En los últimos años, la migración en México pasó de ser un delito a una infracción administrativa, sin embargo, las estancias migratorias y provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) mantuvieron "un modelo carcelario". Por presiones del gobierno estadounidense, fundamentalmente de 2019 a 2021, en tiempos de Donald Trump, el gobierno mexicano privilegió la política de contención y detención de migrantes. Y para ello, tuvo que habilitar y mantener en funcionamiento una gran cantidad de recintos migratorios en los que migrantes permanecen privados de su libertad.
En total se trata de 65 estaciones migratorias y estancias provisionales regadas en todo el país, en las que impera el hacinamiento y sobrepoblación, "circunstancia que ha derivado en eventos violentos al interior de los mismos".
En estos lugares no hay áreas para ingerir alimentos, para dormir, ni algún tipo de recreación; hay un acceso limitado a servicios de salud y medicamentos, así como asistencia psicológica.
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Todo lo anterior forma parte del diagnóstico que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó en 2019. Sin embargo, las autoridades no lo atendieron y el pasado lunes 27 de marzo se registró una tragedia al interior de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde un grupo de extranjeros protesto y quemó colchones. El saldo fue de 40 muertos.
En ese mismo centro migratorio ya se había registrado otro incendio, en mayo de 2019, cuando un grupo de 82 cubanos intentó salir sin autorización. En aquella ocasión no hubo víctimas.
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LOS DESAPARECIDOS
Además, los casos de migrantes reportados como desaparecidos en México casi se triplicaron entre 2020 y 2021. De acuerdo con el documento presentado por el Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una organización de derechos humanos en América Latina, los reportes de extranjeros desaparecidos crecieron en un 292%, de 89 a 349 episodios.
“Hay lugares en donde se encuentran albergues y cárteles del narcotráfico al acecho de migrantes para levantarlos e integrarlos a sus filas”, dijo Luis Macías, director del SJM en México, al referirse a los factores que han abonado al incremento en las desapariciones de los migrantes.
Según el estudio, el 44% de los migrantes desaparecidos tenían entre 18 y 29 años, el 42% entre 30 a 59 años y un 14% no superaba los 17 años.
La mayoría de las víctimas procedían de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, países de los que parten cada año decenas de miles de migrantes que viajan por territorio nacional a Estados Unidos y son blanco de secuestros, asesinados u otros delitos.
La organización también dijo que del 75% de las personas que lograron localizar estaban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional de estados sureños como Chiapas y Tabasco, donde por meses miles de migrantes esperan documentos para avanzar hacia estados Unidos sin ser detenidos.
“ESCLAVOS MODERNOS”
Para Natalia Serna, activista en favor de los derechos de migrantes, el sistema de migración está colapsado. No hay recursos, instalaciones ni personal suficiente para atender a las personas migrantes que llegan a México.
Por ello, Natalia propone que, en lugar de gastar millones de pesos en la contención, se busque abrir las puertas y darles refugio a las miles de personas que llegan, dar documentación y ofrecer buenas condiciones laborales, con el fin de aprovechar la mano de obra y el entusiasmo de las personas por trabajar y salir adelante.
“Si están aquí, que tengan una estancia regular, un documento que les permita estar. Aunque se vaciara Centroamérica y se vinieran a México no pasa nada, porque México es inmenso, sería una oportunidad para México, decir: que bueno, tenemos gente joven, mano de obra; y fortalecer las leyes de trabajo para que tengan mejores condiciones laborales”, agregó.
Para ella, los migrantes son tratados como los “esclavos modernos”, porque son maltratados, explotados, rechazados y denigrados por no tener documentos. Por ello, llamó a las autoridades y a la ciudadanía a no permitir que esto continúe.
La Silla Rota te presenta historias de migrantes y el infierno que viven al interior de las entrañas de las estaciones migratorias ubicadas en Chiapas, Tamaulipas, Sonora y Baja California.
HACINAMIENTO Y VIOLENCIA
Sonora, por ser un estado fronterizo, cuenta con una estación migratoria del INM en el municipio de Hermosillo, en la capital, donde los migrantes detenidos en diferentes puntos del estado son enviados para ser recluidos en espacios pequeños, celdas compartidas y sin condiciones de respeto a sus derechos humanos.
El hacinamiento y la violación de derechos humanos son las principales características de este lugar que, de acuerdo con el último reporte oficial, de 2019, tenía capacidad solo para 60 personas.
