandi de este grupo de personas morales es edificar un complejo habitacional, luego adquieren dinero con clientes potenciales, a quienes les piden acelerar sus pagos para que éstos sean más bajos y, pronto, cuenten con su patrimonio.
Sin embargo, al final de que se hace el pago completo, la escritura no llega, o si ésta llega, resulta que existe otra “original”.
Todo ello no sería posible sin el respaldo dentro del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado, de dos personajes que, en reiteradas ocasiones, han sido señalados por incurrir en actos deshonestos: su titular María de Lourdes Morales Urbina y otro funcionario de nombre Leonardo Daniel López Gálvez.
DESARROLLO INMOBILIARIO Y LAVADO DE DINERO
México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en el tema de “lavado de dinero”, sólo por debajo de China y Rusia. Al respecto, la justicia “ha sido laxa” y prueba de ello es que, desde 1988 hasta lo que va de 2023, sólo hay 60 sentenciados en el país por ese tópico.
Carlos Alberto Pérez Macías, coordinador del Grupo de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, ejemplificó que, dentro de las actividades vulnerables en torno a esta problemática, sobresalen la de prestación de servicios profesionales, construcción, la venta de inmuebles y vehículos y los préstamos.
“Son los que más ‘focos rojos’ prenden a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT (Servicio de Administración Tributaria)”, apuntó.
El experto rememoró que, en los tratados o documentos internacionales de todos los márgenes de desarrollo inmobiliario, “se hallará que un país que produce mucha vivienda, es un país que tiene altos márgenes de lavado de dinero, sobre todo con el tema de costos… la tierra cada vez es más costosa”.
Para él, los sistemas de investigación de la UIF y del SAT son muy blandos, debido a que carecen de personal suficiente para hacer esas tareas; “cuando hablamos de enfrentarse a un monstruo”.
Muchas veces, lamenta, resulta más atractivo para la autoridad ver la parte administrativa que enfocarse en la parte persecutoria; “por ejemplo, si vendiste 100 inmuebles, por un millón de pesos cada uno, pues hablas de 100 millones de pesos, entonces es más atractivo ese lado administrativo”.
EL FRAUDE ES VISIBLE
Como parte de las “triquiñuelas”, los empresarios que forman parte del cártel inmobiliario de Chiapas no sólo echan a andar su modus operandi para “atrapar” a sus víctimas y despojarlas de su dinero, sino que, además, muchas veces dejan a medias las construcciones, o incluso sus fraccionamientos.
La Silla Rota tuvo acceso a uno de los desarrollos inmobiliarios comandados por Erick Romero Peimberth, ubicado en el lado norte poniente, conocido como “Residencial Ámbar”, proyecto que contempla, desde su construcción hace como ocho años, alrededor de 40 viviendas.
Allí, se pueden observar desde calles incompletas, un arroyo que atraviesa el lugar y que representa un serio riesgo para la población, hasta casas (cuyos costos alcanzan los 4 o 5 millones de pesos) abandonadas, enmohecidas y con grietas, así como otras aún en obra negra.
En esta zona hay personas que tienen posesión de sus viviendas, mas no de las escrituras, por lo que en cualquier momento puede llegar la Unión de Crédito y embargarles.
“Hubo tres etapas, en la primera construyeron y vendieron; luego vendieron otros lotes, donde alguien podía comprar el mismo y con otra empresa construir, pero en muchos casos ni siquiera terminaron la obra, y en otros no liberaron el crédito de la Unión de Crédito”, cuenta una fuente consultada por LSR.
Sin embargo, sólo en ese sitio existe un cúmulo de irregularidades, como la venta que se hizo de 1,700 metros cuadrados del área verde, a unos empresarios de apellido Zambrano, quienes también cayeron en “las garras” de Peimberth.
Pero quienes serían las víctimas se dieron cuenta de que, desde antes, algo estaba mal, pues estaban a punto de adquirir unos departamentos de la privada La Antigua, los cuales serían embargados por la mencionada Unión de Crédito.
