TUXTLA GUTIÉRREZ.- 21 hombres aparecen amarrados en el quiosco del Parque Central del municipio indígena de Pantelhó, Chiapas. Es el 26 de julio pero de hace dos años. Esa fue la última imagen que se tuvo de ellos. Hasta la fecha se desconoce si están vivos o muertos.
En ese entonces, los 21 fueron sometidos por hombres armados y encapuchados, mismos que el 18 de julio de 2021 se presentaron en su ejido San José Tercero como integrantes de “El Machete”, un grupo que se levantó en contra de lo que llamaban el “narco-Ayuntamiento”, que dirigía la organización criminal “Los Herrera”, encabezada por el exalcalde Autroberto Herrera y su hijo Daily de los Santos Herrera Gutiérrez, ambos en prisión.
Según los “autodefensas”, esos 21 hombres que capturaron, luego de una “cacería” y quema de viviendas, automóviles y otras acciones no menos violentas, formaban parte del crimen organizado de la región; incluso, argumentaron que desde hace como dos décadas, habían contabilizado cerca de 200 muertes, y por eso era el hartazgo social en contra de los caciques y “narcos”.
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Sin embargo, decenas de familias también huyeron de Pantelhó, debido a que quedarse significaría correr con la misma suerte. Desde ese momento, la angustia los acecha, como a doña Francisca Morales quien, a pesar de todo, mantiene las esperanzas de volver a ver a su hijo desaparecido.
En mayo de 2022, la anciana, cuya vivienda también fue destrozada por “los machetes”, declaró ante periodistas que había recibido una llamada telefónica de un desconocido, quien le advirtió que los secuestrados estaban vivos en una cueva, donde supuestamente los mantenían encadenados. “Los sacan por ratitos para que trabajen, y les pegan”, reveló en esa ocasión.
A pesar de que ésa es una de tantas esperanzas que se diluyen y sólo quedan en rumor, ella y otras personas no se han cansado de exigir justicia a los gobiernos locales y federal; incluso ha “encarado” a Andrés Manuel López Obrador, en al menos tres ocasiones, durante las visitas del presidente a Chiapas.
INFORMACIÓN A CUENTAGOTAS
Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal de Las Casas, lamentó que, a dos años de la desaparición de esas personas, no haya avances del caso.
“Los familiares siguen en esa búsqueda de justicia, que haya una ruta de investigación, que haya sanciones a los culpables, pero no se tiene ningún registro, ninguna carpeta de investigación donde se diga cuál es el seguimiento que le han dado las autoridades responsables sobre este hecho”, declaró para La Silla Rota.
Lo más triste, aceptó, es que el tema de Pantelhó se quede en el abandono como sucede con miles de casos en todo el país, patrón que, como Frayba, han detectado en las instituciones: el de evadir su responsabilidad en cuanto a las desapariciones de personas.
De acuerdo con el reporte que publicó este año titulado “Chiapas un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, el Frayba documentó, en julio de 2021, el desplazamiento de 3,200 personas de los municipios de Pantelhó y Chenalhó.
Entre otros datos, evidenció que, de 2010 a 2022, fueron desplazadas 16,755 personas por hechos violentos en distintas regiones del estado; sin embargo, comentó que la situación se agudizó de 2018 al año pasado, cuando 3,499 personas tuvieron que abandonar Aldama, y 5,023 hicieron lo mismo, pero de Chalchihuitán.
ASESINAN A 2 PIEZAS CLAVE
Simón Pedro Pérez, activista, luchador social y expresidente de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, buscaba que en Pantelhó, su tierra natal, hubiera paz, e incluso intentó solicitar a las autoridades que se hiciera algo antes de que se celebraran las elecciones. Sin embargo, el 5 de julio de 2021, fue asesinado cuando caminaba con uno de sus hijos a la altura del mercado del municipio de Simojovel.
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El padre de siete hijos trabajaba en un proceso de paz y reconciliación desde la parroquia de Pantelhó, por lo que efectuaba su labor pastoral religiosa como catequista, pero también desde su organización “Las Abejas”.
Además de su trabajo político-religioso, el indígena tsotsil se encargaba de proveer en su hogar; pero, sobre todo, poseía una gran calidad moral al igual que su padre Juan Pérez, diácono de la Diócesis sancristobalense.
A raíz de que “El Machete” apareció de forma pública en su territorio y le “declaró la guerra” a los “narcos”, la situación se enrareció aún más: el 10 de agosto de 2021, Gregorio Pérez Gómez, fiscal indígena y quien se encargaba del caso de Pantelhó, recibió por lo menos seis impactos de bala, a manos de un sicario en motocicleta, en el bulevar de San Cristóbal de Las Casas, donde radicaba y laboraba.