Informes de la CNDH enumeran algunos de las recomendaciones que han emitido respecto al maltrato hacia migrantes, entre ellas extorsión por parte de funcionarios a familiares de los recluidos, así como el envío de personas migrantes hacia los Centros de Reinserción Social, donde no correspondían estar, por no ser criminales.
De acuerdo con reportes de la CNDH, Sonora cuenta con una estación migratoria en Hermosillo y dos provisionales en los municipios fronterizos de Agua Prieta y Nogales, con capacidad de 20 y 5, respectivamente, aunque en este último, el informe lo marca como cerrado.
HASTA EL TRIPLE DE SU CAPACIDAD
En entrevista, Natalia Serna, activista en favor de los derechos de migrantes, corroboró a La Silla Rota que las personas recluidas en estos centros viven hacinadas y en condiciones deplorables.
Explicó que desde que comenzó la llegada de caravanas migrantes, el número de personas en las estaciones se triplicó; en el caso de Hermosillo, que tiene capacidad de recibir 60 personas, se tuvo hasta 180, es decir, el triple.
“2019 fue un año de caravanas, se dio el tema de la detención de migrantes en México, de un día para otros se detonó la detención, la estación migratoria de Hermosillo tiene capacidad para 60 personas, llegamos a ver el triple, totalmente hacinados, fue un momento de crisis donde la realidad cambió de un día para otro y todo se volvió más complicado”, detalló.
En cuanto las condiciones dentro del ese lugar, Natalia Serna también comentó que derivado del cambio en las políticas públicas en el que México aceptó recibir a los migrantes, durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, se deterioraron aún más.
“Llegó un momento en el 2019 en el que colapsaron los drenajes, el lugar olía muy mal, la gente estaba durmiendo en el piso, la calidad de la comida era muy mala. A la gente sí le dan comida, pero obviamente hay quejas de que no les gusta o que algo salió dañado. Hay un médico, desconocemos el tipo de atención, pero el problema es que el Estado no tiene cómo atender a la gente”, agregó.
EN HERMOSILLO, LA TRAGEDIA ACECHA
El 2 de abril de 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia por covid-19 en México, en la estación migratoria de Hermosillo se registró un connato de incendio. Personas retenidas prendieron fuego a colchonetas, al igual que en Ciudad Juárez, Chihuahua, para exigir medidas contra el virus que ya dejaba a su paso cientos de contagios y decenas de personas muertas.
De acuerdo con los reportes oficiales de ese día, en dicho centro de detención había cerca de 300 migrantes, pero a diferencia de lo ocurrido en el estado vecino, personal del INM libró de las celdas a los migrantes para colocarlos en la explanada y no se registraron heridos ni muertos.
Natalia Serna mencionó que este lugar está rodeado de bardas, lo que pudo haber salvado a las personas de una tragedia mayor.
“La gente se enojó, estaba muy frustrada, hacinada y empezaron a quemar las colchonetas, pero a diferencia de Ciudad Juárez, aquí les abrieron las puertas y los dejaron salir, porque está rodeada de una barda, hay un espacio que permite dejar salir a la gente sin que la gente en realidad salga. Probablemente eso es pate de la razón que alguien reaccionó y decidió dejarlos salir”, detalló.
Además, en esas fechas, se acababa de anunciar un cambio en las políticas públicas para no recluir a infantes, sino enviarlos a albergues junto a sus padres, lo que impidió que en ese connato de incendio en Hermosillo o en la tragedia de Chihuahua hubiera menores encerrados.
“Pensar que, si la ley no hubiera cambiado, ese lugar (Ciudad Juárez) hubiera estado lleno de niños. Uno se pregunta cómo no hicieron nada, es absurdo”, añadió.
En ese sentido, calificó como inhumano que quienes buscan migrar para tener una mejor vida sean encarcelados como delincuentes, sin tener condiciones dignas ni libertad.
UN HOGAR PARA RECIBIR FAMILIAS
La activista de origen colombiano y estadounidense decidió instalar en Hermosillo un hogar para acoger a familias migrantes, al ver que eran “lanzados a su suerte” por parte de autoridades, sin dinero, documentos o conocer la ciudad.
