TUXTLA GUTIÉRREZ.- En su comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Antonio González Méndez se encargó, hace más de dos décadas, de una tienda cooperativa autónoma llamada “Arroyo Frío” que se convirtió en un bálsamo para cientos de pobladores, pues el comercio en ese entonces era controlado por caciques de la región.
Con ese establecimiento, ubicado en la cabecera de esa localidad de la región Norte de Chiapas, logró por tres meses llevar productos que -por el difícil acceso a la zona- no podían conseguir tan fácil; además, le garantizaba a la población una economía más solidaria.
A la par, el base de apoyo zapatista y también exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se dedicaba al campo para mantener a sus tres hijas y un hijo (todos menores de edad) y a su esposa Zonia López Juárez.
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Sin embargo, el 18 de enero de 1999, cinco años después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue desaparecido por el grupo paramilitar “Paz y Justicia”.
Para Mario Ortega, integrante del Equipo de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la desaparición está vinculada, sin duda, con el tema de la tienda cooperativa autónoma.
Con base en los expedientes del caso, se sabe que una persona ligada a “Paz y Justicia” de nombre Juan Regino, en ese entonces de 17 años, comenzó a ganarse la confianza de Antonio e, incluso, rondaba su negocio de forma seguida; de hecho, gente cercana a la familia del zapatista le advirtió que “anduviera con cuidado”.
No obstante, alrededor de la medianoche de ese 18 de enero de 1999 fue la última vez que vieron con vida a Antonio: estaba acompañado de su “amigo” Juan Regino.
DAÑOS IRREVERSIBLES
Antonio, quien en la actualidad tuviera 55 años de edad, era hablante de la lengua indígena tsotsil, pero tras su desaparición, sus hijos la olvidaron y se perdió, y hoy sólo parlan el cho’l, el idioma de Zonia.
Además, la tienda comunitaria que había “sembrado esperanza” por un corto tiempo en Sabanilla también cerró, y no hubo quién se hiciera cargo.
La angustia se agudizó. Por ello, Zonia comenzó a investigar por cuenta propia, pero antes acudió ante las autoridades de su localidad, luego llegó a la Fiscalía de Yajalón para presentar la denuncia formal.
Según Mario Ortega, del Frayba, el problema es que, en esas épocas, las fiscalías garantizaban la impunidad, pues era parte de un plan estatal donde participaban no sólo esas instancias sino el mismo Ejército, presidentes municipales, policías estatales y municipales, entre otros.
Prueba de ello, constata, es que de ese día y hasta la fecha las pesquisas sobre el caso se han basado en preguntarle a Zonia lo que sabe del paradero de Antonio… y “nada más”.
Otra versión que circuló en esa época, recuerda Mario Ortega, es que el indígena tsotsil fue detenido para que supuestamente revelara nombres de supuestos “líderes”, incluso lo habrían torturado y luego ejecutado porque “no confesó nada”.
Asimismo, advierte que recibieron información de los posibles lugares en donde podrían estar sus restos, pero la Fiscalía nunca se movió.
MUCHAS DIFICULTADES
Según las versiones de familiares y el propio Frayba, Antonio era el proveedor de su hogar, pero con su desaparición, Zonia comenzó a trabajar más fuerte, al grado de incluir a sus hijas e hijo en actividades del campo, como lo hacía su papá.
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De hecho, la salud de casi todos comenzó a deteriorarse: sufrieron de desnutrición debido a que no probaban alimentos como debería de ser.
Con el paso del tiempo, la situación era cada vez más compleja; incluso, su hijo (ya con más años de edad) fue amenazado de muerte, “pues le harían lo mismo que a su padre”.
Con un poco de temor, pero sobre todo agobiado porque el progreso no llegaba, este último viajó a Villahermosa, Tabasco, para conseguir una chamba mejor remunerada. Lo mismo hicieron sus hermanas, pero a otros lugares.
DISCULPA PÚBLICA, SIN EFECTO
El 19 de enero de 2022, en Sabanilla, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación ofreció, a nombre del Estado mexicano, una disculpa pública a familiares de Antonio.
En ese acto protocolario, señaló: “Acudo en representación del Estado mexicano a reivindicar y dignificar a Antonio González Méndez y vengo a asumir la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de sus derechos, en particular de su derecho a la vida, a su integridad, a su libertad personal, a sus garantías legales y a la protección, así como a la obligación del Estado para garantizar acceso a la justicia”.
Según él, ofreció la disculpa porque el Estado mexicano no pudo y ni quiso proteger la vida e integridad del indígena tsotsil. Incluso, explicó que la desaparición forzada de Antonio sucedió en un contexto en el que no sólo Chiapas, sino el país estaba inmerso en un profundo conflicto político y social, donde el gobierno de esa época impulsó una política de contrainsurgencia para eliminar cualquier disidencia política y limitar las libertades políticas de las y los chiapanecos, y particularmente en los pueblos y comunidades del estado tras el levantamiento del EZLN.
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“Queremos que este acto sirva como una acción de reivindicación a la persona, que se reconozca dignamente su memoria y su trabajo como luchador social en esta región de los Altos de Chiapas”, resaltó en esa ocasión Encinas, ante la presencia de la secretaria general de Gobierno de Chiapas, Victoria Cecilia Flores y el alcalde de Sabanilla, José Darwin González.
DISCULPA MUY TARDADA
Los procesos para que se le hiciera justicia (“a medias”) a la familia de Antonio han sido lentos, pues fue hasta el 2000 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición por parte del Frayba, que luego llegó a la Corte Interamericana en la materia.
Asimismo, se generó el Informe de Fondo 62/19 de la CIDH, a través del cual se dejó en claro que sí hubo una política de contrainsurgencia, y que ésta estaba plasmada en el “Plan de Campaña Chiapas 1994”.
Para Mario Ortega, es increíble que a la fecha no haya una reparación del daño de manera integral o, peor aún, la inacción del Estado mexicano para investigar dónde podría estar Antonio, a pesar de que ya pasó casi año y medio de que Alejandro Encinas ofreciera la disculpa pública en Sabanilla.
La traba después de ese acto público, dice, se dio después ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Marcelo Ebrard Casaubón, quien en la actualidad busca ser el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024.
Pese a todo, este miércoles de 21 de junio se celebrará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el Estado mexicano incumplió el Informe de Fondo.
“Lo importante es que se reconozca el contexto de contrainsurgencia, de lo contrario todo será estéril”, advierte Ortega.
Entre otras peticiones, puntualiza, es que sea creada una Comisión de la Verdad independiente, como ha ocurrido en otros países, donde los informes de fondo tienen un valor jurídico, y luego son utilizados en juicios como pruebas.
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Este miércoles 21 de junio se celebra ante la Corte IDH la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia en el norte de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del EZLN.
La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez, espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia.
Además, se busca obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.