TUXTLA GUTIÉRREZ.- En 2016, Yuri Lisset Méndez Trejo fue asesinada pocos días después de que entrara en vigor la Alerta contra la Violencia de Género (AVG) en Chiapas. A 7 años de distancia, su caso aún sigue sin recibir una justicia completa, pues uno de sus dos feminicidas está en libertad. En diciembre de 2022, Paola Ocampo Alcázar fue hallada muerta, flotando, en una cisterna de una escuela primaria de esta ciudad tuxtleca; tampoco hay avances en la investigación. En 2012, Wendy Ochoa Méndez fue ultimada a manos de su pareja, Jimmy “N”, quien no solo la desmembró y tiró sus restos en diferentes partes de la capital chiapaneca, sino que también se comió su corazón.
Pese a lo macabro de este último hecho, el feminicida, fue liberado ese mismo año; debido al escándalo, fue reaprehendido, pero hasta la fecha no recibe una sentencia.
De acuerdo con la Red de Familias Víctimas de Feminicidio, en Chiapas las víctimas de feminicidio son prácticamente abandonadas por el aparato de justicia. Prueba de ello, denuncia la ONG, es que en la Fiscalía de la Mujer de Chiapas existe un rezago de por lo menos 6,000 carpetas de investigación por delitos de esta naturaleza.
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Por su parte, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres detalla que, de 2016 a 2022, se contabilizaron alrededor de 1,255 muertes violentas de mujeres, es decir 179 casos cada año.
“Hay mujeres que se han muerto buscando justicia para sus hijas; ¿por qué las negligencias? ¿por qué seguimos teniendo MPs sin preparación, con tráfico de influencias y venta de carpetas de investigación?”, se queja Selene Domínguez, activista feminista chiapaneca.
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PAOLA, FUE HALLADA EN UNA CISTERNA
Flor Emilia Alcázar, madre de Paola Alcázar, manifiesta estar destrozada, “porque sé que mi hija era una buena niña”; lo que le duele más, confiesa, es que la Fiscalía chiapaneca no avanza en las investigaciones. Hasta el momento, lamenta, no se tiene un solo sospechoso, pero lo único que desea es justicia y que la autoridad no le dé carpetazo a esta tragedia.
Ella dice que nadie la ha respaldado: ni los directivos, ni personal docente del centro escolar “David Gómez” donde fue hallado el cadáver, a principios de diciembre pasado; ni la misma Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la que Paola pertenecía. “Se lavaron las manos, calladitos todos; nada, ni una sola disculpa”.
Para Flor, a Paola, una de sus cuatro hijas, la mataron en la mencionada institución educativa, donde laboró por al menos 13 años, “y que no se haga la escuela… todos son cómplices; ellos saben quién lo hizo”.
Como se informó en su momento, integrantes de la misma CNTE se manifestaron, e incluso hasta marcharon, para exigir transparencia en las investigaciones y que no hubiera “chivos expiatorios”. Pero, desde hace semanas, nadie más ha alzado la voz.
Según la madre, supo que a Paola la molestaba un empleado de ese centro escolar, pero, como era muy reservada, no dijo quién, ni qué le hacían exactamente. “Decía que él le gritaba a veces, pero ella arreglaba sus problemas solita”.
MATRÍCULA ESCOLAR ENFLAQUECE
De acuerdo con información obtenida por La Silla Rota, este año ha sido complicado para la Primaria “David Gómez”, cuya matrícula se redujo de forma considerable debido a que padres y madres de familia ya dieron de baja a sus hijos e hijas por miedo e incertidumbre, tras el hallazgo de Paola en una de las cisternas.
En principio, a ellos les molestó el cambio de sede provisional para que sus pequeños recibieran clases: la Escuela “José María Morelos y Pavón”, ubicada en una colonia cercana, pero que carece de seguridad e infraestructura adecuada.
Pero lo que también causó mucho miedo, confiesa una de las mamás entrevistadas y quien ya le dio de baja a su hijo, es que entre alumnos se empezaron a asustar con el tema de la muerte de la trabajadora. “En el grupo de mi pequeño había 29 pequeños, hoy solo quedan entre ocho o nueve”.
Pese a ello, existe la posibilidad de que, en breve, los pocos educandos que quedan, regresen a las aulas de la “David Gómez”. Para Flor Alcázar, madre de Paola Ocampo, esto no puede ocurrir porque ahí hubo un feminicidio. “El asesino está en esa escuela, cómo es posible”.
JUSTICIA A MEDIAS
Itzel Molina, hermana de Yuri Méndez Trejo, estudiante de Enfermería, advierte que este caso está complicado, pues a pesar de que hay un sentenciado, de nombre Iván Alonso Orantes, éste se ha amparado ante el Poder federal.
“Lo hace con la duda razonable para tirar el caso, pero ya iniciamos para avanzar la parte de la reparación del daño, pero él se niega y prefiere ampararse”.
Sin embargo, comenta que Milton “N”, otro de los implicados en el crimen de su hermana, ocurrido a orilla de carretera en el municipio de Ocozocoautla, fue liberado el 21 de diciembre pasado, tras recurrir a un amparo ante el Primer Tribunal federal.
Según la declarante, la culpable de que este individuo quedara libre fue una fiscal del Ministerio Público quien, al momento de hacer la imputación para vincularlo a proceso, no supo cómo verbalizárselo al juez.
“Esto implica un retroceso, desgaste emocional; en el tema de Milton, nos fuimos de nuevo al amparo, ya salió una orden de reaprehensión, pero la fiscal de Feminicidios nos dijo que lo checaría hasta que vaya a un juicio si ya existe esa orden (…) Solo nos revictimizan, esto es un calvario”.
LA LIBERACIÓN DEL CANIBAL
El 23 de mayo de 2019 fue recapturado Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, feminicida que confesó el asesinato, abuso y tortura de su pareja Wendy Lizzet Ochoa Méndez, de 19 años, en mayo de 2012. Tras seis años y nueve meses de su primera orden de aprehensión, "El Caníbal de Tuxtla", como lo apodaron los medios locales, fue liberado tras un amparo.
En octubre de 2011, Wendy Lizzet acudió a hacer una denuncia por golpes y amenazas en contra de Jimmy Virgilio, y solicitó una orden de aprehensión a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer, pero no fue atendida.
Tras la liberación de "El Caníbal de Tuxtla", el 12 de febrero de 2019, por parte del Juez Segundo del Ramo Penal con sede en "El Amate", hubo una fuerte movilización por distintas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, mismas que exigieron una investigación certera.
Jorge Luis Llavén Abarca, titular de la fiscalía, dio conocer la reaprehensión del presunto asesino de Wendy Lizzet Ochoa Méndez y que su amparo fue revocado.
"El Canibal de Tuxtla" fue reingresado al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número 14 El Amate, para cumplir con su proceso penal. Por este delito el acusado podría pasar más de 50 años arrestado, sin embargo, hasta el momento el proceso no concluye.