MONTERREY, N. L.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habría ordenado que no se renovara la concesión del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN), una terminal aérea privada donde no operan líneas comerciales de vuelos de pasajeros ubicada en Apodaca, Nuevo León, de acuerdo con información de Reforma obtenida a través de fuentes extraoficiales.
La decisión de no renovar la concesión a la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos que vence el próximo 12 de agosto se habría comunicado luego de una reunión que sostuvieron integrantes del Consejo de Administración del ADN, Jorge Nuño, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y el General Miguel Vallin, director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
"El Secretario (Nuño) comentó que era una instrucción del Presidente", comentó uno de los informantes. El grupo a cargo del lugar opera desde hace 30 años el aeropuerto privado.
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Entre las complicaciones para la renovación de la concesión también están las recientes reformas hechas a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, las cuales endurecieron los lineamientos; así como una visita que solicitó personal de la Sedena para inspeccionar el ADN, lo que recordó la entrega de aeropuertos de Campeche a los militares por parte del presidente López Obrador.
Desde entonces, pilotos particulares que operan en el ADN han advertido sobre un incremento en la presencia de militares dentro del Aeropuerto Internacional del Norte.
Contexto
El viernes 19 de mayo se emitió un decreto presidencial en el que se estableció el cambio de propiedad de 120 kilómetros de vías ferroviarias, consideradas de utilidad pública, que dejan de ser propiedad de Grupo México para ser concedidos a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
López Obrador explicó en su conferencia matutina que la decisión se tomó con el objetivo de proteger las vías de comunicación estratégicas cercanas al Tren Maya. Esta protección incluye trenes, aeropuertos y puertos. El mismo decreto especifica que las vías que estaban a cargo de Ferrosur ahora serán operadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, también conocido como Ferrocarril Transístmico. Esta empresa gubernamental tiene operaciones en la región entre el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, y el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.
Este movimiento ha provocado que las acciones de Ferrosur, una empresa del Grupo México, propiedad de Germán Larrea, caigan en la Bolsa Mexicana de Valores. No obstante, la compañía no ha anunciado la suspensión de sus operaciones, las cuales continúan bajo la supervisión de las fuerzas federales.
Larrea, quien era potencial comprador del banco Banamex, se bajó del proceso luego del decreto de López Obrador, ante lo que el gobierno federal alzó la mano para concretar la venta del banco.