Un par de reformas a la Ley de Salud y al Código Penal de Baja California podría llevar a prisión por hasta seis años a los médicos charlatanes, y las autoridades ya iniciaron una revisión de clínicas privadas con estos nuevos ordenamientos en mano.
En la práctica, las adecuaciones permiten a la Secretaría de Salud notificar a la Fiscalía de Baja California si los establecimientos y los médicos no cuentan con las autorizaciones para realizar cirugías estéticas.
Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud en el estado, dijo que realizarán un censo de los nosocomios particulares y defendió el nuevo marco legal.
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“No queremos lastimar a nadie, queremos beneficiar a la mayoría de bajacalifornianos y a la mayoría de gente que viene buscando turismo médico, porque se ha malinterpretado este decreto, piensan que estamos judicializando, criminalizando el acto médico”, comentó.
Además de sancionar con prisión a médicos que operen sin estar certificados, el Congreso estatal también aumentó de dos a cinco años la inhabilitación en casos de negligencia médica.
Las reformas fueron publicadas en el periódico oficial de Baja California a finales de febrero, el mismo mes que las autoridades registraron tres decesos relacionados con intervenciones estéticas: dos de ellos en Tijuana y uno más en Mexicali.
Además, la fiscalía sigue investigando otras dos muertes en Tijuana, ocurridas en marzo y junio del año pasado, donde entre las víctimas se encuentra María José Chacón Herrera, la esposa del Cónsul de Guatemala en Denver, EU.
“Nos pone como un estado que pudiera no atender aspectos tan básicos como es la salud”, dijo el secretario Medina Amarillas.
De acuerdo con la exposición de motivos del dictamen 58, aprobado con 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, en 2019 el turismo médico dejó a Baja California 1,500 millones de dólares.
Y según datos de la Secretaría de Turismo, en 2021 la cifra fue de 12, 853 millones de pesos, y en 2022 ascendió a 29, 500 millones de pesos más.
Se trata, dijo el secretario Medina Amarillas, de un “sector apetecible” que ha sido aprovechado por médicos que no tienen la preparación necesaria para realizar intervenciones.
Las revisiones ya alcanzaron a 89 hospitales privados y 17 han sido suspendidos por faltas administrativas, solo en Tijuana.
Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general en Baja California, dijo que a la fecha tienen a dos médicos cirujanos bajo proceso y un número no precisado de carpetas de investigación abiertas bajo los criterios antes de la reforma recién aprobada.
Sin embargo, en la integración de esos expedientes la fiscalía ha tenido problemas para conseguir los dictámenes médicos que comprueben la mala praxis.
“Nadie quiere ser el verdugo de su propio colega. Lo entendemos así”, mencionó.
Sin embargo, aseguró, la fiscalía ya realizó una alianza con un grupo de médicos que les permitirá obtener los dictámenes necesarios para resolver si los galenos bajo investigación deben o no enfrentar alguna acusación formal.