BAJA CALIFORNIA. - “Es un trato de animales lo que está pasando aquí adentro”, dice una carta escrita por internos de la penitenciaría “El Hongo”, en la ciudad de Tecate, Baja California, para denunciar malos tratos y presuntos actos de corrupción.
Está dirigida a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y surge mientras familiares insisten en que hay violaciones a sus derechos y los de sus presos, quienes incluso están muriendo.
Las autoridades penitenciarías han reconocido que existen decesos en los que presumen sobredosis de droga, aunque responden que están atendiendo una herencia de problemas que incluyen hacinamiento, tráfico de enervantes al interior y rezago en la atención médica.
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“Antes que nada quisiera poner en contexto que nos encontramos en el tercer lugar, junto con Jalisco, de importancia del sistema penitenciario con casi 14 mil personas privadas de la libertad en una zona fronteriza”, dice María Elena Andrade Ramírez, la responsable de ese sistema en Baja California.
Al mismo tiempo, los disturbios dentro de las prisiones, principalmente en Tijuana que es la más grande del estado, y Tecate donde ahora se encuentran varios internos recientemente reubicados, no ceden.
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En ese último centro de reinserción social, semanas antes de la carta firmada por internos de la penitenciaría “El Hongo”, se registró un conato de motín que movilizó por la noche a fuerzas federales y locales.
“Los privados se encuentran fuera de las celdas y requieren apoyo en el exterior, al momento no hay agresión por parte de los internos”, escribió en su cuenta de Facebook el alcalde de Tecate, Darío Benítez, el primero en confirmar lo que estaba pasando.
Y menos de un mes después de ese disturbio que según la versión oficial fue por una disputa entre dos personas que quedó resuelta mediante el diálogo, las fuerzas de seguridad activaron nuevamente el protocolo de seguridad, pero en Tijuana.
De acuerdo con la titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe), María Elena Andrade Ramírez, en esa segunda ocasión el problema fue una riña tras un traslado de 200 internos.
“Se trata de dos pandillas que quisieron disputar un liderazgo, pero aquí no vamos a permitir que se lleve ni una gobernabilidad, ni que se pierda la gobernabilidad por la seguridad de los demás, la gran mayoría quiere vivir en paz y así lo están haciendo”, dijo al finalizar el operativo para retomar el control.
Según datos de la comisionada, en esta administración han sido trasladados más de 8,700 Personas Privadas de su Libertad (PPL), en algunos casos a prisiones fuera del estado por tratarse de reos con delitos federales.
MUERTES POR CONSUMO DE FENTANILO
Familiares de PPL aseguran que en la penitenciaría de Tijuana hay muertes presuntamente a causa de sobredosis por consumo de fentanilo, y la comisionada de Cesispe reconoció que hay muertes relacionadas al parecer con el consumo de drogas.
“Obviamente entre las drogas que se intentan ingresar, el fentanilo no es la excepción (...) van aproximadamente, en este año porque contabilizamos por administración de año en año, van aproximadamente 40 fallecidos, por apariencia de dosis porque se le da vista al ministerio público y es quien determina la causa de muerte, aproximadamente entre 15 y 18 personas fallecidas con apariencia de ser una sobredosis”, dijo Andrade Ramírez.
De acuerdo con cifras de Cesispe, entregadas vía una solicitud de información,138 internos han muerto entre las administraciones morenistas de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) y Marina del Pilar Ávila Olmeda que está en su segundo año de gobierno.
Fueron 14 decesos en 2019, 29 en el 2020 de la emergencia sanitaria y 20 un año después. El año pasado, 2022, la cifra subió a 50.
Las causas de muerte durante ese periodo, de acuerdo con la misma base de datos entregada por Cesispe, fue principalmente por diversas razones de salud; 30 solo están atribuidas a paro cardiorespiratorio y dos de ellas relacionadas a “posible intoxicación por opiáceos”
De acuerdo con la comisionada Andrade Ramírez, además de los traslados para combatir el hacinamiento, los trabajos de limpieza en el sistema penitenciario han incluido el retiro de más de 8 toneladas de basura que fomentaron la presencia de ratas, y también han decomisado casi 300,000 dosis de drogas.
UNA DEUDA DE DERECHOS HUMANOS
En 2022 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH), emitió tres recomendaciones a las autoridades responsables de la reinserción social en Baja California, y aunque fueron admitidas, no han sido atendidas por completo.
El organismo documentó deficiencias en la atención médica que derivaron en la muerte de 4 presos; revisiones a familiares que transgreden su dignidad cuando acuden a visita, y falta de personal de custodia.
Sin embargo, durante una protesta frente a la penitenciaría de Tijuana, familiares de internos acusaron a la CEDH de falta de resultados contundentes
Lorena Arreola Ruíz, madre de un ex policía de Tijuana que estuvo preso entre 2015 y 2022 en esta ciudad, asegura que ya hubo pláticas con Miguel Ángel Mora Marrufo, el presidente de la CEDHBC que concluye su encargo en septiembre de este año, y le pidieron un posicionamiento público antes de irse.
“No ha dado muestras de que quieran cambiar la situación en la peni. Le dijimos que ya se va, pero que se vaya con dignidad, que haga algo que quede para la historia”, mencionó.
Mora Marrufo afirma que al concluir su encargo entregará un informe a la legislatura de Baja California sobre los avances de cumplimiento en las recomendaciones emitidas durante su gestión de 4 años, y eso incluye las relacionadas con el sistema penitenciario.
“Están aceptadas las tres recomendaciones, así que vamos a hacer un balance desde nuestra óptica de cuáles no están siendo cumplidas para hacer valer la última facultad que nos corresponde, que es la solicitud al Congreso de citar a comparecer a cualquier servidor público”, adelantó.
UNA HUELGA Y OTRA CARTA
El pasado lunes 3 de julio, Lorena Arreola Ruíz inició una huelga de hambre frente a la penitenciaría de Tijuana para pedir atención de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Un día después, la mandataria estatal participó en la Asamblea de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada en Playas de Rosarito, y dijo que estaban dando seguimiento a la protesta junto a organismos de derechos humanos.
El miércoles 5, después de dos días de huelga, Arreola Ruíz habló con la titular de Cesispe y aceptó retirarse con su casa de campaña con el compromiso de la autoridad penitenciaría de atender las denuncias específicas, además de revisar un pliego petitorio.
Este incluye detener los malos tratos, atender las adicciones de los internos, atención médica y capacitaciones para los custodios. Que vayan a cursos de cómo tratar, derechos humanos, psicológicos, porque a veces ni parecen que son custodios”, comentó Lorena Arreola el día que anunció su huelga.
Por otro lado, un grupo de custodios entregó recientemente a un medio de comunicación local una carta denunciando una supuesta red de complicidades entre directivos y custodios para permitir el ingreso de artículos prohibidos en beneficio de algunos presos en la cárcel “El Hongo”.