MÉRIDA.- Nadie puede describir como era el rostro de Iker, un niño de siete años de edad que murió atropellado el martes 13 de junio, en la avenida Líbano en Mérida. El menor era originario de Chiapas, trabajaba en las calles vendiendo dulces y haciendo malabares. Testigos aseguran que era víctima de trata de personas -explotación infantil- todos los días un auto lo dejaba e iba a recoger.
La indignación motivó a las personas a iniciar una serie de protestas. Exigieron al gobierno estatal y municipal erradicar este delito que se comete a plena luz del día. Denunciaron que en reiteradas ocasiones hicieron parte a las autoridades, pero nadie les hizo caso.
“Somos vecinos de la zona, normalmente van cambiando de niños, no siempre son los mismos porque los distribuyen por zona. Están en toda la zona de Plaza dorada, Plaza Fiesta, la colonia México. Si todos los vemos , no creo que Derechos Humanos y que las autoridades no lo vean Hacemos un llamado para pedir que nos ayuden a solucionar este problema social porque siempre decimos que lo más importante es la niñez, pero vemos que no se le presta apoyo”, detalló Aurora Pérez.
PUEDES LEER: Rescatan a víctima de trata en Jerécuaro; responsable grababa los abusos
Relató que a la niña y a los dos niños que estaban con Iker el día que falleció todos los días pasaban a dejarlos en un taxi y también iban a recogerlos. Los menores vieron morir a su amigo y aún así la policía estatal se negaba a resguardarlos o llevarlos a un sitio donde los protegieran. Siempre les decían que no podían hacer nada porque no tenían familia.
“Avisamos inmediatamente a las autoridades y llegó la policía, primero dijeron que no se llevarían a los niños, que porque no tenían familiares que los reclamen y les respondí que por eso mismo tenían que resguardarlos. Que esos niños vieron que murió su amigo y necesitaban apoyo emocional y psicológico”, comentó Aurora.
A partir de la muerte de Iker como consecuencia de trabajar en la calle, las personas que en alguna ocasión convivieron con él señalaron que no serán más cómplices pasivos de un delito que pasa frente a todos.
“Este gobierno, está administración le falló a Iker en protegerlo. Iker es la voz de muchos niños que son abusados y víctimas de trata y de muchas tragedias más. Como sociedad no estamos dispuestas un día más a ser testigos y cómplices pasivos de arbitrariedades que la autoridad se ha negado a resolver. La presencia de niñas, niños y adolescentes en semáforos, vendiendo flores y en restaurantes pidiendo limosna no es nueva”, expresó otra de las manifestantes, Ángeles Dzib.
De la presunta responsable de privar de la vida a Iker, a través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que se entregó por voluntad propia. Del cuerpo del pequeño, las personas que protestaron aseguraron que han estado pendientes y que, hasta el viernes, las autoridades les indicaron que nadie lo ha reclamado. El menor continúa en el Servicio Médico Forense (Semefo).
Otra de las acciones para visibilizar y solicitar que las autoridades no sean omisas, es una recolección de firmas que llevarán a cabo para pedir justicia por Iker. La invitación es abierta a toda la ciudadanía.
La explotación infantil y/o el trabajo forzoso es trata de personas
La trata de personas es la privación de la liberta de las personas y tiene diferentes modalidades. Ocurre bajo coacción o amenazas, que abusan de la vulnerabilidad de una persona. La prostitución, trabajos forzosos, esclavitud moderna, servidumbre, tráfico de órganos y explotación infantil se consideran trata de personas.
De acuerdo a las cifras de incidencia delictiva del fuero común que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a enero de 2023, un total de 470 niñas, niños y adolescentes en México han sido víctima de “tráfico de menores”; De los cuales 48.7% eran mujeres y 51.3% eran hombres.
Y en el informe de Naciones Unidas, Tráfico y Drogas de 2022 señalaron que este delito aumentó, pasó de 1,316 a 2,202 víctimas, según cifras oficiales del Gobierno de México. Aseguraron que incrementó la relacionada con fines de explotación sexual, en un 32.8%. En 2020 se registraron 982 casos y en 2021 fueron 1.305. A la par, la mendicidad forzada aumentó en un 47% y el trabajo forzado un 175.3%.