Natalia Serna detalló que para que un migrante pueda salir de las estaciones migratorias, debe solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Asilo y Refugio (Comar), y ésta, les expide un certificado con el que el INM les expide una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Sin embargo, no proporcionan un lugar donde puedan quedarse. Son enviados a la calle.
“Les abren la puerta y los dejan en las banquetas y así llegaron aquí las primeras familias, yo llegué a la estación migratoria y estaban sentados en la banqueta y no tenían ni idea qué hacer. Salen sin un peso, a veces salen sin documentos; entonces cómo le pides a un familiar que te envíe dinero. A veces perdieron celular en el camino. Estás en una ciudad donde no conoces a nadie, donde nunca has estado, porque estas personas fueron transferidas de otros municipios para acá, entonces qué haces”, lamentó.
Lo que busca Natalia es apoyar a familias migrantes, con el fin de que logren insertarse en la comunidad. Les proporciona un cuarto, comida, alimento, con el fin de darles las bases en lo que queda su trámite de refugio y así puedan conseguir trabajo e inscribir a los menores en la escuela, para formar parte de la sociedad.
“El objetivo es ser un hogar solidario, recibir una familia y acogerlas como si recibiéramos a un familiar, las estancias son largas, pueden estar un año, conectar con la comunidad, meter a los niños a la escuela e independizarse. La primera familia era de Guatemala, lograron regularizarse e integrarse a la comunidad”.
LOS “AGUJEROS NEGROS”
Las estaciones migratorias en Baja California son un como “agujeros negros” para muchas asociaciones civiles locales que desconocen, de primera mano, cómo pasan sus días los migrantes detenidos allí, pero los antecedentes no hablan muy bien de estos espacios, ubicados en las ciudades de Tijuana y Mexicali.
Sobre todo, del primero, que está diseñado para 100 personas y junto al de Tenosique, Tabasco, es uno de los de mayor capacidad del país, de acuerdo con la CNDH, aunque eso no significa que la estancia sea digna.
“No tienen un área de comedor y, en consecuencia, quienes se encuentran detenidas en dichos sitios deben consumir sus alimentos en las zonas en las que duermen. En el caso particular de Tijuana, al no tener tampoco una zona de recreación, las personas alojadas comen, duermen y permanecen todo el día en el mismo lugar”.
Ese apunte es del organismo en su Informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias presentado en 2019, el mismo año que un grupo de cubanos prendió fuego a un colchón a manera de protesta provocando la evacuación de más de 60 personas de esa misma estación.
“No fue un problema de hacinamiento, fue un problema de un par de personas no conformes con su situación de alojamiento”, dijo a la prensa el entonces delegado de migración en Baja California, Rodulfo Figueroa. A 4 años de distancia, la situación no parece haber cambiado mucho.
Luego del incendio en Ciudad Juárez, un grupo de activistas pudo entrar a la estación migratoria en Tijuana, pero no les permitieron ir más allá de la zona de oficinas.
Paulina Olvera Cañez, fundadora y directora de la asociación Espacio Migrante, dijo que solo algunos organismos internacionales o nacionales han conocido las celdas del INM.
“Es un trámite muy difícil que se hace en persona en Ciudad de México, hemos ido tres veces y no hemos podido tener acceso. El delegado nos comentaba que eso depende de nivel federal, pero es una de nuestras demandas”, mencionó.
Quizá una de las más recientes visitas de la CNDH a la estación migratoria de Tijuana fue en octubre del año pasado, cuando alrededor de 300 migrantes venezolanos se amotinaron exigiendo libre tránsito y la no deportación a su país.
Por eso los activistas en Baja California están pidiendo que las autoridades dejen de llamar albergues a las estaciones migratorias, partiendo de los testimonios recabados entre los migrantes que han estado detenidos en esas celdas.
“Muchas de las personas que son detenidas en Baja California son personas que sí cuentan con documentos para transitar en México”, señaló la fundadora de Espacio Migrante.
LA PESADILLA DE LAS EXTORSIONES
La queja de los migrantes en Tamaulipas no son las condiciones en las cuales se encuentran las dos estaciones migratorias, sino el trato que reciben de los elementos del INM. Frank Fernández, haitiano, asegura que obtuvo en Chiapas un permiso para permanecer en el país; sin embargo, cuando se encontraba en la central de autobuses de Tampico, comprando un boleto para viajar a Reynosa, fue detenido.