Este hecho, asumió en su momento Andrés Manuel López Obrador, estaría vinculado al grupo delictivo “Los Herrera”, lo que llevó a la captura, primero, del presunto autor material de nombre Carlos Albino “N”, y tiempo después de Dayli de los Santos Herrera, en un municipio de la región Frailesca de Chiapas.
Dora Lilia Roblero, directora del Frayba, lamentó que la violencia en Chiapas sea cada vez más fuerte, “estamos en espera de que alguna autoridad se pronuncie, que diga algo al respecto, pues no sólo está el caso de los desaparecidos de Pantelhó, sino de muchos más”.
Para ella, es preocupante que defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo aquéllos comunitarios que protegen la tierra y el territorio, sufran una serie de amenazas y de persecución.
“El asesinato de Simón Pedro, por ejemplo, se debe a que denunció, en su momento, la existencia de estos grupos armados en los Altos de Chiapas, y a partir de su denuncia, se da la persecución en su contra y de la organización ‘Las Abejas’, hasta su muerte”. Pese a que el presunto autor material está en prisión, Roblero lamentó que aún no se llegue al fondo del caso.
Con base en información de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el año pasado ocurrieron en Chiapas 377 homicidios, es decir poco más de un evento diario. Aunque según esa misma dependencia, uno de los años más complicados en este tema fue el 2019, con un total de 525 casos.
“LOS GOBIERNOS APOYAN A ‘EL MACHETE’”
Desplazado en un barrio de San Cristóbal de Las Casas, Aldry Aguilar Morales se siente cansado e impotente de que las voces de su familia y la de él no sean escuchadas, “no sabemos nada de nuestros familiares, los gobiernos estatal y federal no actúan, creemos que, por el contrario, apoyan al grupo paramilitar ‘El Machete’”.
El 26 de julio de 2021, los autodefensas se llevaron a su hermano Alfonso de Jesús (48 años de edad), a su primo Raúl Leovigildo Ramos Cancino (32) y a su sobrino Luis Fernando Aguilar Moreno (30) quienes, argumentó, se dedicaban a comercializar café.
A dos años de las desapariciones, Aldry expuso que, a pesar de que doña Francisca Morales ha hablado en tres ocasiones con AMLO y que les ha prometido ayudarlos, aún no pase nada.
Incluso, recordó que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración declaró en Tuxtla Gutiérrez, en febrero del año pasado, que existía la confianza de que los 21 desaparecidos de Pantelhó estuvieran vivos. “Pero, como te dije, no vemos nada, no hay nada claro, estamos en ceros”.
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De acuerdo con asesores legales, las familias desplazadas por “El Machete”, aparte de no recibir justicia, tampoco obtienen el apoyo económico de las autoridades, a pesar de que también son víctimas. “De repente les llevan una despensita, pero es muy poco”, dijo uno de los abogados entrevistado por La Silla Rota.
¿QUIÉN GOBIERNA PANTELHÓ?
En la actualidad, Pantelhó es gobernado por un cuarto Concejo Municipal “ilegítimo”, cuyo representante es Alberto González Sántiz, designado como tal, por el Congreso de Chiapas, en junio del año pasado; el primero de los concejeros fue Pedro Cortés.
Aunque el ganador de las elecciones de 2021 para alcalde de Pantelhó resultó ser Raquel Trujillo Morales, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), éste no pudo tomar el cargo y, en sustitución, entró su esposa, quien también tuvo que renunciar por la presión ejercida en el pueblo.
El 1 de octubre de ese año, en una comunidad de Pantelhó, Raquel tomó protesta como recién ungido presidente municipal; luego, viajó a Tuxtla Gutiérrez para llevar a efecto una rueda de prensa en un hotel sobre este acto protocolario.
A pesar de que, entre sus misiones, buscaba dar con todos los desaparecidos, incluidos los 21, esta acción indignó a quienes no congeniaban con él, al relacionarlo con el crimen organizado y, sobre todo, con líderes de “Los Herrera”.
Para el 10 de noviembre de 2021, en una sesión “exprés”, el Congreso local lo desaforó y, a las pocas horas, Raquel huyó porque lo vincularon a proceso por el delito de homicidio, ocurrido tiempo atrás en su natal Pantelhó.
De acuerdo con la carpeta de investigación, dos personas observarían cómo la esposa de Raquel “se hizo de palabras” con otra señora. Asimismo, se supone que Trujillo Morales bajó con Dayli de los Santos, y luego de una instrucción (no se detalla quién o quiénes lo hicieron), matarían a un señor, al parecer mayor de 60 años de edad, que aparece en la escena. Entre otras cuestiones, se advierte que existe el nombre de la supuesta víctima, pero hasta el momento no ha aparecido el cadáver.
