CHILPANCINGO.- La mañana del 6 de mayo de 2022, aproximadamente a las 09:00 horas, Marcos Campos Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, y Lorenza Chantzin Paxacuasingo, de Acahuehuetlán, fueron detenidos y desaparecidos. La versión oficial sostiene que “que su camioneta se salió de la carretera y murieron por un accidente automovilístico”.
Sin embargo, la mañana del 7 de mayo, los cuerpos de ambos activistas fueron encontrados con señales de tortura, en un lugar en el que los familiares y miembros de la CIPOG-EZ ya habían buscado, sobre la carretera en un tramo con topes.
Lorenza y Marcos realizaban labores relacionadas con el despojo de sus territorios por actividades mineras. Lorenza era campesina y madre de una joven de 14 años.
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Durante años, el Concejo Indígena Y Popular De Guerrero - Emiliano Zapata había denunciado una persecución desde el gobierno estatal, con asesinatos, secuestros y torturas a diversos integrantes de las 26 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero que lo componen.
Señalan directamente a “Los Ardillos”, un grupo narco-paramilitar que presuntamente opera como brazo armado del gobierno, un grupo que instala retenes y asesina sin que sea perseguido.
“Los nombres de quienes han generado la violencia en la región son de sobra conocidos, “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narco-paramilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario”, acusaron.
Lorenza Chantzin Paxacuasingo tenía 65 años. Era una mujer nahua defensora de derechos humanos ambientales y del territorio, originaria de la comunidad de Acahuehuetlán, Chilapa de Álvarez. Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señala que por su activismo en contra de las mineras fue desaparecida y asesinada.
De acuerdo con el informe anual del Cemda, “Guerrero registra el mayor número de agresiones letales con al menos 7 personas defensoras víctimas”.
En tres de estos casos hay elementos para presumir la comisión de probables “ejecuciones extrajudiciales”, se lee en el documento.
Las violencias que más se registraron fueron:
- Intimidación con 148 casos
- Hostigamiento con 116 casos
- Amenazas con 64
- Agresiones físicas con 61 casos
El informe resalta que las agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio “se desbordaron” en 2022.
Ese año documentaron, al menos, 582 agresiones contra defensores y defensoras de territorio, lo que representa un aumento del 82 por ciento en comparación de datos registrados en 2021.