Un juez federal vinculó a proceso al contralmirante, Salvador González, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, por ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio en la muerte de 40 migrantes a causa de un incendio provocado el 27 de marzo en el centro de detención del que era responsable. Todos los delitos son por omisión de sus responsabilidades.
El magistrado Juan José Chávez Montes consideró que había pruebas suficientes para enjuiciar al militar retirado por no cumplir con sus obligaciones de administrar, proteger y vigilar la aplicación de las leyes vigentes, tanto en materia de protección civil como de detención de migrantes en las instalaciones de Ciudad Juárez.
Aunque su defensa y la fiscalía intentaron que Salvador González, detenido el pasado 16 de abril fuera trasladado a una prisión militar, sin embargo, el juez decretó que el acusado permaneciera en prisión preventiva en una cárcel civil.
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Omisión; los delitos por los que será juzgado
El contralmirante Salvador González Guerrero, es señalado por el Ministerio Público Federal de estar relacionado directamente con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. La captura ocurrió en la colonia Jardines del Aeropuerto, en Ciudad Juárez, en calle avenida Tecnológico, en las inmediaciones del restaurante El Corralito.
El funcionario contaba con un amparo, el cual no impedía su captura, debido a que es imputado por los presuntos delitos de homicidio y lesiones, el primero de ellos que amerita prisión preventiva de oficio. Según la defensa de las víctimas, el contralmirante dio la orden de dejar encerrados en una celda, bajo llave, a los migrantes durante el incendio.
El pasado 27 de marzo, después de las 10 de la noche inició el fuego en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicada junto al puente internacional Lerdo, en la Zona Centro de esta frontera, con saldo de 40 muertos.
Una primera versión indica que los migrantes retenidos en la estación migratoria iniciaron el fuego como un acto de protesta por el aseguramiento de que habían sido objeto horas antes por parte del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en diferentes cruceros y calles donde estaban vendiendo dulces o pidiendo ayuda económica.