“Los oficiales me detuvieron y les mostré el permiso, pero ellos insisten en que es falso. Me dijeron que si me quería ir tenía que darles 500 dólares (10,000 pesos), me negué a hacerlo, entonces rompieron el documento y me llevaron a la estación migratoria, para ser deportado”.
Alicia, de 23 años, cubana, ojos de gata y sonrisa blanca, dijo que a ella si le respetaron el documento, pero le exigieron dinero, el cual les tuvo que dar. “Me quedé sin dinero, con vergüenza he pedido dinero y he reunido para continuar el viaje. También quiero llegar a Reynosa, algunos familiares y amigas ya se han adelantado”.
Ella es guatemalteca, bajita, morena. Juana cuenta: “Me costó dinero, dolor, cansancio, tristeza, humillaciones, sacrificio y pena llegar hasta Reynosa y ver el rio Bravo, ver la frontera con los Estados Unidos”.
“Ahora que ya fui al puente, a las Oficinas de Migración de los Estados Unidos, los agentes de migración de México me detuvieron diciendo que entré ilegalmente al país, que el permiso que me dio migración es falso, que los papeles de Estados Unidos también son falsos”.
“Me quitaron los papeles. Me dijeron que si quiero recuperarlos debo de darles 800 dólares (16,000 pesos) o, de lo contrario, voy a ser deportada junto con otros migrantes”.
Insisten en que el problema en las estaciones migratorias en Tampico y Reynosa es el trato de que son objeto por parte del personal del INM: despótico, abusivo y arbitrario.
“A los migrantes los roban, maltratan, aprovechando su sueño de querer pasar a los Estados Unidos, a trabajar en busca de nuevas condiciones de vida”, dice Juana.
La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso de Tamaulipas emitió un exhorto al INM a efecto de capacitar a su personal, a fin de que brinde a los migrantes un trato más humano y sensible, entender la situación en la cual se encuentren y que entiendan que no son delincuentes, sino personas que se encuentran de paso en busca de un sueño.
Pese a ser una entidad fronteriza con los Estados Unidos y que por tanto arriban una gran cantidad de migrantes, Tamaulipas únicamente cuenta con dos estaciones migratorias: una en Tampico y otra en Reynosa, las cuales constantemente son rebasadas en su capacidad de atención.
En Tampico, la estación migratoria tiene capacidad para 150 personas, en tanto que en Reynosa es para 700, pero los agentes del INM realizan un promedio de detenciones del orden de 1,500 migrantes cada mes, por lo que la capacidad de atención queda rebasada y se registran problemas de hacinamiento.
VEJACIONES, DENTRO Y FUERA, DE ESTAS “CÁRCELES”
Sentado sobre un cartón frente a la estación migratoria “El Cupapé I”, de Tuxtla Gutiérrez, Jesús, originario de Venezuela, espera que le den una respuesta sobre su sobrina de 17 años de edad, detenida desde hace más de un mes por autoridades migratorias de Chiapas y a quien, hasta hoy, no ha visto y sólo le ha podido hablar por teléfono los días miércoles, en lapsos de 20 minutos cada llamada.
De acuerdo con el migrante, han pasado situaciones difíciles, pues radicaba desde hace un tiempo, con su familia, en Perú, pero el 14 de febrero pasado decidieron emprender el viaje hacia los Estados Unidos. Como muchas personas que desean emigrar, tuvieron que vender tres mototaxis con los que se ganaban el pan de cada día para alcanzar el “sueño americano”.
Luego de contar la travesía para llegar a territorio mexicano, incluido su paso por la selva conocida como el “Tapón de Darién”, entre Colombia y Panamá, el hombre advierte que el desgaste no sólo es físico, sino mental y económico. Además, de los 7 que venían en su grupo, ya sólo quedan 4, incluida su sobrina que está “encarcelada”.
De acuerdo con su versión, la menor de edad y los otros fueron detenidos en el puente de la frontera entre México y Guatemala conocido como “Rodulfo Flores”, en la región de Suchiate. “Lo que hemos sabido por ella, es que está bien, pero ya está desesperada porque es mucho tiempo”.
A él, su sobrina y sus otros familiares y conocidos los trasladaron a la estación migratoria “Cupapé II”, ubicada en Chiapa de Corzo, donde les quitaron sus teléfonos celulares y los mantuvieron encerrados por varios días. Aunque les dieron la libertad, la única que no lo logró fue su sobrina. “Nunca había estado presa, y esto es como una cárcel para ella”.
