TUXTLA GUTIÉRREZ.- Durante la audiencia celebrada este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Antonio González Méndez, base de apoyo zapatista desaparecido hace 24 años en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, el Estado mexicano, de nueva cuenta, dejó en claro que su intención es no reconocer que este hecho se dio en un contexto de contrainsurgencia.
Así lo valoró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), organismo no gubernamental que le ha dado acompañamiento al caso y a la familia de Antonio, indígena tsotsil cuyo último rastro data del 18 de enero de 1999.
Ante las preguntas realizadas durante la audiencia (misma que se extendió por más de tres horas) y apoyada de otra mujer que habla su idioma, el ch’ol, Zonia López Juárez detalló toda la situación vivida desde antes, durante y hasta el día de la desaparición de su esposo.
Te podría interesar
Ahí mismo, confirmó que, sin duda, el principal responsable o sospechoso era Juan Regino “N”, integrante del grupo paramilitar “Paz y Justicia”, que se había ganado la confianza de Antonio.
Incluso, habló de la detención de este personaje, quien fue liberado tiempo después por las propias autoridades. Además, dejó entrever que se siente enferma, cansada, pero sobre todo decepcionada porque el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad con la reparación del daño.
“Me apoyaron un poco, pero no es suficiente; como estoy sin dinero, necesito el apoyo (…) Sólo una vez recibí el apoyo, hasta ahora nada”, contestó a la pregunta de Nancy Hernández, jueza de la CIDH.
ESTADO PONE EN DUDA LAS “POCAS PRUEBAS” PRESENTADAS
En los alegatos, consultores jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no aceptaron el contexto de contrainsurgencia durante el cual fue desaparecido Antonio. Incluso, dejaron entrever que no existen las pruebas suficientes de la vinculación de Juan Regino “N” con la organización paramilitar “Paz y Justicia”.
Ricardo Pérez Manrique, juez, manifestó que, en primer lugar, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad en ciertas conductas y, en consecuencia, ha efectuado acciones para la reparación del daño.
“Estas acciones son muestra del compromiso del Estado mexicano por llegar a cumplir con todas las medidas de reparación que han sido mandatadas por la CIDH”.
Sin embargo, en la misma audiencia, dijo que el Estado lamenta que la CIDH haya rechazado una solicitud de audiencias preliminares para exponer, a mayor detalle, las razones jurídicas que impedirían el análisis sobre el fondo del caso, basando su decisión sólo en un principio de economía procesal, “sin mayor argumentación sustantiva”.
Por ello, agregó, “hacemos un llamado a la Corte para que, en la medida de lo posible, brinde más detalles sobre los elementos de juicio y los razonamientos de derecho que se tengan en consideración, para desestimar o validar cada uno de los planteamientos que le son puestos a consideración por las partes”.
GOBIERNO HA SIDO OMISO
Por su parte, Dora Lilia Roblero García, directora del Frayba, argumentó que el Estado no ha dado seguimiento a una línea de investigación, pese a que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó entrever que esta desaparición sí se generó en un contexto de contrainsurgencia y que el gobierno federal debería hacer las pesquisas necesarias.
“El Estado mexicano ha sido omiso en la reparación integral”, confirmó Mario Ortega, abogado del Frayba, quien está convencido de que cuentan con los suficientes indicios para asegurar que Antonio sufrió una desaparición forzada.
Por su parte, Pedro Faro, abogado del Frayba, argumentó que, mediante una serie de investigaciones con personas de la región, lograron identificar que Juan Regino “N” sí estaba ligado a la organización paramilitar “Paz y Justicia”, con la cual incluso había participado en algunas acciones delictivas o violentas como la destrucción de una iglesia de Sabanilla.
Asimismo, comentó que tienen pruebas del acompañamiento que le daba el Ejército mexicano y las policías estatal y municipal a esa organización, “además, sabemos de la entrega de cheques a ellos, con el apoyo del alcalde del momento o del mismo fiscal que les proporcionaba armas (de fuego) y apoyo logístico para mantener el terror en la zona”.
Por su parte, una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenció que, en el Informe de Fondo, se da cuenta del contexto de violencia generalizada y de desapariciones forzadas dirigidas a indígenas simpatizantes del EZLN y de gente en contra del gobierno.
Sin embargo, comentó que no halló una prueba directa o indicios para vincular a Juan Regino “N” de forma directa con el grupo paramilitar “Paz y Justicia”.
Casi al cierre de la audiencia, el juez Ricardo Pérez Manrique reiteró que el Estado sí reconoce la falta de búsqueda de Antonio, pero insistió en que el gobierno federal no es responsable directo de la vulneración del derecho a la vida, ni por él ni por uno de sus agentes, o por alguien que haya actuado por su autorización, “porque esto último no está demostrado”.
Luego de la audiencia y en entrevista con La Silla Rota, Mario Ortega, del Frayba, afirmó que el estado pretende, desde una lógica legalista, “no llegar al fondo (del caso)”.
Lo que sigue, dijo, es que en cinco o seis meses se dé una sentencia, y que el “escenario ideal sea que la Corte le insista al Estado reconocer el contexto formalmente, y en el mejor de los escenarios, con todos los indicios que le entregamos, se acepte que el caso de Antonio fue una desaparición forzada; sería el mejor avance”.