SALTILLO.- Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, el municipio de Allende, en Coahuila, estuvo sitiado. Una célula de Los Zetas, con la complicidad de policías municipales, demolió 40 propiedades, y secuestró y asesinó a familiares y empleados de dos miembros de la organización criminal, como venganza por su presunta colaboración con la DEA en los decomisos de droga contra el grupo.
A 12 años de la masacre, aún se desconoce el número de personas desaparecidas. Se habla de 27 y hasta 300 víctimas.
El exgobernador Rubén Moreira estimó en 300 los desaparecidos. En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que en realidad se trataba de 38. En 2016, el gobierno estatal dijo que eran 27 víctimas de desaparición, mientras que el colectivo Alas de Esperanza afirma tener constancia de 45.
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El 16 de mayo pasado, 10 esposas, madres e hijas de las víctimas, integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, fueron convocadas al Palacio de Gobierno a una reunión con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para presentarles el plan de reparación integral del daño por las desapariciones en Allende en 2011, en acatamiento a la recomendación 10 de la CNDH.
Sin embargo, las autoridades se limitaron a ofrecerles una compensación económica, sin precisar el monto ni cómo sería estimado en función del daño sufrido.
La recomendación 10, que investiga las violaciones graves a los derechos humanos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas del 18 al 20 de marzo del 2011, documentó la desaparición de 38 personas, incluidos tres menores de edad.
La cifra de víctimas aún es incierta, ya que la violencia traspasó los límites del pequeño municipio ubicado a casi 60 kilómetros de la frontera con Texas y la autoridad estatal mantiene la versión de que el caso de Allende debe analizarse de forma independiente, sin relacionarlo con otros sucesos de violencia en la región.
Por la masacre en Allende, 19 personas se encuentran bajo proceso.
Entre 2009 y 2012, Los Zetas tuvieron el control del penal de Piedras Negras, en la que se cometieron asesinatos, torturas y la desaparición forzada de cerca de otras 150 personas, de las que 37 han sido identificadas por la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
Ante la imposibilidad de conocer también el número de personas desplazadas por la masacre, la CNDH consideró “una obligación” del gobierno estatal y del ayuntamiento de Allende elaborar un censo, que debió estar listo en septiembre de 2018, pero que en la reunión no se presentaron avances.
La intención de Riquelme Solís, quien termina su mandato el próximo 30 de noviembre, es dar una indemnización económica a las familias, lo que significa solo una compensación parcial de la reparación del daño, y no la atención integral, que abarca la atención psicosocial de las familias y su acceso a la justicia.
Las familias volverán a reunirse el 26 de mayo con el gobernador. Esperan que para esa fecha exista una propuesta concreta para la reparación integral del daño y se pueda tener acceso a la verdad de lo que ocurrió en 2011. Unos hechos por los que el gobierno de Coahuila ha sido denunciado por diversas instancias ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad.
LA MASACRE
La tarde del viernes 18 de marzo de 2011, en Allende comenzó una masacre que aún no se olvida. Entre las 6:30 y 7 de la noche, al menos 60 sicarios de Los Zetas derribaron con una camioneta el portón principal del rancho de Los Garza. En las siguientes 48 horas desaparecerían 42 personas, o pudieron haber sido 300.
Piedras Negras, en la frontera con Texas, se había convertido en un enclave esencial para el narcotráfico y desde allí Los Zetas controlaban lo que ocurría en Allende, 60 kilómetros al sur.
El día que empezó todo entraron tirando balazos y agarrando a quien se encontraba en el lugar, incluyendo cuatro mujeres de edad mayor y dos niños, y el domingo llegaron a la casa de un Garza, donde capturaron a un hombre, su esposa y un hijo menor de edad.
Los Zetas los metieron a una patrulla policial para trasladarlos a uno de los ranchos donde fueron juntando a las personas durante el fin de semana. El domingo por la noche llegó el final. Los sacaron de allí para ejecutarlos.
Pero antes habían saqueado y vandalizado sus viviendas e incitado a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas.
Después se deshicieron de los cadáveres con métodos diferentes. En el rancho Los Garza echaron gasolina en la vivienda y en la bodega donde amontonaron los cuerpos y "luego prendieron el fuego que se prolongó toda la noche 'hasta que se cocinaron' los cuerpos".