Salvador González Guerrero, titular de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración (INM) solicitó un amparo contra la orden de detención que se ordenó en su contra por la muerte de 40 migrantes por el incendio registrado el pasado 27 de marzo.
El Contraalmirante de la Secretaría de Marina (Semar), solicitó el amparo contra cualquier orden de citación, detención u orden de captura que autorizó un juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control.
“Amparo promovido por Salvador González Guerrero, contra actos del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad y otras autoridades”.
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Al solicitar el amparo, el juez le concedió una suspensión para que no sea detenido, solo si los delitos por los que es acusado no ameritan prisión oficiosa.
“Respecto de la suspensión provisional solicitada, se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Entonces, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes”.
El juzgado que otorgó el freno momentáneo para que no sea detenido, ordenó a Salvador González Guerrero dejar en garantía un monto económico no especificado, así como presentarse ante el juez en los tres días siguientes en los que sea notificado de la suspensión.
“En este caso la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, la parte quejosa, no cumple con los requisitos de efectividad siguientes: a- en el plazo de cinco días, legalmente computado, deberá otorgar la garantía por la cantidad de $ (…)-; tiene la obligación de comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable”.
FGR va contra funcionarios del INM
Salvador González Guerrero es uno de los distintos funcionarios del INM contra quienes la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó orden de captura por la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Hasta el momento ya se han cumplimentado tres peticiones de detención. El primero fue Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales de la oficina de representación del INM en la ciudad fronteriza; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y Cecilia Rivera Tena, agente de Migración "B".
En el caso de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y de Antonio Molina Díaz, Director General de Control y Verificación Migratoria, fueron citados para comparecer el próximo 21 de abril ante un juez de Control de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se espera que sean imputados del delito de ejercicio ilícito del servicio público.
En el caso de los otros cuatro servidores públicos, entre ellos Salvador González, se desconoce los cargos que presentará el Ministerio Público en su contra.