En enero de 2022 (luego de una petición por parte del abogado Humberto Cervantes Culebro realizada en diciembre de 2021) la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una controversia constitucional en contra de la decisión del Congreso de Chiapas por designar un Concejo Municipal provisional.
Es decir, la SCJN consideró que, de forma deliberada, se hizo a un lado a quienes en realidad debieron asumir el cargo, desde el primer regidor u otra figura política de cabildo, y no como se ejecutó.
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No obstante, los diputados y diputadas chiapanecos desacataron la orden de ese máximo organismo de la justicia en México. Incluso, se advirtió que las firmas presentadas de los supuestos representantes del Concejo Municipal por parte del Congreso chiapaneco, eran apócrifas.
De acuerdo con datos obtenidos de forma extraoficial, se presume que habría conflicto de interés debido a que el abogado del grupo autodefensa “El Machete”, de nombre Lisandro, resultaría ser el cuñado del actual legislador morenista Raúl Bonifaz Moedano, quien de forma previa advertiría sobre la notificación de la orden de aprehensión (hoy llamada vinculación a proceso) de Raquel Trujillo, quien en todo momento negó que lo hayan notificado.
Otro dato obtenido por La Silla Rota es que, en breve, Raquel Trujillo, en la actualidad prófugo de la justicia, quedaría absuelto de la acusación en su contra por homicidio, al no haberle hallado pruebas que lo vincularan como autor intelectual o material de ese hecho. Incluso, se advierte que, si se cumple lo que marca la ley, podría tomar el cargo como presidente municipal de Pantelhó.
PADRE MARCELO QUISO MEDIAR, AHORA LO BUSCAN
Marcelo Pérez Pérez se ha distinguido por su lucha en favor de los más necesitados, de los más pobres. A la par, se ha pronunciado, en múltiples condiciones, en contra de la venta de alcohol y drogas, sobre todo en el municipio donde radica, Simojovel. En respuesta, ha recibido amenazas de muerte.
Por ello, el movimiento autodefensa que nació en Pantelhó no podía ser ajeno a su lucha social, a su activismo. Incluso, Marcelo fungió como mediador en algunas mesas de negociación establecidas para alcanzar la paz en esta demarcación, ubicada entre municipios como San Juan Chamula, Chenalhó o el propio Simojovel.
Sin embargo, se ha advertido que él sería el “Comandante Machete” y que, inclusive, sabría del destino de los 21 desaparecidos el 26 de julio del año pasado. Pero todo, hasta el momento, es más un rumor.
Como se ha informado, Marcelo Pérez tiene una orden de aprehensión en su contra por ese caso. Al respecto, Dora Roblero, directora del Frayba, criticó que el párroco e integrante de la Diócesis de San Cristóbal también sea perseguido por intentar llevar la paz a Pantelhó.
“La tienen ahí (orden de arresto), sabemos que está en una situación 4de espera, pero sigue vigente, es una amenaza para él, y que se da en toda esta situación de violencia en los Altos de Chiapas”.
NADIE ENTRA, NI SALE
Con “los machetes” metidos en todos los rincones de Pantelhó, la entrada para las familias desplazadas era imposible, y quien lo ha intentado, como se ha observado, es sometido, golpeado e inclusive acusado de algún delito.
Aldry Aguilar recuerda que eso le ocurrió a su pariente Jorge Cristóbal Aguilar Morales, a quien “le sembraron” un arma de fuego, además de que le quebraron las costillas y lo golpearan en otras partes del cuerpo. “Él llegó a ver su propiedad, pero ahí lo agarraron”.
ENTRA AL QUITE EL EJÉRCITO CIVIL
A principios de este mes, hombres encapuchados, todos con armas largas, se presentaron como integrantes del Ejército Civil del Pueblo, cuyo objetivo principal era combatir a los machetes para “regresar la paz” a Pantelhó.
Los también llamados “antimachetes” han aparecido en varios videos, en donde advierten que sólo buscan recuperar la tranquilidad del pueblo. Sin embargo, este lunes 24 de julio, la situación se tornó violenta: quemaron un par de viviendas en señal de hartazgo contra el grupo autodefensa.
Entre otras acciones, talaron algunos árboles que atravesaron en un camino de terracería para impedir que los autodefensas salgan de su comunidad, San José Tercero, y puedan circular hacia la cabecera o centro de Pantelhó.
Mientras queman las casas o tumban los árboles, los integrantes del Ejército Civil del Pueblo advierten, al unísono, su rechazo a la mencionada agrupación; “fuera ‘El Machete’”, advierten los hombres, en voz alta.