NUEVO LAREDO.- Una semana después de la masacre contra siete jóvenes, atacados por elementos de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que un grupo de soldados regresó a la zona para amenazar a familiares de los hermanos Alejandro y Gustavo Pérez Benítez, víctimas del ataque de los soldados el 26 de febrero pasado.
Según la denuncia, la madrugada del domingo, cuatro vehículos con soldados arribaron a la colonia Cortés Villada, de Nuevo Laredo, y revisaron el vehículo de un familiar cercano “bajo la sospecha de estar consumiendo marihuana”.
Un soldado interrogó a Enrique Pérez, padre de los jóvenes, asegurando que en su domicilio se vendían drogas y que si quería podría detenerlos, ya que además de ser capitán también era “abogado”.
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Tras la amenaza del soldado, el padre de las víctimas le dijo que había una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte y lesiones de sus dos hijos, a lo que el militar exigió verlas.
Raymundo Ramos, presidente de la organización, hizo un llamado a las autoridades para “tomar medidas urgentes para la protección de la familia” amenazada por el Ejército.
“Hacemos un llamado urgente al Presidente de México y a los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que tomen medidas urgentes para la protección de la familia Pérez Benítez y se ordene cesar todo acto de molestia, hostigamiento y amenazas y represalias por parte del personal del Ejército Mexicano”, expresó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
ÚNICO SOBREVIVIENTE
Alejandro Pérez Benítez, testigo ocular y sobreviviente de la masacre del 26 de febrero, se encuentra aislado, ya que “ninguna autoridad ha implementado medidas urgentes para su auxilio y protección”.
Este joven es la única persona que resultó ilesa durante el ataque. Relató que, al toparse de frente con los militares, se dieron la vuelta, pero que los soldados los chocaron por detrás, para después dispararles sin razón.
“Nomás llegaron y nos balacearon toda la troca, nomás me alcancé a bajar y me arrodillé. Yo iba atrás del chofer”, dijo Alejandro, quién acusó que a dos de las cinco víctimas mortales -entre ellas su hermano Gustavo- las mataron cuando estaban sometidas en el piso.
La tarde del domingo 26 de febrero, en redes sociales, comenzaron a circular una serie de videos que mostraban, desde distintos ángulos, un enfrentamiento entre pobladores de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y elementos de la Sedena. La razón: el ataque del Ejército contra siete jóvenes, el cual dejó cinco muertos y un herido de gravedad.
Los estudios forenses a los que tuvo acceso El País muestran que las víctimas, todas ellas de entre 20 y 25 años de edad, sufrieron en total 30 heridas de bala. Los soldados dispararon en total más de 60 veces por la parte de adelante de atrás y a los costados de la camioneta.
Por este caso, la Fiscalía de Justicia Militar de la Sedena vinculó a proceso, por el delito de desobediencia, a cuatro de los soldados que estuvieron involucrados en el ataque del 26 de febrero pasado.