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Para “resarcir” el daño, Erick Romero les ofrece a esos empresarios área verde de “Residencial Ámbar”. Ahí se gestó otro problema: cerca de 20 metros cuadrados le pertenecían a una clienta que, desde antes, compró lote y medio. “Él vendió algo que nunca existió”, dice la informante.
Otra privada que también tiene problemas es Santa Fe, situada el sur poniente de la capital, pues el terreno donde fue fincada está embargado por la Unión de Crédito. Por el momento, de las poco más de 20 casas, sólo dos o tres están habitadas.
De acuerdo con la información, la referida Unión le facilitó créditos puente a empresarios como Erick Romero Peimberth, para que construyeran fraccionamientos, pero también detectó muchas anomalías.
LA DOBLE VENTA QUE SUFRE CAROLINA
Carolina González vive, desde 2017, en el fraccionamiento privado Jardines de Mactumactzá, cerca de Santa Fe, y también fue timada. Ella adquirió una casa de 3 millones 850 mil pesos, pero no la ha podido liquidar porque la misma estaba hipotecada con Banorte.
Es decir, en 2021, recibió una notificación de ese banco en la que le requería a Gustavo Adolfo Flores, otro de los integrantes del cártel inmobiliario, ese pago. “En ese momento me di cuenta que hicieron una venta doble”, recuerda.
De acuerdo con su versión, el lugar también enfrenta varias anomalías: no hay banquetas, el alumbrado es ineficiente, no cuentan con el servicio de agua potable, entre otros “detalles” importantes.
Aunque su propiedad la adquirió a través de la empresa Líneas del Sur, SA de CV, la incertidumbre se apodera de ella porque en la actualidad no sabe a quién seguirle haciendo los pagos.
“He pagado como 3 millones, pero no puedo escriturar, porque Erick Romero me engañó; además, me llevó a una notaría de Arochi Narváez, pero no me quisieron dar la libertad de gravamen, nunca me llegó”.
A pesar de que se ha enfrentado a una serie de trabas, comenta que ya está judicializada su demanda contra Romero por la doble venta de su vivienda, “pero su abogado y primo hermano es Antonio Flores Flores, quien tiene muchos medios para dilatar los procesos como las audiencias inicial o intermedia”. Además, revela Carolina, él tiene “relaciones” con el magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial del estado.
Aunque está sabedora que las libertades de gravamen son falsificadas en el Registro Público de la Propiedad y por ello hay escrituras falsas, la denunciante comprobó que cuenta con los folios originales.
“Quienes hayan comprado con estos delincuentes, deben de checar su historial de dominio, pero antes que vean con quién firman el contrato, y a quién le enviarán el dinero”.
DEFRAUDADORES NO PARAN
Sobre los defraudadores pesan demandas por diferentes delitos, como el fraude específico o genérico, robo, u otras como falsificación de documentos. Sin embargo, los empresarios señalados como timadores no se detienen y siguen con la construcción de otros fraccionamientos como La Vista.
En una serie de audios que obran en poder de LSR, un asesor de la Unión de Crédito, de nombre Pablo, les asegura a los defraudados que la única vía que tienen para recuperar el dinero es presentar una demanda en contra de Erick Romero por incumplimiento de contrato y fraude por vender algo que no era de su propiedad.
En otro audio, advierte: “Mi cliente ideó un mecanismo de fideicomiso, que es muy conocido, en administración, para que el señor Peimberth y su socio, que son unos rufianes, no se quedaran con la titularidad de la tierra y de las construcciones”.
Incluso, deja en claro que en Registro Público de la Propiedad ya “asentaron” esos predios y construcciones a nombre de la financiera, “sólo hay dos lotes que, con una tercera empresa, vendieron, pero ahí falsificaron firmas, y supuestamente robaron folios de una notaría, para inscribirlo en el Registro Público”.
De hecho, puntualiza que, por la vía legal, van en contra de “Urban Group Constructores” y sus socios solidarios. “No buscamos una venganza, sino sólo recuperar la liquidez que dimos, lo que ya logramos”.
En una última grabación, Pablo, de la Unión de Crédito, les refiere a las víctimas que, por desgracia, han visto ese tipo de fraudes con más ahínco en el sur del país.