TIJUANA.- Abogados que constataron en Tijuana la detención de Mario Aburto Martínez luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994, fueron llamados por la Fiscalía General de la República (FGR). Acompañados de colegas, acudieron Xavier Carbajal Machado y Marco Antonio Macklis, presidente y ex vicepresidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, respectivamente, en tiempos del magnicidio.
Un día después del interrogatorio que se extendió por más de seis horas para responder a 113 preguntas, el primero de ellos informó que están citados en calidad de testigos por la denuncia que en su momento interpuso Aburto Martínez acusando tortura.
“Como en octubre del 94 no se realizó la investigación adecuada, está recomendando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Fiscalía General de la República aprobó y ordenó que se mandara esta comisión especial para que realizaran esa investigación exhaustiva”, dijo.
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La recomendación 48VG/2021, emitida el 25 de octubre del 2021, fue abierta el 15 de febrero de ese mismo año por una víctima indirecta, y en el documento consta que Mario Aburto fue entrevistado posteriormente en el Centro Federal de Readaptación Social 12 (Cefereso).
“Manifestó que desde hace 27 años ha venido denunciando ante esta Comisión Nacional que desde su detención ha sido torturado reiterada y continuamente”, indicó la CNDH.
En esa misma recomendación, Aburto Martínez y su familia dijeron que también habían permanecido incomunicados durante esas casi tres décadas.
Además, la CNDH solicitó el traslado de Aburto Martínez al penal de El Hongo, en Tecate, Baja California, por estar más cerca de su hogar. Sin embargo, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (OADPRS), respondió que no se cumplían los requisitos constitucionales para hacerlo.
“Informó a esta Comisión Nacional que se encontraba jurídica y materialmente imposibilitado para llevar a cabo el traslado”, consignó la CNDH.
EL DÍA DE LA DETENCIÓN
Carbajal Machado fue abogado defensor del hoy sentenciado durante su declaración ministerial el día que fue detenido tras el crimen perpetrado en la colonia Lomas Taurinas.
Ahora, con la reapertura de la indagatoria, la FGR trata de averiguar si los involucrados en ese episodio tuvieron conocimiento sobre la tortura denunciada por Aburto.
“Hasta donde me consta, que fue cuando lo vi allá adentro de la sala, nunca vi que lo maltrataran, no vi que fuera golpeado, no lo vi intimidado ni nada, menos torturado”, afirmó el abogado.
Sin embargo, añadió, no vio mucho más tiempo a Mario Aburto porque inmediatamente subió a otros niveles del edificio de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana, para atender a otros involucrados, como Vicente Mayoral.
Mayoral fue primero identificado como uno de los hombres que ayudó en la detención inmediata de Mario Aburto, aunque con el paso del tiempo sería considerado junto a su hijo Rodolfo parte de los supuestos ejecutores de un plan para asesinar al entonces candidato presidencial.
“Me llamaron porque era un activista social y defensor de derechos humanos (...) además teníamos un convenio con la PGR de aquellos tiempos con la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, donde nos comprometíamos a llevar defensas. Servicio social a aquellas personas que estuvieran involucradas para atenderlas jurídicamente en sus declaraciones”, explicó el abogado Carbajal.
Marco Antonio Macklis, entonces vicepresidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, fue testigo de asistencia junto José Luis Pérez Canchola, el entonces titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH), agregó.
Los abogados no descartan que, de comprobarse tortura en esta nueva investigación, el caso podría ser llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Aburto Martínez podría recuperar su libertad.
Sin embargo, el abogado Carbajal Machado también cree que los citatorios de la FGE pueden alcanzar a todas las personas que estuvieran relacionadas de alguna manera con la detención del 23 de marzo de 1994, incluyendo personajes políticos de nivel que siguen vigentes.
“Como hay preguntas sobre ciertos funcionarios, de otros gobiernos de antes, qué puede pensar uno, más que tratan de buscar involucrar a terceras personas para seguir perjudicando a los gobiernos de antes, que es lo que más le conviene al gobierno actual”, comentó.