CANCÚN.- Wendy Galarza pertenece al Comité de Víctimas del 9N de Cancún, Quintana Roo, integrado por periodistas y feministas víctimas de la represión policial el 9 de noviembre de 2020. Ella recibió dos impactos de bala durante una protesta feminista, pero no fue la única. A dos años, la investigación no avanza. Se desconoce qué policías dispararon y quién dio la orden. El jueves, una vez más, las autoridades intentaron suspender el proceso para no llevar a juicio a los agentes.
El 9 de noviembre de 2020, policías municipales de Cancún lanzaron disparos para dispersar una manifestación feminista frente al Palacio de Gobierno, donde realizaron pintas y quema de papel.
La audiencia de suspensión condicional no se realizó, por lo que Wendy Galarza sostiene que se trata de una estrategia de las autoridades para que no exista verdad y justicia.
Te podría interesar
“Según nos explican los abogados, la suspensión condicional es una justicia alterna en la que puedes llegar a un acuerdo con las personas involucradas en esta carpeta, con los imputados y las y los denunciantes, pero nosotras y nosotros no estamos de acuerdo porque queremos llegar hasta el juicio, queremos ver a estos policías que dispararon y a quienes dieron órdenes”, expresó.
Wendy y dos personas más, entre ellas los periodistas Cecilia Solís y Roberto Becerril, resultaron con lesiones de bala. Aunque también hubo otras manifestantes que fueron víctimas de tortura sexual y golpes.
En el caso de la activista feminista que lucha por el derecho a la protesta recibió dos impactos de bala y hasta el día de hoy tiene secuelas físicas y emocionales.
“Yo tuve dos heridas de bala de entrada por salida, una en mi pierna, ninguna perforó y daño mis órganos vitales, sin embargo, hay secuelas físicas y emocionales que al día de hoy no acaban y es por la revictimización de estas instituciones”, dijo Wendy.
“La lucha es para que la policía no vuelva a disparar con sus armas a la población por manifestarse”, insistió.
LAS OMISIONES OFICIALES
El activista, Julián Ramírez, integrante del Comité de Víctimas del 9N, aseguró que la fiscalía de Quintana Roo limpió la escena para borrar las evidencias y que no se pudiera investigar. Señaló que apenas solicitaron las sábanas de llamadas, reprochó que lo hicieron dos años después.
“Han sido dos años y medio de tratar a juicio, lo aplazan, los imputados no llegan a la audiencia y nos suspenden la audiencia, eso es una tortura del estado y un pacto de impunidad entre todas las autoridades”, expresó.
Sobre las responsabilidades, aunque la agresión policiaca ocurrió cuando el gobernador de Quintana Roo era Carlos Joaquín y, en su momento, fue cesado el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Issac Janix, las personas víctimas de las agresiones policiales también responsabilizan a la actual gobernadora, Mara Lezama, en ese entonces alcaldesa de Cancún.
La acusan de obstaculizar su acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, al igual que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Actualmente, también hay un juicio de amparo en contra de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por dar cumplido la reparación del daño en un informe.