DETENCIONES AL ALZA
De acuerdo con cifras oficiales, en los dos primeros meses de este 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 29,143 personas en su paso por Chiapas.
Sólo en Tapachula, ciudad fronteriza, retuvo a 12,770 ciudadanos con estatus irregular, cifra que representa casi la mitad del total de detenciones en toda la entidad chiapaneca.
De esas más de 29 mil personas detenidas, presentadas y otras canalizadas, 7,497 eran menores de edad, de los cuales 378 viajaban solos y 5,503 eran menores de 11 años.
“QUEREMOS SER DEPORTADOS, YA NO AGUANTAMOS”
José y Rodrigo, originarios de la localidad Sonsonate, El Salvador, están decepcionados de su travesía por tierras chiapanecas, pues han caminado cerca de cuatro días, ya no tienen dinero, mientras el hambre y la sed les aprietan cada vez más y las autoridades del INM les niegan la atención.
“Queremos que nos deporten, por el momento no deseamos seguir, pero en la estación migratoria nos dicen que no nos pueden atender”, externa Rodrigo, de 25 años de edad, quien en su país se dedicaba a la barbería, pero lo que obtenía a diario ya no le alcanzaba para mantener a su hija de 10 meses de nacida, y por eso decidió salirse.
José, de oficio herrero, padre de dos niños (uno de 4 y otro de 6) y con 36 años a cuestas, dice que a pesar de que el “Régimen de excepción” implementado por su presidente Nayib Bukele ha sido efectivo para contener a miles de pandilleros, la economía en su tierra no es nada buena.
Ambos entraron a tierras mexicanas por la parte de La Mesilla, Guatemala, pero fue en este lugar donde autoridades prácticamente los “asaltaron”; “nos quitaron casi todo lo que traíamos, como 500 dólares, con lo que pensábamos llegar a Estados Unidos”, cuenta José.
Por el momento, esperan que el INM los deporte; no obstante, tendrán que buscar algún lugar dónde descansar, a la intemperie, porque no tienen cómo pagar un cuarto; “anoche (pasado miércoles) dormimos en un estacionamiento de un centro comercial”.
LA “CACERÍA” DE MIGRANTES
Durante enero–febrero de 2023, el INM contabilizó 7.4 millones de eventos de entrada a México, de los cuales 6.1 millones fueron de personas extranjeras, lo que representó un incremento del 37.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2022.
Ante este panorama, Chiapas continúa como el estado con mayor número de detenciones a nivel nacional, pero también recibe más del 70 por ciento de solicitudes de refugio a nivel nacional y le abre las puertas a repatriados por la política migratoria de Estados Unidos.
De nueva cuenta, Luis García Villagrán, activista de derechos humanos, recuerda que hace una década, los trámites para los migrantes eran más rápidos, “en un ratito les sellaban sus pasaportes y adiós”.
Sin embargo, deja en claro que, durante el gobierno de Felipe Calderón, la política dio un giro y comenzó el hostigamiento contra esa población, “ahí las autoridades vieron que había billete, entonces ya encerraban a la gente, y se las hacían de problemas”.
Al comienzo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dice, la situación empeoró porque las estaciones migratorias se convirtieron en cárceles y en todas las entidades del país fueron habilitadas casas o edificios (sin infraestructura adecuada) para privar de su libertad a los migrantes.
“El INM lo que hace en la actualidad es manejar eufemismos, y dice que no los tiene encarcelados, sino asegurados; lo que es cierto es que a nadie le interesan los migrantes, ni a este gobierno”.
Para el Centro de Dignificación Humana, AC, las vejaciones en contra de los migrantes no se detendrán, y prueba de ello es que ha documentado, de 2015 o 2016 a la fecha, más de 1,500 muertes de migrantes en su paso por tierras chiapanecas, cifras que ha obtenido de fuentes oficiales y de un monitoreo constante de medios de comunicación locales, nacionales e incluso internacionales. “Y no contamos a los desaparecidos, los que salieron de sus países y nunca llegaron a sus destinos, esas famosas víctimas invisibles”.
Reportaje elaborado con la colaboración de Marlene Valero (Sonora), Arnoldo García (Tamaulipas), Eduardo Rubio (Baja California) y Christian González (Chiapas)