El Congreso de Chihuahua informó que un juzgado de la entidad otorgó una suspensión (frenó) contra la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ciclo escolar 2023-2024.
Según la página oficial de esa entidad, el recurso fue presentado por el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Sánchez Villegas. El recurso fue aceptado a estudio y se concedió la suspensión, sin embargo, hasta el momento, en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no se enlista la notificación del juez
En la página del Congreso de Chihuahua, también se hace mención a una denuncia presentada por el diputado local en la Fiscalía General de la República (FGR) contra los contenidos en los libros de texto de educación pública que llegarán a los alumnos en el próximo curso escolar.
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“Francisco Sánchez, también presentó una denuncia en contra los responsables de los libros de texto ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue la posible ejecución de un delito y el uso ilegal de funciones al intentar usar su cargo público para introducir ideología y adoctrinamiento político en las escuelas”.
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La distribución de los libros de texto para ciclo escolar 2023-2024, cuentan con impedimento de juez en la Ciudad de México, desde el pasado mes de mayo, quien ordenó a la Secretaría de Educación Pública comprobar su distribución e impresión, solo si estaban apegados a los programas escolares actualizados.
Esta semana, el juez que otorgó una suspensión definitiva a padres de familia para que los libros no fueran imprimidos y distribuidos en las 32 entidades del país, informó que la SEP no ha presentado documentos para acreditar que la impresión de libros de texto se haya efectuado conforme a los programas y planes aprobados para el ciclo escolar 2023 – 2024.
La juez Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, público, a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la presentación de distintos oficios por parte de Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para comprobar el requerimiento hecho el pasado el 28 de julio.
En la petición se dio un plazo de 24 horas para acreditar, con constancias, haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva que se le concedió la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
“Se advierte que en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se ordenó remitir los sendos recursos de queja interpuestos por el Titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de la Titular de la Secretaría de Educación Pública, del Titular de la Subsecretaría de Educación Básica y del Titular de la Dirección General de Materiales Educativos, ambos de la citada Secretaría contra el auto de seis de junio del año que transcurre”.
De acuerdo con la lista de acuerdos, la SEP presentó documentos para comprobar el cumplimiento, sin embargo, las constancias no comprueban que la actualización de los programas de estudio.
“Las autoridades exhibieron diversas constancias para acreditar el cumplimiento, sin embargo, no acreditan que de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente, a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados, con las formalidades legales respectivas, para el ciclo dos mil veintitrés - dos mil veinticuatro”.
DJC