PUEBLA.- El sacerdote Gerardo Espinoza Rubí fue sentenciado a 21 años y 8 meses de prisión por el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de Abner, un niño de siete años de edad, en el municipio de Aquixtla, Puebla.
La sentencia la dictó este lunes por la noche el juez Francisco Javier Orozco Treviño, quien además ordenó a la familia Gerardo Espinoza Rubí, originario del estado de Hidalgo, que no se acerque a Abner ni a Esperanza González Martínez, madre del menor abusado el 26 de octubre de 2021.
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El pasado 11 de diciembre el diácono Gerardo Espinosa Rubí, de 28 años de edad, fue encontrado culpable de violación equiparada en grado de tentativa en contra de Abner, un niño de siete años de edad, que acompañaba a su mamá quien solía participar en las misas de la iglesia dedicada a San Juan Evangelista en Aquixtla.
En la audiencia celebrada ese lunes en la Casa de la Justicia de Puebla Espinosa Rubí aceptó su culpa frente al juez Francisco Javier Orozco Treviño; ese mismo día en un video que circuló en redes sociales se le ve cómo el 26 de octubre de 2021, alrededor de las 22 horas, se lleva a Abner.
De acuerdo con la sentencia del juicio de amparo 1411/2022 el 26 de octubre de 2021 Abner, entonces de 7 años de edad, estaba en la Parroquia de Aquixtla cuando fue llamado por Espinosa Rubí quien le ofreció un dulce.
Al entrar Abner en un cuarto el diácono cerró la puerta con seguro y usó la fuerza para obligarlo a sentarse sobre sus piernas: "impidiéndole que se levantara, sin embargo, al escuchar que su mamá lo buscaba, decidió soltarlo y lo amenazó diciéndole que si decía algo mataría a su tía, a su mamá y a él".
Ese día, habitantes de Aquixtla estuvieron a punto de linchar a Espinosa Rubí, mas Esperanza medió para que fuera entregado a las autoridades. Cuando el abuso se hizo público el 15 de noviembre de 2021 Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Tulancingo, Hidalgo, lo suspendió del ejercicio de la orden en espera de la sentencia correspondiente.
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El clérigo fue detenido el 27 de octubre de 2021. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres exhibió elementos de prueba y el 3 de noviembre de 2021 la Fiscalía General de Puebla logró que se le vinculara a proceso por violación equiparada.
Sin negar el abuso en contra del menor, Espinosa Rubí dijo en las audiencias que su aprehensión fue ilegal y durante la misma se violaron sus derechos humanos. El juez de control Aarón Hernández Chino le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, pero el 28 de diciembre de 2022, casi un año después del abuso, Espinosa Rubí promovió el juicio de amparo 1411/2022 en contra de la prisión preventiva por considerar que se contravino el derecho humano de legalidad contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El 6 de junio de 2023 Roberto Antonio Domínguez Muñoz, juez Primero de Distrito en Materia Penal, resolvió que las medidas cautelares sí contravinieron "el derecho humano de legalidad contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los diversos 16 y 19 Constitucionales".
Hernández Chino decidió ya no imponer medida cautelar alguna contra Espinosa Rubí: "si el juez de amparo dijo que la fiscalía no aportó datos objetivos para acreditar riesgos procesales, pues me deja en imposibilidad jurídica para imponer medida cautelar", dijo.
Hasta que los fallos de Hernández Chino y Domínguez Muñoz llegaron a la mañanera de del presidente Andrés Manuel López Obrador el Consejo de la Judicatura de Puebla "ordenó el inicio de investigaciones a través del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, a fin de revisar la actuación y desempeño» de Hernández Chino «con independencia del derecho de las partes para agotar los medios de defensa a su alcance, ante las autoridades jurisdiccionales competentes".
Presionado, el 23 de agosto de 2023 Hernández Chino ordenó la reaprehensión de Espinosa Rubí a Paloma Josefa Gómez Garrido, agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con sede en Chignahuapan.
La semana pasada, cuando Esperanza González Martínez pidió la pena máxima para el sacerdote, dijo también que José Chávez, párroco de la iglesia San Juan Evangelista, amenazó con azuzar a la población de Aquixtla para que los lincharan en caso de que volvieran a visitar la localidad.
Datos de la fiscalía indican que en Puebla se han registrado 381 casos de violación equiparada entre enero y noviembre de 2023. El Código Penal de Puebla considera violación equiparada cuando hay cópula con persona privada de razón o de sentido, o que por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistir; cuando hay cópula con persona menor de 12 años de edad; y cuando existe introducción en una persona, por vía anal o vaginal, de cualquier objeto distinto al miembro viril, usando violencia física o moral.